La promesa incómoda: buscar con vida cuando el tiempo es el peor enemigo
Félix Arturo Medina Padilla, el subsecretario de Derechos Humanos, lo dijo con una convicción que pretende calmar décadas de dolor: el gobierno sí busca con vida a las personas desaparecidas hace años. Los llamados casos de larga data. No son solo expedientes archivados.
“Hay acciones de búsqueda en campo, pero es muy importante decir que es una demanda histórica buscar en vida y también una convicción del gobierno de México”, afirmó durante la conferencia matutina.
Su declaración es un guión repetido ante familias que han convertido la esperanza en una forma de resistencia. La mayoría de estos casos, reconoció, vienen de la época más oscura: la llamada Guerra Sucia. Colectivos que no se rinden y una Segob que dice trabajar “de manera permanente”.
Herramientas nuevas para heridas viejas
El discurso oficial ahora se apoya en tres pilares tecnológicos creados por una reforma legal: la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad (PUI) y la CURP Biométrica.
La idea suena a película de ciencia ficción policiaca: cruzar datos masivos para encontrar un rastro. Un boleto de autobús comprado. Una transacción administrativa. Cualquier señal de vida en el ruido digital.
“A través de la cual el Registro Nacional de Población… permite que se crucen datos de las personas que han sido reportadas como desaparecidas y saber primero si han tenido alguna actividad administrativa”, explicó Medina Padilla.
A partir de julio del año que viene, el mecanismo se activará completo. Datos obligatorios, carpetas de investigación que deben abrirse sí o sí, y alertas que saltarán a terminales, aeropuertos y hasta empresas telefónicas. Una red que pretende ser infranqueable para la indiferencia.
Y aquí viene el giro dramático: la reforma contempla sanciones administrativas para los servidores públicos que no activen los protocolos. No seguir el guión ahora tendrá consecuencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara hoy:
“Ahora ya no se puede hacer eso… estamos obligando a las fiscalías a abrir carpetas de investigación a partir de la ley”.
Es el intento por cambiar un final escrito hace años. La pregunta que queda flotando, amarga como el café del día siguiente, es si la tecnología y los nuevos procedimientos pueden realmente revertir el paso del tiempo y la burocracia. El teatro político monta un nuevo escenario. Las familias esperan que esta vez, el acto final sea diferente.
