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Un total de 199 municipios veracruzanos lograron pagar anticipadamente un pasivo histórico por concepto de bursatilización de partidas presupuestales federales, con apoyo del Gobierno del Estado.

Extinción de la deuda bursátil

Con un pago de poco más de mil 500 millones de pesos se concretó la extinción de esta obligación, contratada durante el gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán. Originalmente fue por mil 208 millones de pesos, pero su estructura financiera —con deuda indexada a UDIS, sobretasas de interés elevadas y retención de participaciones— hizo que los municipios ya hubieran pagado 2 mil 573 millones de pesos. De continuar vigente, habrían tenido que cubrir otros 2 mil 266 millones hasta 2036.

La gobernadora Rocío Nahle García anunció la cancelación total con recursos hallados en distintos fideicomisos, por lo que los municipios no desembolsaron nada. Se recuperaron mil 085 millones de pesos de cuentas fiduciarias, y el Estado aportó 500 millones.

“Recuperamos el dinero. Hoy todos los municipios están liquidados; no tienen que pagar ni un peso. La bursatilización no termina en 2036 ni en 2030: termina hoy”, afirmó Nahle.

Durante la revisión del fideicomiso, el gobierno identificó tres cuentas —de participaciones, soporte y fondo de reserva— que concentraban recursos no transparentados por mil 085 millones de pesos. Tras recuperarlos, se complementó la liquidación con la aportación estatal para extinguir la obligación.

Fue bajo el mandato de Fidel Herrera cuando 199 de los 212 municipios se acogieron a ese esquema para bursatilizar sus participaciones federales, recibiendo por adelantado recursos y comprometiendo las participaciones de varias administraciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este 15 de julio más detalles sobre la participación de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, en el traslado forzoso de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

Cronología de la investigación

25 de julio de 2024: “El Mayo” fue privado de su libertad y enviado a Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López. La FGR señala que “El Jando” pilotó el avión desde Culiacán, Sinaloa.

Ese mismo día, autoridades mexicanas y estadounidenses inspeccionaron la aeronave. El entonces embajador Ken Salazar dijo que ofreció a AMLO y al fiscal Gertz Manero enviar un equipo, pero no hubo respuesta.

“Informé a AMLO y a Gertz de la diligencia. Pero, aun así, de AMLO sólo hubo silencio”, declaró Salazar.

8 de febrero de 2025: “El Jando” fue detenido en Jesús María, Culiacán, tras agredir a personal militar y de la Guardia Nacional. Se identificó con otro nombre, pero las pruebas periciales confirmaron su identidad.

11 de febrero: El secretario Omar García Harfuch confirmó que “El Jando” era piloto de confianza de “Los Chapitos”, célula ligada a la privación ilegal de “El Mayo”.

“Sí podemos adelantar que esta persona es piloto de confianza del líder de la célula delictiva”, dijo Harfuch.

Junio de 2025: La FGR encontró coincidencias de voz y huellas dactilares que vinculan a “El Jando” con el piloto del 25 de julio.

Agosto de 2025: Fue entregado a Estados Unidos junto a otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con base en la Ley de Seguridad Nacional.

8 de julio de 2025: La fiscal Ernestina Godoy informó que la pista de despegue en Sinaloa no tenía autorización para operar y que la aeronave presentaba medios de identificación alterados.

15 de julio: La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la entrega se realizó en estricto cumplimiento de la ley. La FGR sigue investigando.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra, se pronunció enérgicamente contra los fallecimientos de personas migrantes mexicanas ocurridos durante operativos y en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El organismo demandó investigaciones para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables.

Exigencias de justicia

En un comunicado, la CNDH calificó estos casos como hechos de “la mayor gravedad”, pues implican posibles violaciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, el debido proceso y el trato digno de los connacionales detenidos. La Comisión subrayó que la protección de los derechos humanos de los migrantes es una obligación internacional, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.

El organismo también respaldó la asistencia consular que México brinda a sus ciudadanos privados de libertad por motivos migratorios, así como el acompañamiento jurídico y humanitario a sus familias. Exigió que las investigaciones sean “prontas, imparciales, independientes y transparentes” para garantizar verdad y justicia.

Crítica a las políticas migratorias estadounidenses

La CNDH expresó preocupación por las políticas de deportación masiva y el endurecimiento de los controles fronterizos en Estados Unidos. Señaló que estas medidas incrementan el riesgo de abusos, como la separación familiar, las detenciones arbitrarias prolongadas, los tratos crueles y la pérdida de la vida.

El organismo llamó a las autoridades consulares y de procuración de justicia a actuar con celeridad, asegurando acceso a la justicia, verdad y reparación integral para las víctimas indirectas. Reiteró que toda muerte bajo custodia estatal debe investigarse con el máximo rigor y transparencia.