Anticorrupción descarta denuncias contra Peña Nieto por sobornos

La titular anticorrupción se deslinda de la polémica investigación, dejando la pelota en la cancha de la Fiscalía. Un caso que huele a thriller político de alto nivel.

El ‘No es mi pedo’ institucional que todos esperábamos

Parece que en la Secretaría Anticorrupciòn y Buen Gobierno, el caso del supuesto soborno millonario a Enrique Peña Nieto tiene la misma prioridad que nuestra intención de ir al gimnasio un lunes por la mañana: nula. En la escena política mexicana, que ya tiene más giros argumentales que una telenovela de las nueve, Raquel Buenrostro, la jefa de dicha secretaría, salió a dar el clásico ‘yo no fui’ institucional.

Durante la ya tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se resuelve el país entre cafés y preguntas incómodas, a Buenrostro le soltaron la bomba: ¿qué onda con la investigación por los 25 millones de dólares que, según unos empresarios israelíes, le dieron al expresidente a cambio de jugosos contratos, incluyendo el famoso y polémico sistema de espionaje Pegasus?

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Su respuesta fue más clara que un ‘seen’ en WhatsApp: “Nosotros no tenemos denuncias de eso”. Básicamente, el equivalente gubernamental de ‘eso lo maneja otro departamento’. Aparentemente, el alcance de sus atribuciones no da para tanto, sobre todo porque, según sus palabras, “no hay nada que haya firmado”. Un detalle técnico que, en el mundo de la política, a veces parece más importante que el hecho de que hablamos de una acusación de corrupción a nivel presidencial.

La FGR: la que se queda con el paquete caliente

Resulta que todo este melodrama, digno de un capítulo de ‘House of Cards’ pero con mejor comida, recayó en la lap de la Fiscalía General de la República (FGR), comandada por Alejandro Gertz Manero. Fue él quien, el pasado 8 de julio, confirmó que se había abierto una carpeta de investigación por este tema. Imagínense la escena: empresarios de Israel declarando que soltaron 25 millones de verdes para que el exmandatario priista (2012-2018) les diera luz verde a contratos multimillonarios, con el sistema Pegasus como estrella de la transacción.

Y mientras la FGR navega esas aguas turbias, la Secretaría Anticorrupción se mantiene en la orilla, con los pies secos y la conciencia tranquila. Es el clásico ‘aquí no es’, pero en versión gubernamental y con un toque de burocracia elegante. No es que no les importe, es que, técnicamente, no es su problema. ¿Les suena familiar? Es la misma estrategia que usamos cuando nos preguntan quién dejó los trastes sucios en la cocina.

El caso Peña Nieto-Pegasus tiene todos los ingredientes de un escándalo de alto perfil: un expresidente, dinero en efectivo, espionaje y empresarios extranjeros. Es el tipo de historia que vendería millones de libros y llenaría salas de cine. Pero en la vida real, el guión parece atascarse en el capítulo de ‘¿Y ahora quién le entra?’. Mientras las dependencias se pasan la papa caliente, la ciudadanía se queda con la misma expresión de incredulidad que cuando ve un aumento más en el precio del aguacate.

Al final del día, lo único claro es que la investigación sigue su curso, pero en el laberinto de la justicia y la administración pública, a veces es difícil saber si avanzamos o solo estamos dando vueltas en el mismo lugar. Lo que es un hecho es que este caso sigue generando más preguntas que respuestas, y la única certeza es que el tema está lejos de estar resuelto.

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Orgullo 2026: salud, vivienda y educación para personas trans

Miles marchan en CDMX para exigir fin a la discriminación y violencia letal.

Exigencias y resistencia en el Zócalo

Ni la lluvia, el viento ni el Fan fest del Mundial detuvieron a la multitud. La Marcha del Orgullo, en su 48 edición, llegó al Zócalo capitalino con una exigencia clara: garantizar salud, vivienda y educación para personas trans.

Cientos de miles de personas celebraron su identidad, pero también alzaron la voz por quienes ya no están. La protesta reiteró la urgencia de erradicar la discriminación, el estigma y los crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+.

Desde las 9 horas del sábado 28 de junio, colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de apoyo a mujeres trans, personas LGBT con discapacidad, trabajadoras sexuales y pacientes con VIH tomaron las calles. Exigieron seguridad y atención a estas poblaciones, y gritaron entre banderas multicolor:

“Es una marcha, no es un negocio. Empresas con antecedentes homofóbicos comercializan un movimiento histórico.”

Los discursos denunciaron la exclusión de la diversidad sexual de programas sociales. Reclamaron que el gobierno y las empresas no se apropien de la lucha. “Esta marcha no les pertenece a quienes lucran con nuestras identidades”, afirmaron.

Personas de varias generaciones y estados caminaron tomadas de la mano. Madres acompañaban orgullosas a sus hijos gays y lesbianas. En pleno 2026, muchas juventudes LGBT todavía enfrentan rechazo familiar.

Colectivos de búsqueda exigieron reconocer a la familia social —amigas y amigos que buscan a sus desaparecidos—. El Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ señaló frente a la Glorieta de Las y Los Desaparecidos:

“Exigimos al Estado armonizar la Ley General de Víctimas para reconocer plenamente a la familia social.”

Activistas trans y no binarios pidieron alto a la criminalización del plantón que mantienen en la Secretaría de Gobernación desde hace 10 días. Fueron el único grupo vigilado por cientos de policías, pese a su protesta pacífica. Declararon:

“Nos juzgan por nuestra orientación sexual, no por el ser humano que somos. Eso nos ha hecho la vida imposible.”

Personas con discapacidad, pacientes con VIH, víctimas de odio y discriminación laboral se sumaron. La marcha recorrió avenidas emblemáticas hasta el Zócalo, donde hubo micrófonos abiertos y horas de júbilo. Al final, una consigna unificó a todos: alto a los crímenes de odio y a los transfeminicidios.

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México y EE.UU. inauguran planta binacional de moscas estériles en Chiapas

La cooperación entre México y Estados Unidos produce resultados: 100 millones de moscas estériles semanales para proteger la ganadería.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Metapa de Domínguez, Chiapas, la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG). Es una instalación binacional que producirá 100 millones de insectos cada semana para controlar la plaga que afecta al ganado.

Cooperación que rinde frutos

La mandataria destacó que este proyecto es fruto del trabajo conjunto entre México y Estados Unidos. El gobierno estadounidense aportó la mayor parte de los recursos, así como experiencia técnica. Sheinbaum agradeció al presidente Trump y a la secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins.

“Esta Planta representa la convicción de que la cooperación para el desarrollo produce resultados. Las enfermedades animales, las plagas y los retos de la seguridad alimentaria no conocen fronteras”, afirmó Sheinbaum.

Rollins calificó la inauguración como un gran logro y reconoció a Sheinbaum como una aliada extraordinaria.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para fortalecer el control de la plaga y aumentar la producción de moscas estériles en México.

Datos de la operación

La construcción de la planta duró 12 meses. Como parte de la estrategia de contención, se han inspeccionado 5.3 millones de cabezas de ganado, verificado más de 84 mil cargamentos y liberado 7 mil millones de moscas estériles. Participaron 2 mil especialistas, más de 400 mil sembradores y 4 mil técnicos del programa Sembrando Vida. Se instalaron 578 mil trampas artesanales, con las que se capturaron más de 13 millones de moscas.

Sheinbaum cerró con un mensaje: “La cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos”.

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A un año del hallazgo en crematorio, familias marchan por justicia

Un año después del hallazgo de 386 cuerpos, familias exigen justicia y fin a la corrupción.

Marcha por justicia un año después

La tarde del sábado, colectivos de familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud se manifestaron. El hallazgo de 386 cuerpos cumple un año, y los deudos exigen respuestas.

La protesta inició en la funeraria Latinoamericana, una de las señaladas por los familiares. Desde ahí, los manifestantes caminaron hacia la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dora Elena Delgado, vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, informó que al menos mil 500 familias resultaron afectadas. La exigencia central: no más impunidad, no más corrupción y justicia plena.

Acciones pendientes de la autoridad

Los manifestantes portaban mantas con mensajes de justicia. Exigen acciones contra funcionarios de Coespris involucrados en el caso, así como la recaptura de José Luis A. C., dueño del crematorio. Fue liberado por un juez federal, y se espera una ficha roja de Interpol para detenerlo de nuevo.

Hasta ahora, de los 386 cuerpos encontrados, la FGE reporta que faltan 135 por identificar. El proceso de identificación continúa.

A la movilización se sumó el colectivo Memoria, Dignidad y Justicia. Colocaron un memorial permanente en forma de cruz en las afueras de la Fiscalía, como recordatorio de las víctimas.

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