¡Se acabó el disfraz!
La Suprema Corte le puso un alto a las empresas de seguridad privada que intentaban sonar como si fueran autoridades de verdad. Por unanimidad, los ministros avalaron que no puedan usar palabras como “policía”, “agente” o “federal” en sus nombres. ¿La razón? Simple: que la gente no se confunda y sepa quién es quién.
El caso que destapó todo
Todo empezó cuando una empresa quiso registrarse como “fuerzas especiales” y la Secretaría de Seguridad le dijo: “Nel, eso suena a militares”. La empresa se amparó, pero el juez no le dio entrada. Y ayer, el pleno de la Corte, con Lenia Batres al frente (sustituyendo al presidente ausente), dejó claro que la ley es clara como el agua.
“Aunque colaboren en tareas de seguridad, no forman parte de instituciones oficiales. La seguridad jurídica implica que las personas sepan con claridad quién ejerce funciones de autoridad y quién no”, explicó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, recién reincorporada tras una licencia médica.
¿Por qué esto importa?
Mira, aquí no es solo un pleito de nombres. Es que en un país donde la confianza en las instituciones es frágil, que una empresa privada se ponga etiqueta de “federal” o “investigador” puede ser peligroso. La gente puede pensar que tiene respaldo oficial cuando no es así. La Corte lo vio claro: no es censura, es proteger al ciudadano de confusiones que pueden costar caro.
La ministra Batres, conocida como “la ministra del Pueblo”, fue tajante: la ley no es ambigua, es precisa. Y con este fallo, queda claro: si eres empresa privada, presume tu trabajo, pero no te vistas de autoridad. Eso es solo para los que realmente tienen el poder del Estado.
