La regidora 13 del Ayuntamiento y presidenta de la Comisión de Bienestar Animal, Priscila Labastida, anunció el diseño de una política pública municipal integral en materia de protección animal, la cual abarcará no solo a perros y gatos, sino también a la fauna silvestre y agrícola que forma parte del entorno cotidiano del municipio.

La edil explicó que uno de los ejes centrales de este proyecto será el fortalecimiento de la información hacia la ciudadanía, ante el vacío existente sobre cómo y ante qué instancias se deben denunciar los casos de maltrato animal.

“Como ciudadanos muchas veces no sabemos con quién acudir, y eso genera temor a la denuncia. Queremos evitar la denuncia anónima y que las personas puedan poner su nombre con el respaldo de seguridad y atención ciudadana”, señaló.

Labastida subrayó que la intención es consolidar la protección animal como una verdadera política pública municipal, con acciones claras, acompañamiento institucional y mecanismos que generen confianza para que la población denuncie de manera responsable.

Para avanzar en este objetivo, informó que la Comisión de Bienestar Animal abrirá mesas de trabajo, diálogo y propuestas, en las que participarán tanto las direcciones correspondientes del Ayuntamiento como la sociedad civil organizada y asociaciones dedicadas a la defensa y cuidado de los animales.

Detalló que estas mesas abordarán de manera integral la protección de animales domésticos, fauna silvestre y fauna agrícola, al considerar que todos forman parte del ecosistema y de la vida diaria de las y los habitantes del municipio.

“La intención de la comisión es trabajar de la mano con la sociedad civil. Mucho de lo que se ha avanzado en bienestar animal ha sido gracias a las propuestas y al esfuerzo de la misma ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, la regidora destacó que este esquema de participación permitirá construir políticas públicas más efectivas, sensibles y acordes a la realidad local, colocando el bienestar animal como un tema prioritario dentro de la agenda pública municipal.

Fiscal General rechaza persecución y defiende actuar de la FGE ante el Congres

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, defendió el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) y rechazó de manera categórica que la institución incurra en persecución contra periodistas, profesionistas o grupos específicos, al tiempo que abordó temas relacionados con el caso del periodista Rafael N., las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y su postura frente a las recomendaciones en materia de derechos humanos.

Ante diputados locales, la titular de la FGE subrayó que las órdenes de aprehensión no constituyen actos de persecución, sino mecanismos legales para conducir a una persona ante un juez por hechos determinados. Aclaró que corresponde al Poder Judicial definir la clasificación legal de los delitos al momento de dictar un auto de vinculación a proceso.

En ese contexto, se refirió al caso del periodista Rafael N., quien, dijo, fue vinculado a proceso por los delitos contra las instituciones de seguridad pública y encubrimiento por favorecimiento, además de contar con una medida cautelar que continúa vigente.

“No hay una persecución sistemática por parte de esta fiscalía; somos respetuosos del ejercicio profesional de periodistas y comunicadores, cuya labor es ética y fundamental para la sociedad”, afirmó Jiménez Aguirre.

En otro tema, la fiscal general explicó que las investigaciones relacionadas con la UPAV se derivan de imputaciones por presuntos delitos como ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado e incumplimiento del deber legal, principalmente contra ex servidores públicos, entre ellos el ex rector y colaboradores cercanos.

Si bien reconoció que existen más personas implicadas, señaló que, por la secrecía de las investigaciones y para garantizar su eficacia, no es posible revelar nombres en este momento. No obstante, aseguró que las indagatorias abarcan no solo a quienes ejecutaron los actos, sino también a toda la cadena de decisiones, autorizaciones y omisiones.

“Pueden tener la certeza de que no va a haber impunidad”, enfatizó.

Respecto a la reparación del daño, indicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla mecanismos como la inmovilización de cuentas y el embargo precautorio, los cuales serán utilizados para garantizar los derechos de las víctimas.

Sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuvo que serán analizadas caso por caso, al considerarlas una oportunidad para fortalecer a la institución. Detalló que ya aceptó dos recomendaciones de la CNDH y una de la Comisión Estatal, relacionadas con desaparición de personas y actos de tortura.

“Tenemos que identificar qué falló, fortalecer controles, capacitar al personal y fincar responsabilidades a los servidores públicos que, por acción u omisión, afectaron el acceso a la justicia de las víctimas”, expresó.

Finalmente, al referirse a las investigaciones por delitos cometidos contra periodistas y otros casos relevantes, informó que se han desplegado grupos de policías ministeriales tanto de la Fiscalía Especializada como de la Fiscalía de Poza Rica. Reconoció que existen retos técnicos, como el desbloqueo de teléfonos para obtener información, pero aseguró que las indagatorias se realizan de manera minuciosa y exhaustiva.

“Por secrecía no puedo revelar líneas de investigación, pero tengan la certeza de que estamos siendo puntuales en todos los casos donde hay víctimas, porque es nuestra obligación”, concluyó la fiscal general.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la planeación del proyecto Carpeta de Investigación Digital, una estrategia integral que busca modernizar la procuración de justicia en Veracruz, agilizar trámites y mejorar la atención a las víctimas del delito mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Durante su comparecencia ante diputadas y diputados locales, la fiscal general del estado, Lisbeth Jiménez Aguirre, explicó que el nuevo sistema permitirá a la ciudadanía presentar denuncias en línea, evitando largas jornadas de espera en trámites presenciales. Además, facilitará el seguimiento automatizado de las carpetas de investigación.

Detalló que la plataforma digital permitirá clasificar y “semaforizar” los casos de acuerdo con su impacto social, lo que contribuirá a una mejor toma de decisiones y a la priorización de los asuntos de mayor relevancia.

La fiscal precisó que el proyecto contempla una primera etapa de seis meses para diagnóstico y diseño, seguida de una segunda fase de seis meses para su implementación, por lo que, una vez en operación, representará un avance significativo en la eficiencia institucional y en la atención a las víctimas.

Como parte de este proceso de modernización, Jiménez Aguirre informó que la FGE ya desarrolló una plataforma digital para la expedición de constancias de extravío, mediante la cual las personas podrán obtener documentos relacionados con la pérdida de placas vehiculares, pasaportes, licencias u otros objetos, sin necesidad de acudir al Ministerio Público.

Indicó que la prueba piloto de este sistema comenzará en febrero próximo, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios antes de su implementación a gran escala.

Asimismo, dio a conocer que se trabaja en la creación de Subunidades Integrales de Procuración de Justicia en el municipio de Emiliano Zapata, que beneficiarán a habitantes de Apazapan, Actopan y Jalcomulco, así como en Lerdo de Tejada, donde se brindará atención a pobladores de Saltabarranca y Ángel R. Cabada.

Estas acciones, señaló, buscan reducir los traslados de la ciudadanía, despresurizar las unidades de San Andrés Tuxtla y Xalapa, y garantizar un acceso más cercano, eficiente y digno a la justicia, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.

Con estas medidas, la Fiscalía General del Estado avanza hacia un modelo de procuración de justicia más ágil, accesible y centrado en las necesidades de la población veracruzana.