De la celda a la calle: Un giro judicial con sabor a déjà vu político

Imaginen la escena: después de más de cuatro años entre rejas, Jeanine Áñez, la expresidenta interina de Bolivia, salió de la prisión de mujeres de Miraflores como si fuera el final de una temporada especialmente dramática de una serie de Netflix, solo que la próxima temporada ya está en producción. El Tribunal Supremo de Justicia decidió anular su condena de una década, básicamente pulsando el botón de “rebobinar” en un caso que tenía más capítulos que Grey’s Anatomy. Su frase, “Es volver a la vida”, sonó a guión de telenovela, pero con la bandera boliviana como accesorio principal y un coro de “Sí se pudo” de fondo que bien pudo ser un trending topic en X (antes Twitter).

La condena original, por eso de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, venía de esa sesión de la Asamblea Nacional en 2019 que tuvo más controversia que un directo de Ibai Llanos. Fue cuando Evo Morales, después de un mandato que parecía eterno, hizo su exit stage left tras unas protestas letales y unas elecciones que la OEA señaló con el dedo acusador de fraude electoral. El tribunal, en un giro argumental, ahora dictaminó que su proceder estuvo “amparado por un estado de necesidad constitucional”. O sea, lo que para unos fue un golpe de estado, para la justicia fue un “hizo lo que pudo con el WiFi que había”.

Un nuevo juicio y un invitado de piedra en la investidura

Pero, oh sorpresa, la anulación no es un “se acabó el problema”. Es más bien un “reiniciar el nivel”. El máximo tribunal ha ordenado que la expolítica enfrente un juicio político por las muertes ocurridas durante su gestión, un proceso que necesita el visto bueno de dos tercios de la Asamblea Legislativa. Su defensa siempre argumentó que, por ser exmandataria, su lugar de juicio no era una corte ordinaria, sino el hemiciclo. Básicamente, un “ustedes no me pueden juzgar aquí, mi rango es otro”.

La timing de todo esto es más preciso que un reloj suizo. La determinación judicial llega justo tres días antes de la investidura del presidente electo, Rodrigo Paz, quien, en un movimiento de relaciones públicas, ya la invitó a la ceremonia. Su hija, Carolina Ribera, ya ha soltado que es probable que asista, lo que promete una foto más incómoda que un encuentro familiar en Navidad. Este evento marca el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, un cambio de ciclo que tiene más giros que un thriller de Harlan Coben.

Mientras sus seguidores celebran, las familias de las víctimas de las protestas de 2019, donde fallecieron 37 personas, han rechazado el fallo con la contundencia de un unboxing de un producto decepcionante. David Inca, su representante, declaró que “en nuestro país no hay justicia”, anunciando que acudirán a organismos internacionales. Una jugada que nos recuerda que, mientras unos cierran ciclos, otros solo ven el comienzo de una nueva batalla legal en cortes foráneas.

Y por si el drama fuera poco, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, convocado por la CIDH, repartió responsabilidades de manera igualitaria, señalando a ambos gobiernos, el de Morales y el de Áñez, por la violencia que derivó en “masacres” y “graves violaciones de los derechos humanos”. Un recordatorio de que en esta polarización, a veces, el único consenso es que todos perdieron.

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Un estancamiento político con profundas consecuencias

El presidente Donald Trump ejerció presión este miércoles sobre los senadores de su propio partido para dar por terminado el cierre parcial del gobierno federal, que ya se ha convertido en el más prolongado de la historia de Estados Unidos. El mandatario atribuyó directamente este estancamiento político a la derrota que sufrió el Partido Republicano en las contiendas electorales del día anterior. Paralelamente, los resultados de los comicios fortalecieron la posición de los demócratas, quienes se preparan para una confrontación legislativa aún más firme.

Trump, cuyo primer período en la Casa Blanca ya había establecido el récord anterior por un paro gubernamental, calificó la situación actual como un “factor negativo de gran magnitud” en los resultados de las elecciones del martes. El presidente reiteró sus exigencias para que los republicanos eliminen las tácticas de obstruccionismo legislativo, conocidas como filibusterismo, como una vía para reabrir las instituciones federales, una medida que los senadores se han negado a implementar hasta el momento.

La respuesta demócrata y el impacto nacional

Fortalecidos por sus victorias electorales, los demócratas también adoptaron una postura más firme. La dirigencia del partido señaló que es momento de que Trump se tome en serio las negociaciones bipartidistas para resolver el estancamiento. Exigieron que el mandatario deje de mantenerse al margen y se reúna con los líderes legislativos para solucionar el problema central del debate: los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).

“Los resultados electorales deberían ser una clara señal de advertencia para Donald Trump de que debe reunirse con nosotros para poner fin a esta crisis”, declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Ahora en su día 36, los efectos del cierre gubernamental se han profundizado a nivel nacional. La paralización de las operaciones federales está alterando la vida de millones de estadounidenses mediante recortes a programas esenciales, retrasos significativos en los vuelos comerciales y empleados públicos que buscan cómo subsistir sin recibir sus salarios. Las autoridades han advertido que se avecinan consecuencias aún más graves, incluido un caos en el espacio aéreo nacional si el cierre se prolonga hasta la próxima semana y los controladores de tránsito aéreo pierden otro pago.

Un punto de inflexión político tras las elecciones

Existían grandes expectativas de que el estancamiento legislativo llegara a su fin una vez que se conocieran los resultados de unas elecciones consideradas como un termómetro del apoyo ciudadano al segundo mandato de Trump. Sin embargo, las demandas presidenciales de este miércoles, instando a los republicanos a poner fin a las tácticas dilatorias como solución al cierre, complicaron una situación ya de por sí desafiante.

“Es hora de que los republicanos hagan lo que tienen que hacer, y eso es terminar con el filibusterismo”, declaró Trump durante un desayuno con senadores republicanos en la Casa Blanca.

El mandatario presionó para eliminar una regla histórica del Senado que requiere un umbral de 60 votos para lograr la mayoría legislativa, como una forma de superar la oposición demócrata respecto al cierre y aprobar además una extensa lista de prioridades del Partido Republicano. Los republicanos cuentan actualmente con una mayoría de 53-47 en la Cámara Alta, y los demócratas han logrado bloquear sistemáticamente las iniciativas para financiar al gobierno, votando en más de una docena de ocasiones en contra de la medida.

“Debemos reabrir el gobierno pronto”, insistió Trump ante los senadores. Aunque es probable que los legisladores republicanos hagan caso omiso a este plan específico, la presión podría incentivarlos a buscar un acuerdo negociado con los demócratas.

Búsqueda de consenso en el Senado

La clave para cualquier solución radica en una serie de acuerdos que no sólo deben contar con el respaldo del Senado, sino también de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, un escenario nada seguro en el polarizado ambiente de Washington.

En primer lugar, senadores de ambos partidos, particularmente los influyentes miembros de la Comisión de Asignaciones del Senado, están impulsando medidas para garantizar que el proceso ordinario de financiamiento gubernamental en el Congreso pueda retomar su curso. Entre los objetivos inmediatos se encuentra garantizar las próximas votaciones sobre un paquete más reducido de proyectos de ley donde ya existe un consenso bipartidista amplio para financiar diversos aspectos del gobierno, como programas agrícolas y proyectos de obras militares en bases.

“Sin duda, creo que el paquete de tres proyectos de ley está preparado para hacer muchas cosas buenas para el pueblo estadounidense”, afirmó la senadora republicana Katie Britt, quien ha participado activamente en las conversaciones.

El espinoso tema de los subsidios de salud

El aspecto más complejo de la negociación radica en que un número sustancial de senadores busca también alguna resolución respecto al estancamiento en el financiamiento para los subsidios de salud, que están programados para expirar a finales de año. Con la llegada de las notificaciones de primas de seguros, millones de estadounidenses están recibiendo la desagradable sorpresa de ver cómo se disparan los precios de su cobertura médica.

Se prevé que la pérdida de los subsidios federales, implementados durante la pandemia de COVID-19 y concedidos en forma de créditos fiscales, dejará a muchos ciudadanos sin posibilidad de costear un seguro de salud. Los republicanos se muestran reacios a financiar el programa de atención médica en su forma actual, también conocido como Obamacare, y se anticipa que encontrar un terreno en común con los demócratas requerirá tiempo, si es que logran alcanzarlo.

Este análisis técnico del escenario político actual revela un panorama complejo donde las presiones electorales, los procedimientos legislativos y las consecuencias tangibles para la ciudadanía convergen en un momento crítico para la gobernabilidad estadounidense. La resolución de este impasse no sólo determinará la operatividad del gobierno, sino que establecerá precedentes significativos para la dinámica política durante el resto del mandato presidencial.

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