La jueza que le dijo ‘no’ a la Fiscalía
La magistrada Mariana Vieyra Valdés acaba de dar una lección de derecho procesal básico. En un movimiento que huele a victoria pírrica para la defensa, autorizó reabrir por tres meses la investigación contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
El motivo es tan simple como escandaloso. La Fiscalía General de la República (FGR) le había negado a los abogados el acceso completo al expediente. Sí, leyó bien. La institución que debe perseguir delitos organizados y tráfico de combustible actuaba como si el derecho a la defensa fuera un privilegio, no una garantía.
La jueza determinó que la FGR deberá permitir la consulta íntegra de la carpeta de investigación y entregar un inventario detallado.
Traducción: muestren todo lo que tienen. O lo que dicen tener. Porque aquí está el detalle que ningún boletín oficial menciona. ¿Por qué una Fiscalía oculta información en un caso de esta magnitud? ¿Ineficiencia? ¿Estrategia? ¿O hay algo en esos papeles que incomoda más allá del acusado?
Farías Laguna está en el Altiplano, acusado de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos. Son cargos graves, del tipo que suelen venir con operativos espectaculares y ruedas de prensa triunfalistas. Pero los procesos judiciales no se ganan con espectáculo, sino con pruebas.
Y las pruebas, al parecer, estaban bajo llave.
La decisión judicial es importante, sí. Pero más importante es preguntarse por qué fue necesaria. En un estado de derecho, la transparencia no debería ser una concesión graciosa de un juez. Debería ser la regla.
Ahora los peritos de la defensa tendrán tres meses para revisar hasta la última evidencia digital. Tres meses para ver si lo que hay en la carpeta coincide con lo que se ha dicho en público.
La memoria es corta, pero los expedientes judiciales no. Ya veremos qué encuentran cuando finalmente les abran las cajas.
