La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó el modelo de evaluación escolar de la Secretaría de Educación Pública, vigente desde 2023. El esquema limita la reprobación en primaria y secundaria y flexibiliza el pase de grado, incluso con deficiencias académicas.
El fallo se da en un contexto crítico: dos de cada tres alumnos no dominan operaciones matemáticas básicas, y cinco de cada diez no alcanzan niveles mínimos de comprensión lectora.
Especialistas consultados advierten que la medida no ataca el rezago pospandémico y puede profundizar las brechas. Erik Avilés, de Mexicanos Primero en Michoacán, afirmó:
“Es una declaración de política pública que dice que el Estado prefiere que los niños avancen en documentos aunque no en conocimiento. Aprobar sin aprender no es garantizar el derecho a la educación; es garantizar la ficción de la educación.”
Avilés señaló que eliminar la reprobación como señal de alerta impide identificar a quienes requieren apoyo. También criticó que un alumno pueda avanzar con hasta cuatro materias no acreditadas, pues las escuelas carecen de condiciones para la regularización.
Paulina Amozurrutia, de Educación con Rumbo, sostuvo:
“Quitarle valía a la evaluación y no tomarla como punto indispensable para el cambio de ciclo escolar agranda la brecha educativa. Estas determinaciones son más políticas que pedagógicas.”
Amozurrutia también cuestionó la eliminación de la asistencia como criterio de no acreditación. Advirtió que el ausentismo afecta el desempeño individual y grupal, y que sin estrategias de recuperación, la calidad educativa se deteriora.
Los expertos coinciden en que reducir el abandono escolar requiere políticas integrales: becas, alimentación, transporte y apoyo psicosocial, no solo flexibilizar la evaluación.
