La Comisión de Hacienda y el Arte de “Descafeinar” una Reforma
Parece que en la Comisión de Hacienda han descubierto una nueva fórmula mágica: tomar una iniciativa presidencial con cierto grado de ambición y, con la delicadeza de un elefante en una cacharrería, proceder a “descafeinarla”. Y vaya si lo han logrado. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para modernizar la anticuada Ley Aduanera ha pasado por las manos de nuestros brillantes diputados y diputadas federales, y ha salido… bueno, más suave, más ligera, menos molesta para los intereses establecidos. Qué sorpresa, ¿verdad?
La idea original, que uno podría tildar de osada en un país donde la palabra “reforma” suele ser sinónimo de “dejemos todo como está”, proponía que la patente de agente aduanal tuviera una vigencia de diez años, con posibilidad de prórroga. Una década. Suficiente tiempo para planificar, invertir y, quién sabe, tal vez hasta para cometer algunos errores de los que aprender. Pero, ¡ay!, los honorables legisladores, en su infinita sabiduría, decidieron que diez años era un plazo terriblemente agresivo, casi una tiranía para los pobres agentes aduanales. Así que, en un acto de magnanimidad sin precedentes, lo duplicaron. Sí, ha leído bien: veinte años, con opción a otros veinte más. Porque, claramente, cuarenta años de vigencia es el estímulo perfecto para mantenerse competitivo y ágil en un mundo globalizado que cambia a la velocidad de la luz. ¿Quién necesita innovación cuando puedes tener estabilidad garantizada hasta la jubilación?
Argumentos que Deslumbran por su Originalidad (y por su Conveniencia)
¿Y cuál es la justificación para este generoso regalo temporal? Pues, según el proyecto de dictamen que circula entre los corrillos del poder, se trata de brindar mayor certeza a los agentes respecto a las inversiones que han realizado en infraestructura y capacitación. Por supuesto. Porque todos sabemos que un negocio que opera en el dinámico sector del comercio exterior necesita casi medio siglo de seguridad jurídica para atreverse a comprar unos cuantos ordenadores y mandar a su personal a un curso. La lógica es impecable: para garantizar que las funciones se ejerzan de “forma continua y profesional”, lo mejor es eliminar cualquier revisión frecuente que pudiera, no sé, fomentar esa misma profesionalización continua. Es una estrategia audaz, sin duda.
Pero el festival de las concesiones no termina ahí. La iniciativa presidencial también tenía la ocurrencia de obligar a los agentes aduanales a certificarse cada dos años. La idea era tan descabellada como asegurarse de que quien maneja los intrincados y siempre cambiantes trámites de aduana esté, efectivamente, actualizado. Una locura. Afortunadamente, nuestros representantes en la Comisión de Hacienda, tras escuchar las súplicas de las autoridades aduanales (que, por una extraña coincidencia, suelen tener una relación muy cercana con los agentes), decidieron que eso era demasiada presión. Así que, en otro alarde de compasión, extendieron el plazo a cada tres años. El argumento: evitar “mayores cargas administrativas”. Porque, seamos sinceros, ¿qué es más importante? ¿Mantener altos estándares de competencia en un sector clave para la economía nacional, o evitarle un papeleo extra a un puñado de empresas? La respuesta, al parecer, es obvia para nuestros legisladores.
Todo este prodigio de la negociación política se gestó en una serie de reuniones entre los diputados y las autoridades aduanales, quienes muy comedidamente pidieron “relajar” los plazos por considerarlos “muy severos”. Es conmovedor ver cómo la severidad se mide en años entre revisiones, y no, digamos, en la eficacia para combatir la corrupción o la agilización de las operaciones de comercio. El resultado es un proyecto de dictamen que parece más un tratado de paz con un lobby poderoso que una genuina reforma modernizadora. Y por si alguien albergaba dudas sobre el compromiso con la celeridad, la sesión para discutir y votar este esperpento fue pospuesta sin mayores contemplaciones. Porque, total, para qué apresurar algo que ya ha sido convenientemente despojado de todo su potencial transformador.
En el fascinante mundo de la legislación mexicana, una reforma que prometía inyectar un poco de rigor y periodicidad en un sector vital ha sido meticulosamente transformada en un ejercicio de mantenimiento del statu quo. Se cambian los plazos, se alargan las vigencias, se reducen las frecuencias de evaluación, y todo ello envuelto en el lenguaje de la “certeza jurídica” y la “estabilidad financiera”. Es casi poético. Mientras tanto, el contribuyente, el importador ocasional y la economía en general se quedan mirando, preguntándose si de verdad era necesario tanto aspaviento para llegar a un resultado tan… cómodo para unos cuantos. La próxima vez que oiga hablar de una “reforma de fondo”, ya sabe: espere sentado, y prepárese para ver cómo la descafeinan.
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