Un cambio de rumbo en la política pensionaria federal
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2026 presenta un giro significativo en la asignación de recursos destinados al gasto pensionario. Por primera vez desde 2018, se observa una contracción específica en los montos asignados a las instituciones de seguridad social más grandes del país: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Aunque el monto global para pensiones alcanzará los 2.3 billones de pesos, representando un incremento general del 3.7 por ciento, este crecimiento es el más bajo registrado en los últimos siete años, muy por debajo del promedio histórico del 8.5 por ciento.
La redistribución del gasto: contributivas vs. no contributivas
El análisis pormenorizado realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) detecta una clara divergencia en la destinación de fondos. Mientras que el presupuesto para pensiones contributivas —aquellas en las que existe una cotización previa de trabajadores, empresas y Gobierno— experimentará un aumento marginal de apenas el 0.05 por ciento, concentrando 1.7 billones de pesos, las pensiones no contributivas administradas por la Secretaría del Bienestar recibirán un incremento sustancial del 13.5 por ciento, alcanzando los 619,703 millones de pesos.
Dentro de esta reasignación, el IMSS sufrirá una reducción presupuestal del 2.5 por ciento y el ISSSTE del 2.3 por ciento para sus programas pensionarios. Esta decisión es particularmente notable si se considera el contexto demográfico: ambas instituciones enfrentan un crecimiento anual constante de aproximadamente el 3 por ciento en su base de pensionados, un fenómeno impulsado por el envejecimiento progresivo de la población. El CIEP califica el modesto incremento propuesto para este rubro como “poco creíble”, subrayando que las pensiones deben actualizarse, como mínimo, conforme a la inflación y a la presión demográfica inherente.
El crecimiento exponencial de los programas de bienestar
El contrapeso a las reducciones en seguridad social lo encuentra el presupuesto en el notable crecimiento de los programas sociales de transferencia directa. El más significativo es el de la Pensión para el Bienestar de las Mujeres, destinado a mujeres de 60 a 64 años, cuyo presupuesto se incrementa en un 266 por ciento. Esta expansión fiscal busca ampliar la cobertura para beneficiar a aproximadamente 3 millones de mujeres dentro de ese rango etario, un objetivo central de la política social de la actual administración.
Otros programas de la Secretaría del Bienestar también registran alzas considerables: el presupuesto para la Pensión para Adultos Mayores crecerá un 5.2 por ciento, mientras que los recursos para la Pensión para Personas con Discapacidad se incrementarán en un 20.8 por ciento. Este enfoque refleja una priorización política explícita hacia los apoyos no contributivos, lo que genera un debate sobre la sostenibilidad a largo plazo y el equilibrio entre los diferentes sistemas de protección social.
Presión sobre las finanzas públicas y desafíos futuros
La magnitud del gasto pensionario, que equivale a 2.3 veces el presupuesto destinado a salud, 1.9 veces el de educación y 1.8 veces el de inversión, continúa ejerciendo una presión estructural sobre las finanzas públicas de la nación. El CIEP alerta que esta desproporción impide financiar adecuadamente otros derechos constitucionales fundamentales. Como ejemplo ilustrativo, el Gobierno propone gastar 2.1 veces más en pensiones que en todos los programas agrupados en el Anexo Transversal 18, destinado a la protección y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Ante este escenario de desigualdad en la asignación y la insostenibilidad futura del gasto, el organismo de investigación señala la imperiosa necesidad de valorar una discusión seria sobre una reforma fiscal integral. Aunque en 2020 y 2024 se implementaron reformas al sistema de pensiones, éstas se centraron principalmente en esquemas de contribución definida para los nuevos trabajadores y no abordaron los retos fiscales que plantea el gasto asociado a la denominada generación de transición, cuyo derecho pensionario se rige por las leyes anteriores y representa una carga financiera creciente.
La rigurosidad de los datos expuestos por el CIEP, contrastando el incremento presupuestado del 0.05% con el crecimiento real del gasto observado a julio de 2025 (6.6%), sugiere una posible subestimación en los cálculos oficiales. Esto plantea interrogantes sobre la viabilidad de la propuesta y la posibilidad de que se requieran ajustes posteriores o subejercicios, lo que podría impactar directamente en la seguridad económica de millones de jubilados.
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