La versión oficial frente a la presión internacional
La Secretaría de Medio Ambiente salió al quite este domingo. El Congreso de Estados Unidos la tiene en la mira por el caso de la empresa Vulcan Materials en Quintana Roo. Legisladores gringos hablan de una “campaña coordinada” contra la compañía. Por eso aprobaron una nueva ley para proteger inversiones extranjeras.
Traducción: quieren establecer consecuencias para países que, según Washington, afecten propiedades de empresas estadounidenses en el exterior. Un guiño bastante directo.
“No existe ninguna expropiación ni confiscación de activos”
Esa fue la aclaración contundente de Semarnat. Los terrenos involucrados, insisten, siguen siendo propiedad de Vulcan. Lo único que hay es restricción de actividades extractivas dentro del Área Natural Protegida “Felipe Carrillo Puerto”. Punto.
Los congresistas estadounidenses alegan que durante años intentaron la vía diplomática sin resultados. Ahora pasan a medidas más firmes. Defienden intereses económicos, claro está.
El verdadero conflicto está bajo tierra
Lo que Semarnat presenta como protección ambiental, desde Washington se ve como un ataque a intereses comerciales. La reserva se declaró durante el gobierno de López Obrador, suspendiendo la operación de Vulcan.
Mientras tanto, la defensa de recursos naturales se volvió caballo de batalla en la agenda política nacional. Cada lado cuenta su propia verdad. México habla de soberanía y ecología. Estados Unidos, de seguridad jurídica para sus inversionistas.
La memoria es corta, pero los precedentes legales son largos. Esto huele a otro capítulo de esa vieja pelea entre desarrollo económico y conservación ambiental. Con el añadido jugoso de la geopolítica.
Semarnat juega sus cartas: actuamos por la ley ambiental, no contra una empresa específica. Veremos si ese argumento resiste la presión que viene del norte.
