Protestas del sector primario paralizan vías de comunicación estratégicas
Una coalición de organizaciones campesinas y de transportistas ejecutó este lunes 24 de noviembre una serie de cierres viales masivos en los principales accesos del territorio nacional. Esta movilización, que forma parte de una jornada de protesta coordinada, tiene como objetivo exigir a las autoridades precios equitativos para los productos agropecuarios, un reforzamiento sustancial de la seguridad en las carreteras y la implementación de medidas contundentes para erradicar las extorsiones sistemáticas que impactan tanto a los productores del campo como a los operadores logísticos.
Las manifestaciones han generado alteraciones significativas en la circulación vehicular y considerables retrasos en la cadena de suministro, particularmente en el traslado de mercancías con destino a Estados Unidos. La fluidez del comercio fronterizo, del cual dependen diariamente centenares de compañías, se ha visto severamente comprometida. El estado de Chihuahua se ha erigido como el epicentro de las movilizaciones, registrando el mayor número de interrupciones, las cuales incluyen el bloqueo de autopistas, casetas de cobro, puentes e incluso un tramo de la red ferroviaria.
Puntos críticos afectados por las interrupciones
El panorama de afectaciones es extenso y comprende el cierre de cruces internacionales de carga, la carretera Jiménez–Chihuahua, el puente Lázaro Cárdenas y la caseta fitosanitaria de Camargo. Asimismo, se reportan bloqueos en la caseta de Villa Ahumada y en diversos tramos de la vital carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, donde se decretó la prohibición total del paso a vehículos de carga pesada. Otras vías impactadas incluyen la carretera Gómez Palacio–Jiménez, la Flores Magón–Galeana y la Ascensión–Janos. De manera particularmente crítica, los manifestantes han tomado las vías del ferrocarril en la línea México–Ciudad Juárez. En la frontera norte, los cruces de carga Zaragoza–Ysleta y Jerónimo–Santa Teresa permanecen clausurados, estrangulando el flujo comercial binacional.
Postura de los manifestantes y respuesta institucional
En vísperas de las protestas, la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado público para mantener abiertos los canales de diálogo y evitar perjuicios a la ciudadanía. No obstante, los representantes del sector agropecuario emitieron una advertencia contundente: de no atenderse sus peticiones, podrían emprender “acciones drásticas que resonarán en todo México“. Los agricultores y ganaderos subrayaron que su lucha es de naturaleza pacífica, pero está motivada por un profundo “hartazgo” ante la ausencia de soluciones concretas en materia de seguridad pública y la defensa de sus derechos sobre el agua.
Un portavoz del Movimiento Agrícola Campesino declaró: “El campo y el transporte están exhaustos. Ya nos cansamos de promesas sin cumplir“. El colectivo hizo un enérgico llamado a la unidad para frenar lo que denominan un despojo continuo de sus recursos y el abandono histórico del sector rural. Los líderes sociales aseguraron que no pretenden la confrontación, pero solicitaron al gobierno federal que no subestime su determinación y la legitimidad de sus demandas.
Frente a la escalada de los cierres, la Segob reiteró en la mañana su total disposición al diálogo constructivo y urgió a las organizaciones a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa. La dependencia federal sostuvo que el intercambio institucional es la vía idónea para canalizar las inquietudes y edificar soluciones de manera conjunta, minimizando las afectaciones a la población en general y a la actividad económica.
Como parte de esta estrategia de conciliación, la Secretaría de Gobernación convocó a una mesa de trabajo multidisciplinaria a las 11:00 horas en sus instalaciones centrales. A esta reunión fueron citadas la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Economía y equipos técnicos de la propia Segob, con el objetivo fundamental de avanzar en la agenda de temas planteados por los productores y transportistas, buscando desactivar la crisis y encontrar salidas viables.
Esta paralización evidencia la profunda crisis que atraviesan sectores clave de la economía nacional y subraya la urgente necesidad de políticas públicas integrales que atiendan las demandas de seguridad, justicia económica y sostenibilidad para el campo mexicano. La resolución de este conflicto tendrá repercusiones directas en la estabilidad de la cadena de suministro nacional e internacional.
¿Te parece relevante esta información?Comparte este análisis en tus redes sociales para mantener informada a tu comunidad y explora más contenido relacionado con la actualidad económica y social en nuestro sitio.
