Fiscalía mexicana reduce drásticamente el combate a la piratería
La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha registrado un descenso pronunciado y sostenido en la apertura de investigaciones y en la persecución de delitos vinculados a la falsificación de marcas y a la piratería de derechos de autor. Esta situación se ha desarrollado a pesar de las persistentes preocupaciones y reclamos formales por parte de Estados Unidos, que identifica a México como un foco significativo de infracciones a la propiedad intelectual.
El análisis de los datos oficiales proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública revela una tendencia alarmante. Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra de indagatorias iniciadas por estos ilícitos se ha desplomado en más de un 50 por ciento en comparación con el sexenio anterior. En ciertas categorías específicas, la actividad ha sido prácticamente nula.
Un desplome estadístico en la aplicación de la ley
Las estadísticas son elocuentes y muestran un claro relajamiento en la aplicación de la ley. En lo que respecta a los delitos contemplados en la Ley Federal de Derecho de Autor, la actividad de la FGR ha sido inexistente. Desde 2019 y hasta el primer semestre de 2025, no se ha iniciado una sola carpeta de investigación por estos conceptos. El último año con registros de actividad fue 2018, con apenas cuatro expedientes, una cifra ínfima si se contrasta con los 869 casos que manejaba la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2012.
La situación en el ámbito de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que persigue delitos como la falsificación de marcas, no es mejor. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2018), la institución ministerial abrió 12,431 carpetas de investigación. En cambio, durante el periodo equivalente de la actual administración (2019-2024), esa cifra se redujo a 8,261 expedientes, lo que representa una caída del 33.5 por ciento.
El retroceso es aún más severo al examinar los delitos de derechos de autor contenidos directamente en el Código Penal Federal. En el sexenio anterior se iniciaron 4,512 indagatorias, mientras que en el actual apenas se han registrado 2,065, una reducción del 54.2 por ciento que evidencia un cambio radical en las prioridades de la política de persecución de delitos.
Preocupación internacional y justificación de expertos
Esta inacción no ha pasado desapercibida en el escenario internacional. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), en su Informe Especial 301 de 2025, ubicó a México como uno de los territorios con mayores niveles de piratería, incluyendo productos digitales como software y videojuegos. El reporte es contundente: “México actualmente opera con recursos reducidos para numerosas agencias gubernamentales. Las investigaciones y procesamientos criminales por falsificación de marcas comerciales y piratería de derechos de autor parecen ser inexistentes, con la FGR fallando en reportar cualquier estadística de aplicación de Propiedad Intelectual durante los últimos cinco años”.
Abogados y especialistas mexicanos en propiedad intelectual coinciden en que la preocupación de la nación vecina está plenamente justificada. Señalan que, más allá de los recursos, existen lagunas legales y problemas estructurales que impiden una protección efectiva. Arturo Rodríguez, experto en derecho editorial, explicó que una reforma de 2015 al Código Penal, que permitía perseguir estos delitos sin necesidad de una denuncia previa, generó un efecto contraproducente. La modificación, en la práctica, dejó al Ministerio Público sin los incentivos institucionales ni los recursos logísticos necesarios para realizar indagatorias complejas de oficio.
Por su parte, el especialista Daniel Legaspi añadió otro obstáculo legal fundamental: la falta de reglamentación. Reconoció que, a pesar de que se aprobaron modificaciones sustanciales a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Derecho de Autor en 2020, hasta la fecha no se han expedido los reglamentos necesarios para aplicar dichas reformas. Esta omisión normativa deja a las autoridades sin el marco procedural claro y actualizado que necesitan para actuar con eficacia, creando un vacío que es explotado por las redes de falsificación y piratería.
La combinación de una voluntad política disminuida, la falta de recursos asignados, reformas mal implementadas y la ausencia de reglamentos actualizados ha creado un entorno donde la impunidad para los delitos contra la propiedad intelectual es la norma. Esto no solo afecta a los titulares de derechos, sino que debilita la economía formal, desincentiva la innovación y el desarrollo creativo nacional, y expone a los consumidores a productos de calidad inferior y potencialmente peligrosos.
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