Fiscal General rechaza persecución y defiende actuar de la FGE ante el Congres
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, defendió el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) y rechazó de manera categórica que la institución incurra en persecución contra periodistas, profesionistas o grupos específicos, al tiempo que abordó temas relacionados con el caso del periodista Rafael N., las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y su postura frente a las recomendaciones en materia de derechos humanos.
Ante diputados locales, la titular de la FGE subrayó que las órdenes de aprehensión no constituyen actos de persecución, sino mecanismos legales para conducir a una persona ante un juez por hechos determinados. Aclaró que corresponde al Poder Judicial definir la clasificación legal de los delitos al momento de dictar un auto de vinculación a proceso.
En ese contexto, se refirió al caso del periodista Rafael N., quien, dijo, fue vinculado a proceso por los delitos contra las instituciones de seguridad pública y encubrimiento por favorecimiento, además de contar con una medida cautelar que continúa vigente.
“No hay una persecución sistemática por parte de esta fiscalía; somos respetuosos del ejercicio profesional de periodistas y comunicadores, cuya labor es ética y fundamental para la sociedad”, afirmó Jiménez Aguirre.
En otro tema, la fiscal general explicó que las investigaciones relacionadas con la UPAV se derivan de imputaciones por presuntos delitos como ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado e incumplimiento del deber legal, principalmente contra ex servidores públicos, entre ellos el ex rector y colaboradores cercanos.
Si bien reconoció que existen más personas implicadas, señaló que, por la secrecía de las investigaciones y para garantizar su eficacia, no es posible revelar nombres en este momento. No obstante, aseguró que las indagatorias abarcan no solo a quienes ejecutaron los actos, sino también a toda la cadena de decisiones, autorizaciones y omisiones.
“Pueden tener la certeza de que no va a haber impunidad”, enfatizó.
Respecto a la reparación del daño, indicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla mecanismos como la inmovilización de cuentas y el embargo precautorio, los cuales serán utilizados para garantizar los derechos de las víctimas.
Sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuvo que serán analizadas caso por caso, al considerarlas una oportunidad para fortalecer a la institución. Detalló que ya aceptó dos recomendaciones de la CNDH y una de la Comisión Estatal, relacionadas con desaparición de personas y actos de tortura.
“Tenemos que identificar qué falló, fortalecer controles, capacitar al personal y fincar responsabilidades a los servidores públicos que, por acción u omisión, afectaron el acceso a la justicia de las víctimas”, expresó.
Finalmente, al referirse a las investigaciones por delitos cometidos contra periodistas y otros casos relevantes, informó que se han desplegado grupos de policías ministeriales tanto de la Fiscalía Especializada como de la Fiscalía de Poza Rica. Reconoció que existen retos técnicos, como el desbloqueo de teléfonos para obtener información, pero aseguró que las indagatorias se realizan de manera minuciosa y exhaustiva.
“Por secrecía no puedo revelar líneas de investigación, pero tengan la certeza de que estamos siendo puntuales en todos los casos donde hay víctimas, porque es nuestra obligación”, concluyó la fiscal general.
