Sheinbaum refuerza seguridad y vivienda en Cuautla

Amenazas contra corresponsal

Tras el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola, fue intimidado mediante redes sociales. Le advirtieron que sería el siguiente.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la ONU exigieron investigar las amenazas y otorgar garantías de seguridad. La Fiscalía de Oaxaca desplegó dos agentes para su resguardo, y la policía estatal realiza rondines cerca de su domicilio.

“Yo no me enteré hasta que me hablaron de Reporteros Sin Fronteras y después de la ONU, pero no le hice mucho caso (…). Mejor bajo perfil”, declaró Matías.

El periodista explicó que evitó difundir las amenazas para no desviar la atención del caso de Leyva. No obstante, colegas le recomendaron no minimizar el riesgo, en un contexto de agresiones crecientes contra la prensa.

Dos años atrás, sujetos lanzaron bombas molotov con clavos a su vivienda, sin causar lesiones. Ese ataque lo obligó a salir del país por seis meses. Dieciséis años antes fue plagiado y torturado.

“No estoy con miedo. Soy creyente. Tengo una misión en esta vida y será hasta que Dios lo decida”, afirmó.

Matías presentó denuncia por amenazas ante la Fiscalía estatal. Se inició su incorporación al mecanismo de protección federal.

“Si nos callamos, habrán logrado su propósito. Como reconocimiento a Alejandro Leyva, seguiré en la misma línea crítica”, sostuvo.

Protesta en la Guelaguetza

Familiares y amigos de Alejandro Leyva protestaron durante el desfile de delegaciones de la Guelaguetza. Con lonas, pancartas sobre el techo de una casa y vestidos de negro, exigieron justicia.

“Somos familia de Alejandro y pedimos justicia para mi tío. Sabemos la situación del país. No es solo Oaxaca, es todo el país. Por favor, únanse a nuestra causa”, expresaron los manifestantes.

Nueva etapa para la ganadería nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la frontera de Estados Unidos reabrirá de forma gradual a finales de agosto para la exportación de ganado mexicano. La medida representa un alivio económico para el país y para miles de familias dedicadas a la actividad pecuaria.

Ambas naciones sufrieron pérdidas durante el cierre, ocasionado por la presencia del gusano barrenador. Sheinbaum reconoció que el trabajo coordinado entre gobiernos y productores durante más de un año permitió contener la plaga.

“Ustedes sabe que hemos venido trabajando con el tema, tanto con todas las organizaciones ganaderas, como con los gobernadores y gobernadoras, para contener el gusano barrenador”, señaló la mandataria desde Cuautla, Morelos.

Como parte de la estrategia, ya opera en Chiapas una planta para producir moscas estériles. Además, la Cofepris analiza una nueva cepa que haría más eficiente el proceso.

Sheinbaum detalló que el esfuerzo se realiza en conjunto con los gobiernos de México, Estados Unidos y Panamá. Esa articulación generó las condiciones para que la autoridad estadounidense autorizara la apertura de la frontera.

Propuesta de ley vecinal

Vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, anunciaron que impulsarán una iniciativa de ley para reforzar la protección de los propietarios. La propuesta se inspira en el caso de doña Carlota, quien en Chalco, Estado de México, utilizó un arma para defender su vivienda y provocó el fallecimiento de dos personas.

Tras levantar un plantón de cuatro días en el cruce de Matías Romero y avenida Coyoacán, donde denunciaron presuntos despojos, los vecinos lograron una mesa de trabajo. La reunión será el próximo miércoles en el Búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) con la fiscal Bertha Alcalde Luján y el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Alicia Camp, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) Del Valle Centro, afirmó que presentarán expedientes de vecinos afectados en toda la capital.

“Esto no es un caso único y aislado como quiere hacer creer la fiscalía; es un hecho recurrente, no sólo en Benito Juárez, sino en toda la Ciudad”, declaró.

Camp convocó a quienes tengan carpetas de investigación por invasión o despojo a sumarse a la mesa para evidenciar la magnitud del problema. Advirtió que, si no hay avances concretos, la siguiente protesta cerrará el cruce de Insurgentes Sur y Eje 6 Sur.

“Quiero creer en la palabra de la gente que nos gobierna, pero si esto no se arregla de manera satisfactoria, volveremos a salir a manifestarnos”, sostuvo.

Sobre la iniciativa, Camp explicó que buscan evitar situaciones extremas para recuperar inmuebles y fortalecer los mecanismos legales. La reforma contemplaría al Registro Público de la Propiedad y notarías para dificultar operaciones fraudulentas.

En junio de 2025, el Congreso del Estado de México endureció las penas por despojo: de cinco a 10 años de prisión, y hasta 25 años y seis meses si participan servidores públicos o notarios. La ley considera agravantes como violencia física, ruptura de cerraduras, o cuando la víctima es mayor de 70 años, menor de edad, mujer embarazada, con discapacidad o perteneciente a una comunidad indígena.