El nuevo frente en la guerra contra el narco: armas que cruzan la frontera

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo que muchos sospechábamos. Su gobierno está revisando el polémico reporte del The New York Times sobre municiones calibre .50 -de fabricación y uso exclusivo militar estadounidense- que terminan en manos de los cárteles mexicanos.

“Estamos revisando este reporte… para poder hablar con el Gobierno de los Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas están entrando a México”, declaró Sheinbaum.

El diario neoyorquino destapó el sábado una tubería industrial que duele. La Planta de Municiones del Ejército en Lake City, Missouri -una instalación clave del Departamento de Guerra- produce estos proyectiles diseñados para destruir vehículos y aeronaves. Según el reporte, ahora están a la venta para civiles en todo Estados Unidos.

El problema es claro: lo que se vende legalmente al norte de la frontera, termina ilegalmente al sur. En manos de organizaciones que las usan para aterrorizar comunidades, desafiar al Estado y alimentar una violencia que ya nos cuesta miles de vidas cada año.

Sheinbaum promete llevar este tema directamente a la mesa con Donald Trump. No es poca cosa. Hablamos de municiones del tamaño de un puro con poder destructivo masivo. El mensaje es contundente: México exige responsabilidad en una cadena de suministro que está armando hasta los dientes a sus peores enemigos.

Mientras tanto, en las calles, estas armas cambian el balance de poder. Cada cartucho calibre .50 que cruza la frontera no es solo un producto ilegal: es una declaración de guerra contra la seguridad nacional mexicana. Y esta vez, el origen tiene nombre y apellido institucional.

‘Es muy poco’, dice Sheinbaum sobre el repunte inflacionario

El dato llegó frío, como cada mes. El INEGI informó que la inflación general subió a 3.79% en enero, un repunte desde el 3.59% de diciembre. La cifra cruda, sin maquillaje.

Pero en Palacio Nacional, la narrativa oficial eligió otro ángulo. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada este lunes sobre el aumento de 0.38% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

“Es muy poco, bajó en diciembre y ahora hay un .1 en realidad que aumentó”, dijo.

La pregunta persistió: ¿Sigue por debajo de lo esperado por el mercado? Su respuesta fue breve y contundente.

“Sí, sí. Está bien, no tiene problema”.

Mientras tanto, los números cuentan otra historia paralela. La inflación subyacente—esa que excluye energéticos y alimentos frescos para medir mejor la presión persistente—se ubicó en 4.52%. Casi un punto porcentual por encima del promedio general.

Un dato que suele pasar desapercibido en las conferencias mañaneras, pero que los economistas observan con lupa. Porque ahí, en ese núcleo duro de precios, es donde se cuece la verdadera tendencia.

La memoria es frágil en economía. Hace apenas unos años, cualquier repunte por encima del 3% generaba alertas y planes de contención. Hoy se califica como ‘muy poco’. Los marcos de referencia tienen esa curiosa elasticidad según quien los maneje.

Lo que no cambia es el efecto en los bolsillos. El índice general llegó a 143.588 puntos. Una cifra abstracta hasta que se traduce en la cuenta del supermercado o en la bomba de gasolina.

Sheinbaum optó por el mensaje tranquilizador: no hay problema. Los datos del INEGI simplemente existen, esperando a que cada quien les dé el peso—o la levedad—que considere oportuno.

El silencio oficial mientras la tragedia minera crece

Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, salió a escena esta semana con un guión que ya conocemos. Ante la desaparición de diez trabajadores en una mina de Concordia, su declaración fue un ejercicio magistral de “no es mi problema”.

“No podemos interferir en la investigación federal”, dijo durante su conferencia semanal. “No tengo los datos precisos”.

Traducción política: no voy a mojarme en este asunto. Mientras tanto, las familias esperan. Y la noticia más dura llegó desde Zacatecas.

Los nombres detrás de la tragedia

Autoridades confirmaron lo que todos temían. Los cuerpos de Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez fueron encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde.

En esa misma fosa aparecieron José Manuel Castellanos Hernández, de 43 años y originario de Guerrero, y José Antonio Jiménez Nevárez. Cuatro nombres. Cuatro historias truncadas.

La empresa canadiense Vizsla Silver Corp., dueña del proyecto minero, emitió un comunicado diciendo estar “consternada”. Dicen que están concentrados en la recuperación segura del resto del personal y en apoyar a las familias.

Pero entre líneas se lee otra cosa: están esperando información oficial para saber cuántos muertos tienen que reportar a sus accionistas.

Aquí está el teatro político en su máxima expresión. Un gobernador que mira hacia otro lado, una empresa extranjera cuidando sus formas, y autoridades estatales confirmando lo obvio: esto terminó mal desde el principio.

Mi padre tenía razón. La política afecta la vida diaria. Hoy, afecta a diez familias que no saben si sus seres queridos volverán. Y mientras los discursos fluyen, la fosa en El Verde ya tiene inquilinos.