Modificaciones al T-MEC requieren aval del Congreso estadounidense

Especialistas del Comce advierten que cambios profundos al T-MEC requieren aval del Congreso de EE.UU.

Las posibles modificaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no podrían implicar cambios sustantivos sin la autorización del Congreso estadounidense. Así lo señalaron especialistas del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Implicaciones de los cambios

Kenneth Smith Ramos, presidente del Comité Técnico Bilateral México-Estados Unidos del Comce, indicó que las propuestas de la Casa Blanca sobre reglas de origen y otros capítulos del tratado podrían enfrentar resistencia entre legisladores demócratas. Por ello, pidió no adelantar concesiones durante la negociación hasta contar con garantías sobre la reducción de aranceles.

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El especialista destacó que el T-MEC sigue vigente y representa certeza para las empresas de la región. Consideró necesario que los sectores económicos estadounidenses expresen su rechazo a cualquier medida que afecte de manera estructural el acuerdo.

Acciones del Comce

Smith Ramos afirmó que, aunque Estados Unidos mantiene presión mediante amenazas comerciales, las posibilidades de que abandone el tratado son prácticamente nulas. No obstante, reconoció que las revisiones anuales generan incertidumbre para inversionistas y empresas que dependen de reglas estables.

Representantes del Comce señalaron que la continuidad del T-MEC hasta 2036 debe verse como un aspecto positivo. Advirtieron que México y Canadá comparten la dependencia del mercado estadounidense, por lo que será necesario fortalecer la relación comercial y mantener una estrategia de negociación que proteja la integración económica de Norteamérica.

Las revisiones anuales del T-MEC generan incertidumbre, pero la vigencia extendida hasta 2036 ofrece un horizonte de estabilidad si se maneja con un enfoque estratégico.

México presenta denuncias penales contra EU por muertes de migrantes

La SRE anuncia acciones legales penales y civiles por connacionales fallecidos bajo custodia migratoria.

El gobierno de México endurece su postura ante Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instruyó a la Fiscalía General de la República a presentar denuncias penales contra los responsables de la muerte de mexicanos durante operativos migratorios y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, promoverá acciones civiles contra empresas que administran centros de detención.

Las acciones legales de México

El canciller Roberto Velasco explicó que las denuncias se dirigirán ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo es que se realicen investigaciones penales por los fallecimientos que México considera aún no esclarecidos. Esta decisión marca un giro en la estrategia mexicana, que antes privilegiaba las gestiones diplomáticas.

La administración de Claudia Sheinbaum había enviado 11 cartas de protesta diplomática. En ellas solicitaba investigaciones sobre 17 mexicanos fallecidos: 14 en centros de detención migratoria y tres durante operativos de captura. Sin obtener respuestas consideradas satisfactorias, México elevó el reclamo a instancias judiciales.

Uno de los casos emblemáticos es el de Lorenzo Salgado Araujo. Falleció tras recibir disparos de agentes del ICE durante un operativo en Houston, Texas. Las autoridades estadounidenses señalaron que el hombre intentó embestir a los agentes con su vehículo. Su familia y el gobierno mexicano cuestionaron esa versión y pidieron una investigación independiente.

México también demandará a empresas privadas que operan centros de detención migratoria. Señala presuntas irregularidades en condiciones de alojamiento y atención médica. El centro de Adelanto, California, es uno de los principales señalados. Allí han fallecido varios mexicanos y se han presentado denuncias por deficiencias en servicios básicos.

Paralelamente, la SRE solicitará intervención de organismos internacionales. Recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigiendo mejores condiciones y garantías para los migrantes.

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Personas trans exigen diálogo tras cancelación de reunión en Segob

Colectivos trans denuncian cancelación de reunión en Segob y realizan pintas en Reforma.

Protesta en Segob

Personas trans y no binarias se manifestaron este jueves afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. Denunciaron la cancelación de una reunión donde abordarían demandas de salud, vivienda, educación y derechos humanos. Durante la movilización, realizaron pintas y causaron daños en mobiliario urbano, prendieron fuego a objetos y rompieron semáforos peatonales frente al Senado.

Elementos de la Guardia Nacional intentaron dispersar a los manifestantes con extintores y una manguera con agua. Según los participantes, el agua también mojó a periodistas que cubrían los hechos. Los colectivos avanzaron hacia Paseo de la Reforma e Insurgentes, donde dañaron anuncios publicitarios y cristales, así como la Torre Bienestar.

Los manifestantes exigen que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, firme una minuta para fijar una nueva fecha de reunión. Aseguran que con eso levantarían el plantón y retomarían el diálogo.

Esta protesta se suma a otras acciones recientes, como la ocupación de un salón de la Segob en junio y bloqueos viales. Hasta ahora, la Segob y su titular, Rosa Icela Rodríguez, no han emitido una postura sobre la presunta cancelación.

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Litigios migratorios tensan la relación México-EE.UU.

Especialistas advierten que denuncias contra centros de detención podrían generar consecuencias para connacionales.

Implicaciones de los litigios migratorios

El inicio de acciones legales y civiles contra centros de detención de migrantes en Estados Unidos podría tensar la relación bilateral. Especialistas advierten que estas denuncias tienen pocas probabilidades de éxito y podrían desencadenar medidas adversas contra connacionales.

La internacionalista Arlene Ramírez Uresti señaló que recurrir al Departamento de Justicia o presentar querellas civiles enfrenta un escenario político y jurídico desfavorable. Como alternativa, propuso acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, reconoció que México tiene pendientes en la atención a migrantes y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Promover litigios en un contexto político restrictivo hacia la migración podría resultar contraproducente. Ramírez Uresti afirmó que la confrontación con el gobierno estadounidense limitaría la capacidad de negociación y provocaría consecuencias para los mexicanos en ese país.

El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez Rivera, coincidió en que la estrategia jurídica carece de elementos técnicos sólidos. Advirtió que, ante un gobierno como el de Donald Trump, estas acciones podrían fortalecer argumentos para adoptar medidas contra México.

Ambos expertos coinciden en que el camino legal actual ofrece pocas garantías. La relación bilateral enfrenta así un nuevo frente de tensión en materia migratoria.

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