¿Un atajo legal o una violación flagrante?
El escenario es de película: abogados y familiares de integrantes de organizaciones criminales acusaron este lunes al gobierno mexicano de violar las leyes. El motivo: el envío de casi un centenar de ciudadanos a Estados Unidos sin una orden formal de extradición.
Esto ocurre apenas días después de que la administración de Claudia Sheinbaum entregara a 37 detenidos. Analistas lo ven como una “ofrenda” para calmar las crecientes amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha hablado de acciones militares contra los cárteles.
La estrategia bajo la lupa
Desde febrero, México ha enviado a 92 detenidos vinculados al crimen organizado en tres tandas. Es parte de una estrategia más amplia para tomar medidas enérgicas y mantener una relación positiva con Washington.
Pero el método es lo que prende los focos rojos. El gobierno insiste en que fue legal y por seguridad nacional. Washington dice que los detenidos eran buscados por crímenes allí y muchos tenían solicitudes de extradición pendientes.
“México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos”, señaló Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas enviadas. “Esto nos obliga a preguntarnos… si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”.
Los argumentos son similares a los usados en su momento por los defensores de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Sánchez Lagunas defiende a Itiel Palacios García, del CJNG, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, de los Arellano Félix.
La situación escaló cuando Vanesa Guzmán, pareja de un líder regional del cártel de los Zetas, interpuso una demanda penal contra altos funcionarios, incluido el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro”, subrayó Guzmán. “Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida”.
Acusa a los funcionarios de “traición a la patria”, aunque los abogados admiten que ahora, con sus clientes fuera del país, tienen pocos recursos legales para impugnar.
Pero no todos ven esto como un drama judicial. Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, restó importancia a las quejas.
Elogió a las autoridades por “acelerar” un proceso que suele estancarse años gracias a amparos sucesivos. Recordó que la Constitución mexicana faculta al presidente para actuar así en protección de la seguridad nacional.
“Sheinbaum lo hizo para mejorar la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo entiende que estos individuos, si permanecen en prisiones allí… por lo general tienen acceso a sus organizaciones criminales”, declaró Vigil. “Estas vías rápidas son sumamente valiosas en términos de garantizar que se enfrenten a la justicia”.
Ahí está el meollo del asunto. ¿Es esto una medida pragmática para desactivar bombas políticas y criminales? ¿O es un peligroso precedente donde el fin justifica los medios?
Mientras los tribunales mexicanos reciben demandas por traición y los despachos diplomáticos celebran la cooperación reforzada, casi cien vidas quedan atrapadas en el limbo legal entre dos naciones. El telón aún no cae sobre este acto.
