Control militar en la frontera: una medida sin precedentes
Una extensión de tierra federal a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cedida por el presidente Donald Trump al Departamento de Defensa, quedará bajo jurisdicción militar. Esta decisión permitiría a las tropas detener a intrusos, incluidos migrantes irregulares, según fuentes gubernamentales consultadas por The Associated Press.
Implicaciones legales y operativas
La transferencia de este corredor, conocido como Reserva Roosevelt, busca sortear la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas armadas en labores policiales dentro del territorio nacional. Al designar el área como instalación militar, el gobierno justifica la presencia de soldados en funciones de seguridad. No obstante, expertos como Elizabeth Gotein, del Brennan Center for Justice, advierten que la medida podría enfrentar impugnaciones judiciales por considerar que su objetivo real es la vigilancia migratoria.
El plan incluye una fase piloto de 45 días en Nuevo México, donde el Ejército instalará barreras y señalización para restringir el acceso no autorizado. Cualquier persona interceptada en la zona será entregada a autoridades civiles, según funcionarios anónimos.
Datos clave: Actualmente, hay 7.100 soldados en servicio activo y 4.600 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera. La Reserva Roosevelt abarca 18.2 metros de ancho desde Nuevo México hasta California, excluyendo tierras tribales o privadas.
Esta estrategia marca un giro en la política migratoria de Trump, que hasta ahora limitaba al Ejército a tareas de construcción del muro y apoyo logístico. La medida reactiva el debate sobre los límites del poder ejecutivo y el uso de recursos militares en asuntos internos.
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