La Audiencia Pública que Nadie Pidió Pero Todos Necesitamos
Bueno, pues resulta que en el Congreso de la Unión decidieron hacer algo que suena super productivo: una audiencia pública. Pero no cualquier audiencia, no. Esta era la primera de tres citas obligadas para analizar la reforma a la Ley de Amparo en materia de improcedencia. Lo que en cristiano significa: “vamos a ver cómo le hacemos para que sea más difícil que la gente se ampare contra nuestros chanchullos”.
La cosa es que de los 15 expertos que tenían en la lista de invitados –imagínense, como para una fiesta de cumpleaños– solo se presentaron nueve. Nueve valientes constitucionalistas y especialistas en derecho que, en lugar de aplaudir las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, vinieron a decir las verdades del barrio: que esto es puro debilitamiento de la justicia en México. Básicamente, en lugar de facilitar el acceso al amparo, lo están convirtiendo en un trámite más burocrático que sacar una beca universitaria.
Las Voces que Nadie Quería Escuchar
Uno de los que alzó la voz fue Juan Pablo Gómez Fierro, un magistrado ya retirado que debe saber de lo que habla porque ya no le deben favores a nadie. El buen hombre fue claro como el agua: si le quitan fuerza a la suspensión, el juicio de amparo se convierte en un trámite inútil, algo así como poner una queja en el servicio al cliente de Telmex. Dijo textualmente –y aquí viene la parte que duele– que “dejaría de ser un instrumento de protección de Derechos Humanos… todos, todas quedaríamos expuestos a actos arbitrarios de autoridad”. O sea, nos volvemos carne de cañón para los caprichos del poder.
Pero lo mejor fue cuando soltó la perla del siglo: “El amparo no pertenece al poder judicial, el amparo es de la gente”. ¿Les suena? Como cuando te dicen que el metro es de todos pero siempre llega tarde. El punto es que este señor puso el dedo en la llaga: si le quitan lo protector al amparo, lo están matando. Y no con balas, sino con burocracia, que duele más.
Y luego llegó el artículo 128, el nuevo villano de la película. Resulta que introduce el concepto de interés público, que suena bonito como para ganar likes, pero en realidad es solo otro obstáculo para que no te amparen. Gómez Fierro lo explicó con la paciencia de quien enseña a un niño: es un concepto adicional que los jueces tendrán que interpretar, y básicamente servirá para catalogar ciertos actos como “de interés público” y negarte la suspensión. O sea, te ponen una traba más en el camino, como cuando quieres renovar tu pasaporte y te piden un acta de nacimiento certificada del año del caldo.
No se quedó atrás Magdaleno Villanueva Flores, especialista en derecho laboral, que debe estar acostumbrado a ver cómo le complican la vida al trabajador. El hombre señaló que en el artículo 107 de la Ley de Amparo se aumentan las causales de improcedencia, lo que en lugar de facilitar el trámite, lo vuelve más técnico y complicado. Dijo con incredulidad –y quién no– que la propuesta de reforma, ya aprobada en el Senado, lejos de ayudar, reduce la procedencia del amparo y amplía el catálogo de causales de improcedencia. O sea, te cierran más puertas de las que ya tenías cerradas.
Más Reformas, Mismos Problemas
Luego apareció José Barrios Moreno, otro abogado constitucionalista que parece tener claras las reglas del juego. Dijo que si el gobierno federal realmente quiere evitar que el amparo se use para retrasar juicios, también debería revisar otras leyes. Porque, seamos honestos, el problema no es solo el amparo, es todo el sistema. Mencionó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia y su aplicación en materia administrativa y fiscal. Básicamente, sugirió que hay que poner atención en todos los frentes, no solo en este. Como cuando te dicen que arregles el baño pero se te inundaba la cocina.
Y no podía faltar Luis Curiel Piña, vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, que propuso que en la reforma a la Ley de Amparo no se reduzcan los medios de garantía. Dijo que deberían dejar todos los medios que ya están en el Código Fiscal de la Federación, como la carta de crédito, la fianza, el embargo de cuentas bancarias, etc. Porque, según él, dar esos medios sería más que suficiente. Suena razonable, pero en un mundo donde la razón a veces brilla por su ausencia, quién sabe.
Para cerrar con broche de oro, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de Morena, explicó que el sentido general de la reforma es evitar procedimientos infinitos. O sea, que si ya agotaste las instancias y el asunto quedó firme, no sigas chingando. Según él, es para que se aplique la justicia de manera eficaz. Lo que no dijo es que a veces la “justicia eficaz” significa que te la aplican rápido, pero mal.
En resumen, esta reforma a la Ley de Amparo parece ser otro intento de disfrazar el control bajo el manto de la eficiencia. Los expertos lo han dicho claro: debilita la justicia y complica el acceso a los derechos. Y mientras tanto, nosotros, los ciudadanos de a pie, nos quedamos viendo cómo se juega con nuestras garantías como si fueran fichas de póker. Así que, si te preocupa que tus derechos se esfumen como tus seguidores en una mala racha, comparte esta información en tus redes sociales y explora más contenido relacionado para no quedarte en la ignorancia. Porque, al final, el amparo es lo único que nos queda cuando todo lo demás falla.
