El segundo acto de Sheinbaum: una reforma electoral recortada
Tras el sonoro portazo que recibió la semana pasada en la Cámara de Diputados, Claudia Sheinbaum no se quedó de brazos cruzados. Este martes presentó su ‘Plan B’, una nueva propuesta de reforma electoral que busca recortar gastos pero con un enfoque más quirúrgico que el anterior.
La primera iniciativa, que proponía reducir a lo bestia los fondos para partidos y la autoridad electoral, fue rechazada incluso por sus propios aliados. Fue un golpe duro para la mandataria. Ahora vuelve a la carga, pero con cambios tácticos.
Menos privilegios, más control
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue clara en la mañanera: se busca “menos privilegios y más participación ciudadana”. El núcleo de esta nueva propuesta apunta directamente a los bolsillos.
“Deben asumir el compromiso de gastar lo justo. Generar ahorros que puedan ser invertidos en infraestructura social, en los municipios”, declaró Rodríguez.
Aquí está lo concreto: los congresos locales no podrán gastar más del 0.7% del presupuesto estatal. Se reducen las regidurías en los ayuntamientos a un máximo de 15. Y hay un ajuste clave: ningún funcionario electoral podrá ganar más que la propia presidenta.
Se eliminan bonos, seguros médicos mayores y otros ingresos adicionales para estos cargos. Es un mensaje político tan claro como contundente.
El punto caliente: el dinero de los partidos
Este era el campo minado donde explotó la primera iniciativa. Los aliados de Morena –PT y Verde– se plantaron ante recortes que afectaban especialmente a partidos pequeños. Sheinbaum aprendió la lección.
Ahora propone reformas a leyes secundarias para evitar que dirigentes partidistas ganen más que ella, y obliga a una mayor transparencia financiera. Pero no toca directamente el presupuesto base de las fuerzas políticas.
En cambio, busca darle dientes a la fiscalización: que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda revisar gastos de campaña y evitar recursos ilícitos o financiamiento extranjero. Es un giro estratégico: menos recorte frontal, más control.
Sheinbaum descartó someter este tema a consulta ciudadana –otra petición de sus aliados– argumentando que ya hay mecanismos suficientes.
Otros cambios sobre la mesa
La reforma mantiene la consulta de revocación de mandato, pero propone celebrarla el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno (2027 o 2028). También acelera los cómputos electorales: comenzarían al llegar el primer paquete, sin esperar días como ahora.
Y hay un recorte progresivo para el Senado: hasta un 15% menos del presupuesto actual. Cada peso cuenta en este nuevo escenario.
Lo que nos dice este segundo acto
Sheinbaum está jugando ajedrez político tras su primer movimiento fallido. Esta ‘Plan B’ es menos ambiciosa en alcance pero más precisa en sus objetivos. Reduce gastos sin estrangular a los partidos pequeños –el error anterior– y concentra su narrativa en privilegios versus austeridad.
Es teatro político puro: mostrar firmeza tras una derrota parlamentaria, ajustar la estrategia sin perder el rumbo original. La presidenta sabe que cada decisión tiene consecuencias reales –su padre se lo enseñó– y esta vez parece haber calculado mejor sus pasos.
El Congreso tendrá la última palabra. Pero después del portazo inicial, Sheinbaum al menos ha logrado reabrir la conversación con una propuesta que parece diseñada para generar menos resistencia. El segundo acto comienza.
