Desde la prisión, un almirante acusado clama inocencia

El escenario es de película. Un vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, escribe a mano una carta desde el penal de máxima seguridad del Altiplano. Su destinataria: la presidenta Claudia Sheinbaum. Su mensaje: una defensa apasionada y una acusación grave.

“A la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada”,

escribe el ex alto mando, detenido desde septiembre por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustibles. No pide clemencia. Pide un juicio justo, que según él, no está teniendo.

La trama detrás del cargo

La historia arrancó con un barco, el Challenge Procyan, que llegó a Tampico. En papel, traía aditivos para aceites. En realidad, transportaba diésel. El descubrimiento desató una investigación que terminó con allanamientos en Altamira y el decomiso de 10 millones de litros del combustible, contenedores y vehículos.

Farías Laguna y sus supuestos cómplices cayeron. La Marina lo dio de baja al instante, retirándole todos sus derechos como miembro de la institución. Una jugada que él califica en su carta como “ilegal” y que, asegura, solo busca pintarlo como culpable antes del juicio.

Su defensa va más allá. Denuncia un proceso “politizado y viciado”, basado en evidencias “inconsistentes” e incluso habla de un video de YouTube que supuestamente no existe. Mientras tanto, su hermano Fernando, también vinculado al caso, está prófugo.

El argumento legal es otro frente. Su equipo jurídico sostiene que él y su hermano deberían ser juzgados por la justicia militar, pues aún percibían sueldos de la Armada. Es un detalle técnico con enormes implicaciones.

Y en medio de este drama judicial, la presidenta Sheinbaum guarda silencio. Consultada por este medio sobre la misiva enviada desde las profundidades del CEFERESO, indicó que aún no ha revisado la carta y se abstuvo de comentar.

Mientras tanto, en el Altiplano, un ex vicealmirante espera. Espera una respuesta del poder más alto del país, espera acceso a su carpeta de investigación y espera convencer a todos de que es un hombre inocente atrapado en una red donde la política y la justicia se mezclan peligrosamente.

El telón cae sobre el crudo para La Habana

La jugada es clara y el mensaje, contundente. Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió de golpe un cargamento de crudo que debía zarpar hacia Cuba este mismo mes. Según documentos internos filtrados a Bloomberg, el buque Swift Galaxy fue borrado del calendario sin más explicación.

El timing no es casual. Ocurre justo cuando Donald Trump endurece el discurso desde Washington.

El presidente estadounidense advirtió recientemente que no habrá más petróleo ni apoyo financiero para Cuba.

Esto no es solo una nota diplomática. Es un golpe directo al estómago de una isla que ya se tambalea. Cuba sufre apagones constantes y una crisis energética brutal. Perder este cargamento duele, y mucho.

Una crisis con muchos actores

El escenario es de película. Por un lado, Venezuela, su principal proveedor histórico, ya no puede mandar tanto crudo como antes. Eso dejó un hueco del 30% en las necesidades cubanas.

México había entrado al rescate en los últimos años, casi como un actor secundario que toma protagonismo. Pemex llegó a enviar un cargamento mensual, unos 20 mil barriles diarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum siempre defendió estos envíos como ayuda humanitaria. Un gesto noble, sí, pero también político. Hoy, ese gesto se congela.

Lo más revelador es el silencio. Ni Pemex ni la Secretaría de Energía han dicho una palabra sobre por qué cancelaron el viaje del Swift Galaxy. En política, lo que no se dice a veces grita más fuerte.

¿Cedió México ante la presión de su vecino del norte? ¿Es una jugada calculada para negociar algo más? Las luces del teatro geopolítico están encendidas, pero el guion final aún está por escribirse. Mientras, en La Habana, otra vez se apagan las luces.

¿Un atajo legal o una violación flagrante?

El escenario es de película: abogados y familiares de integrantes de organizaciones criminales acusaron este lunes al gobierno mexicano de violar las leyes. El motivo: el envío de casi un centenar de ciudadanos a Estados Unidos sin una orden formal de extradición.

Esto ocurre apenas días después de que la administración de Claudia Sheinbaum entregara a 37 detenidos. Analistas lo ven como una “ofrenda” para calmar las crecientes amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha hablado de acciones militares contra los cárteles.

La estrategia bajo la lupa

Desde febrero, México ha enviado a 92 detenidos vinculados al crimen organizado en tres tandas. Es parte de una estrategia más amplia para tomar medidas enérgicas y mantener una relación positiva con Washington.

Pero el método es lo que prende los focos rojos. El gobierno insiste en que fue legal y por seguridad nacional. Washington dice que los detenidos eran buscados por crímenes allí y muchos tenían solicitudes de extradición pendientes.

“México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos”, señaló Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas enviadas. “Esto nos obliga a preguntarnos… si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”.

Los argumentos son similares a los usados en su momento por los defensores de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Sánchez Lagunas defiende a Itiel Palacios García, del CJNG, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, de los Arellano Félix.

La situación escaló cuando Vanesa Guzmán, pareja de un líder regional del cártel de los Zetas, interpuso una demanda penal contra altos funcionarios, incluido el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro”, subrayó Guzmán. “Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida”.

Acusa a los funcionarios de “traición a la patria”, aunque los abogados admiten que ahora, con sus clientes fuera del país, tienen pocos recursos legales para impugnar.

Pero no todos ven esto como un drama judicial. Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, restó importancia a las quejas.

Elogió a las autoridades por “acelerar” un proceso que suele estancarse años gracias a amparos sucesivos. Recordó que la Constitución mexicana faculta al presidente para actuar así en protección de la seguridad nacional.

“Sheinbaum lo hizo para mejorar la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo entiende que estos individuos, si permanecen en prisiones allí… por lo general tienen acceso a sus organizaciones criminales”, declaró Vigil. “Estas vías rápidas son sumamente valiosas en términos de garantizar que se enfrenten a la justicia”.

Ahí está el meollo del asunto. ¿Es esto una medida pragmática para desactivar bombas políticas y criminales? ¿O es un peligroso precedente donde el fin justifica los medios?

Mientras los tribunales mexicanos reciben demandas por traición y los despachos diplomáticos celebran la cooperación reforzada, casi cien vidas quedan atrapadas en el limbo legal entre dos naciones. El telón aún no cae sobre este acto.