La Suprema Corte y su último acto antes del cambio de guardia
Ah, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ese selecto club de ministros que, antes de despedirse con una sonrisa forzada y una pensión dorada, decidió dejar su huella en la historia. ¿Cómo? Discutiendo el 13 de agosto si conceden un amparo para que la prisión preventiva oficiosa (PPO) deje de ser tan… bueno, oficiosa. Porque, claro, ¿qué mejor momento para cambiar las reglas que justo cuando ya no estarán en el cargo para lidiar con las consecuencias?
Un caso de marihuana, armas y buenas intenciones
La ministra Margarita Ríos Farjat, en un arrebato de rebeldía judicial, propuso conceder el amparo a Adrián Alegre Hernández, un ciudadano michoacano acusado de poseer mariguana y un arma prohibida. ¿La idea? Que un juez evalúe si realmente necesita pudrirse en la cárcel antes de ser juzgado, en lugar de aplicar la PPO como si fuera un sello de correos. ¡Qué locura! ¡Pensar antes de encerrar! ¿En qué mundo viven estos jueces?
Si el proyecto se aprueba (solo necesitan tres de cinco votos, lo cual en política judicial es como pedir que cinco gatos se pongan de acuerdo para no tirar el jarrón), sería la primera vez que la Corte le dice al artículo 19 de la Constitución: “Oye, tranquilo, viejo, no todo delito merece cárcel automática”. Claro, esto suponiendo que logren votarlo antes de que la nueva integración de la Corte llegue en septiembre con ideas frescas… o más de lo mismo.
El Gobierno, la CIDH y el arte de procrastinar
Mientras tanto, el Pleno de la Corte tiene en su lista de pendientes una pequeña tarea: cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2023 le ordenó a México eliminar la PPO. Pero, oh sorpresa, solo les quedan tres sesiones, y el Ejecutivo Federal ya ha pedido dos veces que no lo voten. ¿Traducción? “Dejen ese problemón para los nuevos, total, nosotros ya nos vamos”.
En su proyecto, Ríos Farjat insiste en lo mismo que dijo en 2022: que la PPO no debe ser automática, sino excepcional, necesaria y proporcional. Vamos, que el juez debería pensar dos segundos antes de mandar a alguien a la cárcel. ¡Revolucionario! ¿No? Aunque, claro, en un país donde la justicia a veces parece más un sorteo que un proceso, quizá sea demasiado pedir.
Lo más gracioso es que, para este proyecto, hubo reuniones durante dos meses con la FGR, fiscalías estatales, defensores públicos y hasta comisiones de víctimas. O sea, un montón de gente discutiendo si es mejor encerrar a alguien antes o después de pensarlo bien. ¿Y el resultado? Aún no lo sabemos. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que en México, las cosas importantes suelen decidirse… en el último minuto.
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