Un fallo que cambia las reglas del juego familiar

La Suprema Corte acaba de dar un golpe de autoridad. Ya no importa si hubo anillo o papel oficial. Si viviste en concubinato y tu pareja fallece, ahora tienes derecho a pedir una pensión compensatoria. El objetivo es claro: evitar que quedes en la calle por un tecnicismo legal.

“Negar este derecho resulta injusto y discriminatorio”, sentenció el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf que aprobó el Pleno.

Aquí está lo revolucionario. La Corte tumbó una parte del Código Civil de Nuevo León que decía que la pensión se acababa con la muerte de quien debía pagarla. Para los magistrados, esa regla era pura discriminación.

La historia detrás del fallo

Todo empezó con un caso concreto. Un hombre que se dedicó al hogar durante su relación de unión libre. Cuando su pareja murió, él pidió la pensión compensatoria. En cortes anteriores se la negaron, argumentando que la relación había terminado con el fallecimiento.

Pero la SCJN vio más allá. Para ellos, la pensión no es herencia. Es un resarcimiento, una ayuda para quien no generó ingresos propios durante la convivencia. El mensaje es potente: los derechos del concubinato sobreviven a la muerte.

Con esta decisión, el máximo tribunal refuerza la protección a las familias que se forman fuera del matrimonio. Ya no son ciudadanos de segunda categoría. El Estado reconoce, por fin, que el compromiso real va más allá de un contrato civil.

Es teatro judicial en su mejor momento: un fallo que corrige una injusticia histórica y pone a las personas por encima de los formalismos.

La negativa oficial que huele a manual

La Secretaría de Relaciones Exteriores salió al quite. Con ese tono plano que usan cuando quieren cerrar un tema, negaron rotundamente que los consulados mexicanos en Estados Unidos estén metidos en actividades de carácter político. Lo dicen tras unas versiones que empezaron a circular como pólvora en redes y algunos medios.

“Las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos”,

Suena contundente, ¿no? El comunicado, firmado por la cancillería que lidera Juan Ramón de la Fuente, se escuda en el principio sagrado de la no intervención. Dicen que su política exterior se basa en respetar la soberanía y los procesos legales de cada país. Nada nuevo bajo el sol.

La defensa: solo asistencia, cero política

Insisten hasta el cansancio. Aseguran que cualquier rumor sobre querer influir en procesos políticos internos de Estados Unidos es “absolutamente falso”. En su versión, todo se reduce a coordinación con autoridades locales y federales gringas, siempre respetando sus leyes.

Su narrativa es clara: los consulados son máquinas de ayuda, no de agitación. Expedir documentos, visitar a detenidos, repatriar restos. El trabajo gris y necesario.

“El trabajo consular de México trasciende administraciones y no responde a motivaciones políticas, sino a la búsqueda de la protección de mexicanas y mexicanos”,

La SRE cerró con un rechazo total a cualquier duda sobre la “institucionalidad” del trabajo consular. La línea está trazada: aquí no ha pasado nada fuera del guion. Pero uno se queda pensando… ¿por qué tanta insistencia en negar algo que, según ellos, ni siquiera está ocurriendo?

La versión oficial se descarrila

La bancada del PRI en el Senado no se traga el cuento. Para ellos, el accidente del Tren Interoceánico no fue culpa de un solo operador. Fue el resultado final de fallas graves en el diseño y la construcción, documentadas hace tiempo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y sin embargo, la Fiscalía General (FGR) encontró en el conductor su ‘chivo expiatorio’ perfecto.

¿La prueba? Las observaciones técnicas que nadie quiso arreglar.

“Cuando se descarrile [el tren], ya será otro asunto”,

advirtió la senadora Carolina Viggiano, citando advertencias previas. Para ella, echarle la culpa al conductor es solo un intento de lavarse las manos y proteger a los verdaderos responsables, a quienes llamó sin tapujos ‘amigos de los hijos de AMLO’.

Un tren construido con irregularidades

La lista de problemas es técnica y concreta. La senadora Claudia Anaya detalló lo que encontró la ASF: vías de un calibre distinto al que necesita el tren, durmientes incompatibles con el balasto instalado y hasta pagos por obras que nunca se ejecutaron.

Viggiano fue más allá:

“Todas las obras de infraestructura de este gobierno tienen observaciones, sobreprecios y ninguna funciona”.

El patrón, según las legisladoras, es claro: opacidad, falta de supervisión real y una politización que contamina hasta las decisiones técnicas. Lo peor es que ya vimos esta película.

Ambas piden un peritaje externo e independiente, como el que se hizo tras el desplome de la Línea 12 del Metro. Pero ahí está el problema:

“Ya no tenemos una Fiscalía independiente y todo el poder está en manos de un solo grupo político”,

denunció Anaya.

Mientras tanto, la diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Una propuesta progresiva que busca mejorar la vida de los trabajadores, demostrando que hay temas donde sí se puede legislar pensando en la gente.

Pero hoy, el foco está en ese tren descarrilado. Y en la pregunta incómoda: ¿Están castigando al mensajero para no escuchar el mensaje?