El cierre gubernamental como instrumento de poder presidencial
WASHINGTON — El paralización administrativa federal, que ya constituye el segundo episodio más prolongado en la historia estadounidense sin visos de resolución inmediata, se ha transformado en un mecanismo mediante el cual el presidente Donald Trump ejerce un control sin precedentes sobre el aparato gubernamental. Esta situación representa una evolución significativa en la naturaleza de los cierres presupuestarios, transitando desde su concepción original como medida de aplicación de la ley federal hacia su actual configuración como herramienta de presión política.
El fenómeno contemporáneo de las suspensiones de servicios gubernamentales se originó en 1980 mediante una serie de dictámenes jurídicos emitidos por el entonces fiscal general Benjamin Civiletti, quien ejerció durante la administración del presidente demócrata Jimmy Carter. Civiletti fundamentó su interpretación en la Ley Antideficiencia de 1870, argumentando que esta normativa era “clara e inequívoca” al restringir el gasto público una vez expirada la autorización congressional.
Reconfiguración estratégica del cierre gubernamental
En el contexto actual, el mandatario republicano ha instrumentalizado la carencia de financiamiento para sancionar a la oposición demócrata, ha iniciado procedimientos de despido para miles de empleados federales y ha aprovechado el vacío de poder legislativo para reorientar el presupuesto federal conforme a sus prioridades políticas. “No puedo creer que los demócratas de la izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, declaró Trump en su plataforma de redes sociales al inicio de la paralización.
La respuesta demócrata se ha caracterizado por una firmeza inquebrantable en sus posiciones negociadoras. Esta rigidez bilateral ha complicado exponencialmente la resolución del conflicto y potencialmente redefinirá el enfoque de Washington hacia las interrupciones presupuestarias en su concepción global.
Evolución histórica de los mecanismos de cierre
Durante el período posterior al escándalo Watergate, la gestión de Civiletti en el Departamento de Justicia se distinguió por su esfuerzo en restaurar la confianza ciudadana en las instituciones, frecuentemente mediante interpretaciones rigoristas de la legislación federal. Cuando un desacuerdo entre el Congreso y la Comisión Federal de Comercio generó un retraso en la aprobación de fondos para la agencia, Civiletti emitió su opinión jurídica, seguida posteriormente por otra que permitía al gobierno mantener servicios esenciales. El funcionario ignoraba entonces que estaba sentando las bases para futuras batallas políticas definitorias.
“Nunca pude imaginar que estos cierres durarían tanto tiempo y que se usarían como una táctica política”, reconoció al Washington Post hace seis años. Civiletti falleció en 2022.
Durante los siguientes quince años, no se produjeron suspensiones gubernamentales prolongadas. En 1994, los republicanos recuperaron el control del Congreso liderados por el portavoz de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, prometiendo reformar Washington. Sus enfrentamientos más significativos con el presidente demócrata Bill Clinton giraron en torno a los cierres gubernamentales.
La mayoría de los analistas históricos coinciden en que estas suspensiones resultaron contraproducentes, y Clinton logró la reelección parcialmente al demostrar su firmeza frente a Gingrich. “Los republicanos en la era Gingrich obtuvieron algunas victorias políticas limitadas, pero globalmente representa un fracaso estratégico”, analizó Mike Davis, profesor asociado de historia en el Lees-McRae College.
Un cierre significativo adicional ocurrió en 2013, cuando los republicanos del movimiento Tea Party confrontaron al presidente demócrata Barack Obama. Sin embargo, no fue hasta el primer mandato de Trump que los demócratas adoptaron la táctica de las suspensiones gubernamentales prolongadas como instrumento de negociación.
Transformación en la aplicación de los cierres
Durante las interrupciones presupuestarias anteriores, las administraciones presidenciales aplicaron consistentemente las normativas que rigen los cierres across affected agencies. “Se supone que un cierre suspendería las mismas actividades bajo Reagan que bajo Clinton“, explicó Charles Tiefer, ex asesor general interino de la Cámara de Representantes y profesor emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore. El académico afirmó que, en el cierre actual, el gobierno de Trump ha implementado “un tipo de poder de apropiación presidencial descontrolado, que contradice todo el sistema, la Constitución original y la Ley Antideficiencia”.
La administración ha incorporado un enfoque abiertamente político en la contienda por el financiamiento, evidenciado cuando diversas agencias actualizaron sus portales web para incluir declaraciones que atribuyen a los demócratas la responsabilidad del cierre. El Departamento de Defensa recurrió a fondos de investigación y desarrollo para remunerar al personal militar en servicio activo. Simultáneamente, Trump ha intentado iniciar despidos para más de 4.000 empleados federales que predominantemente se desempeñan en áreas percibidas como prioritarias para la agenda demócrata.
Esta semana, durante un almuerzo en la Casa Blanca con senadores republicanos, Trump presentó a su director de presupuesto Russ Vought como “Darth Vader” y se jactó de cómo está “recortando prioridades demócratas que nunca van a recuperar”.
Consecuencias y perspectivas de resolución
Los demócratas se han fortalecido en su estrategia y han votado repetidamente en contra del proyecto de ley respaldado por los republicanos para reanudar las operaciones gubernamentales. Sostienen que los electores finalmente responsabilizarán a los republicanos por las consecuencias del cierre, dado que su partido detenta el poder en Washington.
Los demócratas confían en haber seleccionado una demanda política ganadora con los planes de salud ofrecidos en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, pero fundamentalmente, también libran una batalla para contener la expansión del poder presidencial de Trump.
El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, reconoció que su estado posiblemente tiene más que perder que cualquier otro debido a la elevada concentración de empleados y actividades federales con sede en el territorio. No obstante, argumentó que sus constituyentes están exhaustos por un “desfile de castigos sin fin” por parte de Trump, que ha incluido despidos, cancelación de fondos para proyectos de desarrollo económico, campañas de presión contra universidades y el despido del fiscal federal de Virginia.
“Esto hace que la gente reaccione”, afirmó Kaine.
La determinación demócrata enfrentará su prueba definitiva la próxima semana. Los empleados federales, incluido el personal de los propios legisladores, ya han completado casi un mes completo sin recibir sus remuneraciones integrales. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que beneficia aproximadamente a uno de cada ocho estadounidenses para la adquisición de alimentos, enfrenta un precipicio de financiamiento el 1 de noviembre. Las demoras en los viajes aéreos amenazan con intensificarse debido a
