Una reforma que llega con retraso
Olga Sosa Ruíz, senadora por Tamaulipas, quiere meterle bisturí a la Ley de Seguridad Nacional. Su objetivo: que el Estado mexicano pueda nombrar y enfrentar legalmente lo que todos ya ven. Las llamadas “Amenazas Tecnológicas Emergentes”.
Traducción: drones cargados de explosivos que grupos criminales usan como si fueran juguetes de guerra.
“La seguridad nacional no es una categoría estática, es una función viva del Estado que debe adaptarse a los riesgos que emergen de los cambios científicos y tecnológicos”, argumentó la legisladora morenista.
Y tiene un punto. Los números son brutales. Según datos públicos de la Sedena, los ataques con estos aparatos pasaron de 5 casos en 2020 a más de 260 solo en la primera mitad de 2023. Más de 600 incidentes acumulados.
El vacío legal es evidente. La ley actual no contempla con precisión el uso de estas herramientas por actores no estatales. La reforma no crea nuevos delitos, pero busca darle un marco claro a las autoridades para prevenir, detectar y neutralizar estas amenazas.
Será considerado amenaza a la seguridad nacional el uso de tecnologías autónomas o controladas remotamente —drones incluidos— cuando busquen generar violencia grave, sabotaje o afectar instituciones del Estado.
La otra cara: techos y muros verdes
En la misma sesión, y casi como contrapunto al tema bélico, Sosa Ruíz presentó otra propuesta. Un punto de acuerdo para crear un Programa Federal de Muros, Techos y Espacios Verdes Urbanos.
La idea es obligar a varias secretarías y gobiernos locales a diseñar e implementar esta infraestructura verde, sobre todo en municipios muy poblados y contaminados. Habla de subsidios fiscales y participación público-privada.
Dos iniciativas bajo el mismo nombre. Una para enfrentar la violencia que baja del cielo con tecnología letal. Otra para intentar mejorar el aire que respiramos desde el suelo hacia arriba. Dos caras de una misma moneda llamada supervivencia.
