La fiesta que arranca con un golpe bajo

La costa de Mazatlán no huele a sal y fiesta. Huele a miedo. A una semana del inicio de su Carnaval Internacional, cuatro turistas de Ciudad de México fueron privados de su libertad. Un celular y una cuatrimoto abandonados son las únicas pistas.

La versión oficial habla de “privación de la libertad”. Yo leo: secuestro. Y justo cuando la ciudad se prepara para recibir más de un millón de personas.

El despliegue que llega tarde

Como siempre, la respuesta es militar. El gobierno federal envió 1,600 militares a Mazatlán y Culiacán. Activaron un operativo especial con unos 3,000 agentes. La pregunta que nadie hace: ¿por qué solo después del hecho?

“La celebración mantiene viva la historia y cultura del puerto”, dijo Nathalie Desplas, subsecretaria de Turismo.

Bonitas palabras. Pero la historia reciente de Sinaloa se escribe con otras letras: las de la violencia.

Dos diputados atacados en Culiacán. Diez mineros desaparecidos en Concordia. Las autoridades lo vinculan a ‘Los Chapitos’, la facción del Cártel de Sinaloa. El patrón es claro, pero la prevención brilla por su ausencia.

De los seis secuestrados en Cerritos, solo localizaron a la mujer y la niña en El Habal. Cuatro hombres siguen en paradero desconocido. Mientras, la maquinaria turística no se detiene: esperan 92,000 visitantes y una derrama económica millonaria.

El mensaje es contradictorio: vengan a gastar, pero cuidado con dónde pisan. Se despliegan fuerzas especiales para “garantizar la seguridad”. Suena más a parche que a solución.

La memoria es corta. ¿Quién recuerda los operativos fallidos anteriores? La amnesia colectiva es el mejor aliado del ciclo sin fin: violencia, despliegue mediático, promesas… y vuelta a empezar.

El Carnaval seguirá. La música sonará fuerte para ahogar otro tipo de ruidos. Pero el sabor amargo ya llegó, una semana antes de que empiece la fiesta.

Un drama de peluquería en el corazón del poder

La noticia parece un sketch absurdo, pero es real. Este martes, un salón de belleza dentro del Senado abrió sus puertas para ofrecer servicios a legisladores. Horas después, personal de resguardo colocó sellos de clausura sin dar explicaciones. El episodio fugaz bastó para encender las redes sociales y reabrir la eterna discusión sobre la austeridad.

¿Qué clase de teatro es este? El espacio, según Proceso, operaba de 7:00 a 14:00 horas durante las Sesiones Plenarias. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, salió a defenderlo con un argumento que muchos encontraron débil.

“Es un espacio adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal”, dijo Castillo. “Existe en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado también”.

Pero la justificación oficial se estrelló contra la indignación pública. La reacción fue inmediata y contundente. Ricardo Salinas Pliego recordó los tiempos de austeridad del gobierno anterior, cuestionando los lujos legislativos. El influencer Chumel Torres fue más directo:

“Hacen todo menos legislar, obvio pagado con nuestra lana”, escribió. “Sean gente de bien”.

Aquí está el meollo del asunto: no se trata solo de un salón. Es el símbolo perfecto de una desconexión que duele. Mientras ciudadanos comunes enfrentan problemas reales, algunos legisladores parecen ocupados en su apariencia física dentro del recinto donde deberían resolver los problemas del país.

El verdadero problema no son los cortes de cabello. Es la percepción –justificada o no– de que las prioridades están invertidas. ¿Es este el mejor uso de los recursos públicos? ¿Qué mensaje envía a una ciudadanía que paga impuestos con esfuerzo?

La clausura express solo añadió misterio al drama. ¿Fue una medida por presión social? ¿Un error logístico? Nadie lo ha explicado. Lo único claro es que este episodio dejó al descubierto una herida que nunca cicatriza: la desconfianza entre gobernantes y gobernados.

Al final del día, los sellos están puestos pero la polémica sigue abierta. Y mientras tanto, la gente se pregunta cuándo verá resultados concretos en lugar de espectáculos políticos disfrazados de servicios institucionales.

El telón de la violencia se cierra sobre las minas

La escena es desgarradora y se repite como un mal guión. A casi dos semanas del secuestro de 10 ingenieros y técnicos de la minera Vizla Silver en Concordia, Sinaloa, el clamor del sector es uno solo: esto ya no puede seguir así.

La Cámara de Comercio de Canadá en México y una coalición de organismos mineros alzaron la voz con una preocupación que traspasa lo diplomático. Lo dijeron claro: estos hechos “no son aislados”. La violencia se ha convertido en un riesgo permanente que ensombrece campamentos, comunidades y proyectos.

“La minería formal rechaza cualquier vínculo con la delincuencia organizada”,

subrayaron en un comunicado contundente. El mensaje no podía ser más directo. No son parte del problema; son víctimas del mismo monstruo que amenaza a periodistas, contratistas y habitantes. Exigen operar con dignidad, pero sobre todo, con la vida de sus trabajadores a salvo.

Un coro de voces que pide acción

Firmaron el llamado actores clave: el Colegio de Ingenieros de Minas, la Cámara Minera de México, Women in Mining México y los clústers mineros de Chihuahua, Sonora, Zacatecas y el propio Sinaloa. No es un gesto simbólico; es un grito colectivo desde el corazón industrial del país.

Su solidaridad va para las familias de los diez nombres que hoy llenan de angustia una lista:

• José Ángel Hernández Vélez
• Francisco Antonio Esparza Yáñez
• José Manuel Castañeda Hernández
• Saúl Alberto Ochoa Pérez
• Antonio de la O Valdez
• Ignacio Aurelio Salazar Flores
• José Antonio Jiménez Nevárez
• Javier Emilio Valdez Valenzuela
• Javier Guillermo Vargas Valle
• Miguel Tapia Rayón

Detrás de cada nombre hay una historia, una familia esperando, y un sector que mira con alarma cómo la seguridad se desmorona. El teatro político tiene aquí una escena urgente por resolver. Las vidas dependen de ello.