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Nuevos controles del INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una propuesta de fiscalización para el proceso 2026-2027. Busca establecer mayores controles sobre los partidos políticos que ya iniciaron procesos internos para definir candidaturas.

La medida apunta a regular actividades de aspirantes que, aunque se presentan como ejercicios internos, podrían constituir actos anticipados de campaña. El organismo electoral exige más transparencia sobre los recursos usados en reuniones, asambleas y eventos de promoción.

Hasta ahora, la única restricción vigente para quienes buscan una candidatura es evitar llamados directos al voto a su favor, según resoluciones de la Sala Superior del TEPJF de 2023. Pero el INE considera necesario ampliar la vigilancia ante el inicio anticipado de actividades partidistas rumbo a los comicios de 2027, donde se renovarán diversos cargos.

Obligaciones y sanciones

La propuesta establece que los aspirantes deberán informar al instituto el origen y destino de los recursos utilizados durante actividades internas. El objetivo es evitar financiamientos irregulares o ventajas indebidas.

Quienes incumplan podrían enfrentar sanciones e incluso perder el derecho a participar como candidatos, si se comprueba que usaron recursos sin reportarlos. Con estas medidas, el INE busca garantizar condiciones de equidad entre los partidos y fortalecer la transparencia antes del inicio formal de las campañas.

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una red de huachicol desde la Marina, impugnó la decisión judicial que le negó el amparo. Su defensa presentó un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal.

El tribunal definirá si admite o desecha el recurso. En caso de admitirlo, revisará la sentencia del juez Jorge Adrián Cruz Flores, quien el 22 de junio pasado negó la protección federal. Si lo ratifica, el Vicealmirante seguirá recluido en el penal del Altiplano.

Farías Laguna solicitó el amparo en octubre de 2025, luego de que el juez Mario Martínez Elizondo lo vinculara a proceso por delincuencia organizada y tráfico de combustible. La FGR lo acusa de encabezar una organización que operaba el desembarque de al menos 31 buques con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

Detalles de la acusación

De acuerdo con la Fiscalía, un grupo de marinos y funcionarios aduanales, encabezados por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, habrían coordinado el ingreso de combustible robado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La red operaba con complicidad dentro de la misma institución.

La resolución del Tribunal Colegiado será clave para el futuro legal del acusado. El caso evidencia los desafíos en el combate al huachicol cuando involucra a altos mandos de la Marina.

Ingreso al penal de Atlacholoaya

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue ingresado al Centro de Observación y Clasificación del penal de Atlacholoaya tras su detención en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Se le acusa de violencia familiar y vicaria, por agredir a su esposa en presencia de su hija menor.

Durante su primera mañana en el área de protección para funcionarios, mostró inconformidad porque no le llevaron fruta. La regla del penal es que la fruta se sirve solo a quienes llevan dieta por enfermedad. Posteriormente le entregaron trozos de melón, y otros privados de la libertad señalaron que probablemente pagó por ese beneficio, práctica común en esa zona.

Rodríguez ocupa una celda individual, viste uniforme beige y tenis lisos. Hasta ahora no ha recibido visitas de familiares o amigos. Tampoco tuvo acompañantes en la audiencia de formulación de imputación del miércoles pasado. La juez Consuelo Adriana Carrera Ortiz preguntó en dos ocasiones si había algún familiar presente, sin obtener respuesta.

En esa misma audiencia, el exfuncionario informó que está en tratamiento por un tumor maligno en la próstata. La juez ordenó atención médica inmediata.

“Voy a ordenar enviar el oficio correspondiente al director del Centro de Reinserción Social para que de manera inmediata le brinden la atención médica y me deberán informar en el término de 24 horas”, dijo la juez.

Rodríguez intentó detallar su medicación, pero la juez lo interrumpió: “No puedo ordenar en este oficio que le suministren estos medicamentos, porque yo no soy médico; sin embargo, un médico determinará si es pertinente que usted pueda tomar estos medicamentos”. En el penal se han registrado quejas por falta de medicamentos.