La Fiscalía anuncia el hallazgo más trágico

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí confirmó lo que muchos temían. Los empresarios Oscar Osvaldo Luna Silva y Pablo Ortega Venegas, desaparecidos desde el 7 de febrero, fueron encontrados sin vida.

Ambos eran originarios del municipio de Villa de Reyes. La dependencia gubernamental, que había emitido las fichas de búsqueda, informó que los localizaron en Pinos, Zacatecas.

“A partir de las denuncias de desaparición, comenzó los protocolos de búsqueda”, señaló la Fiscalía. Agregó que “lleva a cabo las indagatorias con el fin de esclarecer este hecho”.

Un detalle que no es casualidad

Aquí hay un dato que la versión oficial suelta casi como al descuido. Pablo Ortega se habría sumado a Movimiento Ciudadano (MC). Y habría dado a conocer su intención de contender por la alcaldía de Villa de Reyes.

Un empresario con aspiraciones políticas desaparece y aparece muerto. ¿Suena familiar? A mí también. Los protocolos se activan cuando ya es demasiado tarde. Las indagatorias comienzan cuando las pruebas se enfrían.

La memoria es corta, pero los patrones son tercos. Mientras la FGE ‘esclarece’, las familias entierran a los suyos. Y la maquinaria política sigue girando, indiferente al costo humano.

¿Baja del 42% en homicidios? Las cifras que preocupan detrás del titular

La presidenta Claudia Sheinbaum salió a presumir números. Desde septiembre de 2024 hasta enero pasado, dice, los homicidios dolosos bajaron un 42%. “Hay 36 homicidios diarios menos”, destacó. Suena bien, ¿no? Es el tipo de titular que cualquier gobierno quiere.

Marcela Figueroa Franco, del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo confirmó en la mañanera. Habló de una “tendencia sostenida a la baja”. También mencionó que la extorsión cayó un 38%. Y otros delitos de alto impacto, como el robo de vehículos con violencia, se redujeron un 39%.

El diablo, como siempre, está en los detalles

Pero vamos a desmenuzar esto. Primero, el periodo. Comparan desde septiembre de 2024. Es decir, toman como punto de partida el mes más violento del año pasado para medir la mejora. Conveniente.

Segundo, la concentración. Siete estados acumulan más de la mitad de todos los asesinatos del país: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero. Que siete entidades concentren el 50.6% del problema no es precisamente una victoria nacional distribuida.

“Se trata de una disminución del 65% en el promedio diario de homicidios”, refirió Figueroa Franco sobre Guanajuato.

Es cierto que algunos estados como Zacatecas o San Luis Potosí muestran caídas espectaculares (de más del 80%). Pero cuando el núcleo duro del problema sigue siendo el mismo, uno se pregunta si no estamos solo redistribuyendo las cifras o aplazando el problema.

Sheinbaum atribuyó la mejora a una Guardia Nacional “consolidada”, más inteligencia y mejor coordinación. Lo de siempre.

“Obviamente se ha reforzado la atención a las causas”, expresó.

Esa frase es un clásico. Suena bien, pero es intangible. ¿Cuáles causas? ¿Cómo? Los datos duros sobre inversión social o prevención brillan por su ausencia en este anuncio triunfalista.

Celebrar una tendencia a la baja está bien. Pero con estos antecedentes y esta geografía del crimen, el escepticismo no es solo periodístico; es de sentido común. Que los números bajen desde un pico histórico no es lo mismo que haber solucionado el problema.

El nuevo frente en la guerra contra el narco: armas que cruzan la frontera

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo que muchos sospechábamos. Su gobierno está revisando el polémico reporte del The New York Times sobre municiones calibre .50 -de fabricación y uso exclusivo militar estadounidense- que terminan en manos de los cárteles mexicanos.

“Estamos revisando este reporte… para poder hablar con el Gobierno de los Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas están entrando a México”, declaró Sheinbaum.

El diario neoyorquino destapó el sábado una tubería industrial que duele. La Planta de Municiones del Ejército en Lake City, Missouri -una instalación clave del Departamento de Guerra- produce estos proyectiles diseñados para destruir vehículos y aeronaves. Según el reporte, ahora están a la venta para civiles en todo Estados Unidos.

El problema es claro: lo que se vende legalmente al norte de la frontera, termina ilegalmente al sur. En manos de organizaciones que las usan para aterrorizar comunidades, desafiar al Estado y alimentar una violencia que ya nos cuesta miles de vidas cada año.

Sheinbaum promete llevar este tema directamente a la mesa con Donald Trump. No es poca cosa. Hablamos de municiones del tamaño de un puro con poder destructivo masivo. El mensaje es contundente: México exige responsabilidad en una cadena de suministro que está armando hasta los dientes a sus peores enemigos.

Mientras tanto, en las calles, estas armas cambian el balance de poder. Cada cartucho calibre .50 que cruza la frontera no es solo un producto ilegal: es una declaración de guerra contra la seguridad nacional mexicana. Y esta vez, el origen tiene nombre y apellido institucional.