La justicia exige acción ante una investigación estancada
¡La justicia no puede esperar! Una jueza federal ha alzado la voz para exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) que cumpla con su deber: concluir de una vez por todas la investigación por el delito de tortura contra Abel Silva Petriciolet, líder de la temible banda “Los Petriciolet“. Desde 2013, este caso ha estado en un limbo, sin avances concretos, y hoy la magistrada Jovita Vargas Alarcón ha dicho ¡basta!
Un amparo que revela omisiones inaceptables
La jueza, conocida por sus decisiones firmes, ha concedido un amparo a Silva Petriciolet, no para protegerlo, sino para destacar la grave omisión de la FGR en investigar los presuntos actos de tortura física y psicológica que sufrió durante su detención en 2009. ¿Cómo es posible que, tras más de una década, no se hayan agotado las diligencias necesarias? La respuesta es clara: falta de diligencia y compromiso con la verdad.
En su sentencia, la magistrada fue contundente: “No se aprecia una investigación inmediata, eficaz o pronta”. Las pruebas podrían perderse, los testimonios olvidarse, y la dignidad de las víctimas —incluso de un acusado— quedar en el olvido. ¡Esto es inaceptable en un estado de derecho!
La jueza Vargas Alarcón subrayó que, aunque la FGR inició trámites como la apertura de la averiguación previa, no ha actuado con la constancia necesaria. “No ha habido una investigación continua ni estructurada”, sentenció. Y aquí está la clave: la justicia no es un trámite burocrático, es un compromiso con la verdad y los derechos humanos.
Un llamado a la acción: ¡El tiempo corre!
La orden judicial es clara: la FGR debe emitir un acuerdo detallado sobre las diligencias pendientes y las pruebas por recabar. Si no hay nada más que investigar, ¡que se cierre el caso! Pero hacerlo con transparencia y sin más demoras. Cada día que pasa, aumenta el riesgo de que la verdad se esfume.
Abel Silva Petriciolet, alias “El DiCaprio”, ya cumple una condena de más de 300 años por secuestro. Pero eso no exime al Estado de investigar violaciones a sus derechos durante su detención. La justicia debe ser integral, sin importar quién esté en el banquillo.
Este caso es un recordatorio poderoso: la impunidad no puede ser la norma. Cuando las instituciones fallan, la sociedad pierde confianza. Hoy, la jueza Vargas Alarcón ha dado un paso firme para corregir ese rumbo. ¿Estará la FGR a la altura?
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