Sheinbaum defiende registro de celulares como medida de seguridad
La polémica está servida. Y esta mañana, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó a defender con uñas y dientes el registro nacional de celulares que acaba de entrar en vigor. Su mensaje fue claro y directo: esto no es un Gran Hermano, es una herramienta contra el crimen.
En su conferencia mañanera de este martes, Sheinbaum despejó dudas—o al menos intentó hacerlo—sobre el verdadero propósito del polémico padrón. “El registro que es muy importante para garantizar la seguridad, particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia”, afirmó con contundencia.
El mecanismo detrás del registro
Aquí está el meollo del asunto, según la explicación presidencial. El proceso no lo maneja directamente el gobierno. “Es la propia empresa telefónica la que hace el registro y responsable de cuidar la información”, aclaró Sheinbaum. Un dato crucial: son más de 158 millones de líneas móviles las que existen en el país, una cifra que supera incluso a la población total.
La presidenta estructuró su argumento en una cadena lógica simple:
- Las compañías telefónicas recopilan y custodian los datos.
- Las autoridades solo pueden solicitar acceso a esa información si un dispositivo móvil está vinculado a un delito comprobado, como extorsión o fraude.
- Sin una investigación penal en curso, los datos permanecen bajo llave en las empresas.
“Y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes, de seguridad o de procuración de justicia, solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito”, detalló.
Este punto es fundamental. Sheinbaum insistió repetidamente en que el acceso gubernamental no es libre ni indiscriminado. Se necesita una causa judicial, una investigación abierta. La narrativa oficial busca dibujar una línea muy clara entre seguridad pública y vigilancia masiva.
Pero claro, en un país con historial complejo en temas de vigilancia y derechos digitales, las declaraciones generan más preguntas. ¿Qué garantías existen reales sobre ese acceso restringido? ¿Cómo se audita ese proceso? La presidenta no entró en esos detalles técnicos—y ahí es donde suele residir el diablo.
El contexto no es menor. México vive una epidemia de extorsiones telefónicas. Las llamadas amenazadoras desde cárceles o centros de operación criminal son pan nuestro de cada día para miles. El gobierno argumenta que este registro permitirá rastrear con mayor agilidad esos números utilizados para fines ilícitos.
Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en privacidad llevan años advirtiendo sobre los riesgos: bases de datos masivas que pueden ser vulneradas, usadas para fines políticos o convertirse en un instrumento de control social. Sheinbaum intentó hoy cerrar esa puerta al miedo: “Quien guarda la información son las telefónicas”, repitió como un mantra.
Al final, su conferencia dejó sobre la mesa un debate viejo pero siempre vigente: el eterno equilibrio entre seguridad colectiva y libertad individual. La administración apuesta por priorizar lo primero, argumentando procedimientos estrictos. La ciudadanía y los observadores seguirán preguntándose—con razón—por los mecanismos concretos que evitarán los abusos.
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