La Estrategia de Estados Unidos contra el Crimen Organizado Transnacional
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves una medida de gran calado en la política de seguridad del hemisferio occidental: la designación formal de dos poderosas pandillas ecuatorianas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta decisión representa la iniciativa más reciente del gobierno del Presidente Donald Trump para intensificar la presión sobre los cárteles de la droga y las redes criminales que operan en América Latina. El anuncio se realizó en el contexto de una gira del Secretario Rubio por la región, la cual se ha visto marcada por eventos de alta tensión.
La revelación se produjo durante la visita de Rubio a Ecuador, donde se reunió con altos mandos del gobierno de ese país sudamericano. Este viaje diplomático se ha desarrollado bajo la sombra de un reciente ataque militar estadounidense dirigido contra objetivos asociados al Tren de Aragua, una organización criminal que ya había recibido una designación similar. Esta acción armada ha generado una ola de inquietud entre las naciones latinoamericanas, que observan con preocupación la posibilidad de que la administración Trump incremente el uso de la actividad militar directa como herramienta principal para combatir el narcotráfico y la migración irregular.
Los Grupos Designados y las Implicaciones Legales
Las dos estructuras criminales objetivo de esta medida son Los Lobos y Los Choneros. Estas pandillas ecuatorianas son señaladas por las autoridades como las principales responsables del estallido de violencia que ha sacudido al país desde la pandemia de COVID-19. Según explicó el Secretario Rubio, la designación como FTO proporciona al gobierno estadounidense un amplio espectro de “todo tipo de opciones” para colaborar con el gobierno de Ecuador en la desarticulación de estos grupos.
Estas opciones incluyen, de manera destacada, la facultad legal para neutralizarlos mediante acciones directas, así como la capacidad de ejecutar medidas contundentes contra las propiedades y las cuentas bancarias en territorio estadounidense que pertenezcan a miembros de estas organizaciones o a individuos vinculados con ellas. Rubio enfatizó que esta designación también facilitará y agilizará el intercambio de inteligencia entre las agencias de seguridad de ambas naciones, creando un marco de cooperación más sólido y efectivo.
En declaraciones contundentes, Rubio se refirió a los integrantes de estas bandas como “estos animales crueles, estos terroristas”. Durante una conferencia de prensa en Quito, dejó clara la nueva postura de su gobierno: “Esta vez no solo vamos a cazar a los narcotraficantes en las pequeñas lanchas rápidas y decir ‘tratemos de arrestarlos’. No, el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos porque han estado en guerra con nosotros durante 30 años y nadie ha respondido”.
El Contexto Regional y las Reacciones Internacionales
Las reuniones sostenidas por Rubio en Quito tuvieron lugar inmediatamente después de sus conversaciones con líderes mexicanos, encuentros que estuvieron igualmente ensombrecidos por el mencionado ataque militar estadounidense contra presuntos miembros del Tren de Aragua en aguas del sur del Caribe. El gobierno de Trump sostiene que el objetivo era un barco venezolano utilizado para el tráfico de estupefacientes y tripulado por integrantes de esta organización. Las autoridades norteamericanas afirmaron que la carga de la embarcación estaba destinada a los Estados Unidos y reportaron la muerte de once personas en la operación.
Un punto que ha generado escepticismo es que los funcionarios estadounidenses no han proporcionado una explicación detallada sobre la metodología utilizada para determinar que los individuos a bordo pertenecían específicamente al Tren de Aragua. Rubio defendió la acción ejecutada y se abstuvo de ofrecer una justificación exhaustiva, limitándose a argumentar que la embarcación representaba una “amenaza inmediata” para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que, por lo tanto, el Presidente Trump optó por “volarlo” en lugar de seguir el protocolo estándar de interceptación, abordaje, arresto de la tripulación y incautación de la carga ilícita.
Este episodio ha recibido una reacción mixta por parte de los líderes latinoamericanos, en una región donde la memoria histórica de la intervención militar y la diplomacia de cañonero de los Estados Unidos permanece muy viva. Muchos gobiernos, incluyendo el de México, han sido cautelosos en sus declaraciones, evitando una condena abierta pero enfatizando con firmeza la importancia de respetar la soberanía nacional y advirtiendo que una mayor participación militar estadounidense podría tener efectos contraproducentes para la estabilidad regional.
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Ramón de la Fuente, quien se dirigió a la prensa junto a Rubio, reiteró la preferencia de su país por los principios de no intervención y la solución pacífica de los conflictos. Por su parte, Rubio argumentó que las acciones de Estados Unidos están dirigidas predominantemente hacia Venezuela y no hacia naciones aliadas como México, citando la conflictiva relación bilateral con el gobierno caribeño. “No hay necesidad de hacer eso en muchos casos con gobiernos amigos, porque los gobiernos amigos nos van a ayudar”, afirmó Rubio. “Pueden hacerlo ellos mismos, y nosotros les ayudaremos a hacerlo”.
Ecuador: Epicentro de una Crisis de Seguridad
Ecuador se encuentra inmerso en una profunda crisis de seguridad vinculada al tráfico de narcóticos. Además, la administración Trump ha considerado al país como un posible destino para la deportación de migrantes no ecuatorianos desde los Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han expresado su interés en alcanzar un acuerdo con Ecuador para que acepte a estos deportados, aunque el estado actual de estas negociaciones no es del todo claro.
El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, agradeció públicamente a Rubio los esfuerzos de los Estados Unidos para “eliminar realmente cualquier amenaza terrorista“. Previamente a su encuentro, Rubio había declarado en redes sociales que Estados Unidos y Ecuador están “alineados como socios clave para poner fin a la inmigración ilegal y combatir el crimen transnacional y el terrorismo”.
El más reciente Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU indica que varios países sudamericanos, incluidos Colombia, Ecuador y Perú, reportaron un incremento en las incautaciones de cocaína en 2022 en comparación con 2021. Sin embargo, el documento no atribuye a Venezuela el papel desproporcionado que la Casa Blanca le ha asignado en los últimos meses. El informe sí destaca que “el impacto del aumento del tráfico de cocaína se ha percibido particularmente en Ecuador, que ha visto una ola de violencia letal en los últimos años vinculada a grupos criminales locales y transnacionales, especialmente de México y de los países balcánicos”.
La espiral de violencia en Ecuador se disparó tras la pandemia de COVID-19, periodo en el que los narcotraficantes expandieron sus operaciones en el país. Una de las estrategias clave ha sido el aprovechamiento de la potente industria bananera nacional. Siendo el mayor exportador de bananas del mundo, los traficantes han encontrado en los contenedores marítimos repletos de fruta el vehículo ideal para el contrabando de grandes cargamentos de droga.
Además, los cárteles de México, Colombia y los Balcanes han establecido operaciones en Ecuador debido a factores estructurales como la dolarización de su economía, la presencia de leyes e instituciones frágiles, y la existencia de una red de pandillas despiadadas y bien establecidas, como Los Choneros y Los Lobos, que están ávidas de establecer alianzas criminales.
El modus operandi de Los Choneros, Los Lobos y grupos afines abarca una gama de actividades ilícitas que incluyen asesinatos por encargo, sofisticadas operaciones de extorsión y el movimiento y venta de drogas a gran escala. Las autoridades les atribuyen la violencia sin precedentes que vive el país, resultado de su brutal lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas hacia el Océano Pacífico y el dominio territorial, incluso dentro del sistema penitenciario, donde cientos de reclusos han perdido la vida en masacres desde 2021.
La prominencia de Ecuador en el comercio global de cocaína también se ha visto acelerada por los cambios políticos ocurridos en Colombia durante la última década. Los cultivos de coca en Colombia se han desplazado progresivamente hacia zonas más cercanas a la frontera con Ecuador, un fenómeno asociado a la desintegración de grupos criminales tras la desmovilización en 2016 de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Un hito significativo en este conflicto fue la extradición a Estados Unidos en julio del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Macías, quien se había fugado de una prisión ecuatoriana el año pasado y fue recapturado en junio, enfrenta cargos en una corte federal de la ciudad de Nueva York por allegedly importar miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Su caso ejemplifica la intensificación de la cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad.
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