EU niega extradición de El Mayo Zambada; el capo aceptó cadena perpetua

Las posibles modificaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no podrían implicar cambios sustantivos sin la autorización del Congreso estadounidense. Así lo señalaron especialistas del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Implicaciones de los cambios

Kenneth Smith Ramos, presidente del Comité Técnico Bilateral México-Estados Unidos del Comce, indicó que las propuestas de la Casa Blanca sobre reglas de origen y otros capítulos del tratado podrían enfrentar resistencia entre legisladores demócratas. Por ello, pidió no adelantar concesiones durante la negociación hasta contar con garantías sobre la reducción de aranceles.

El especialista destacó que el T-MEC sigue vigente y representa certeza para las empresas de la región. Consideró necesario que los sectores económicos estadounidenses expresen su rechazo a cualquier medida que afecte de manera estructural el acuerdo.

Acciones del Comce

Smith Ramos afirmó que, aunque Estados Unidos mantiene presión mediante amenazas comerciales, las posibilidades de que abandone el tratado son prácticamente nulas. No obstante, reconoció que las revisiones anuales generan incertidumbre para inversionistas y empresas que dependen de reglas estables.

Representantes del Comce señalaron que la continuidad del T-MEC hasta 2036 debe verse como un aspecto positivo. Advirtieron que México y Canadá comparten la dependencia del mercado estadounidense, por lo que será necesario fortalecer la relación comercial y mantener una estrategia de negociación que proteja la integración económica de Norteamérica.

Las revisiones anuales del T-MEC generan incertidumbre, pero la vigencia extendida hasta 2036 ofrece un horizonte de estabilidad si se maneja con un enfoque estratégico.

Implicaciones de los litigios migratorios

El inicio de acciones legales y civiles contra centros de detención de migrantes en Estados Unidos podría tensar la relación bilateral. Especialistas advierten que estas denuncias tienen pocas probabilidades de éxito y podrían desencadenar medidas adversas contra connacionales.

La internacionalista Arlene Ramírez Uresti señaló que recurrir al Departamento de Justicia o presentar querellas civiles enfrenta un escenario político y jurídico desfavorable. Como alternativa, propuso acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, reconoció que México tiene pendientes en la atención a migrantes y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Promover litigios en un contexto político restrictivo hacia la migración podría resultar contraproducente. Ramírez Uresti afirmó que la confrontación con el gobierno estadounidense limitaría la capacidad de negociación y provocaría consecuencias para los mexicanos en ese país.

El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez Rivera, coincidió en que la estrategia jurídica carece de elementos técnicos sólidos. Advirtió que, ante un gobierno como el de Donald Trump, estas acciones podrían fortalecer argumentos para adoptar medidas contra México.

Ambos expertos coinciden en que el camino legal actual ofrece pocas garantías. La relación bilateral enfrenta así un nuevo frente de tensión en materia migratoria.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que desde el 1 de mayo permanece en su domicilio en Culiacán. Esto ocurre luego de que Estados Unidos presentara acusaciones en su contra por tráfico de drogas.

A través de su cuenta de X, Rocha Moya indicó que este jueves 9 de julio se cumplen 69 días de haber solicitado licencia para separarse del cargo. “Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país”, escribió.

“Con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”, agregó.

El exmandatario estatal busca que las indagatorias avancen sin obstáculos legales. Hasta ahora, no hay información sobre el estatus de las pesquisas en su contra.