Un intento de reescribir las reglas del juego

Los defensores de derechos de inmigrantes acaban de presentar una moción para tumbar una demanda republicana. ¿El objetivo? Prohibir que el Censo de 2030 cuente a personas sin autorización legal. La jugada viene de Missouri, liderada por su fiscal general Catherine Hanaway.

Los grupos activistas, con el respaldo legal de la ACLU, no se andan con rodeos. En su moción afirman claramente:

“La solicitud ilegal distorsionaría la representación de millones de estadounidenses y sacudiría los cimientos de nuestra democracia representativa”.

Por qué esto importa más allá del papel

Esto no es solo un debate técnico. Los números del censo determinan dos cosas cruciales: los fondos federales que recibe cada estado y su número de escaños en el Congreso. Es lo que se llama ‘distribución’.

La demanda de Missouri pide algo extraordinario: rehacer la distribución del censo 2020, pero excluyendo a quienes están sin permiso legal. Y quiere aplicar la misma lógica para 2030. No están solos en este empeño.

Cuatro fiscales generales republicanos más tienen una demanda similar pendiente en Luisiana. Y legisladores del mismo partido han presentado propuestas en el Congreso para lograr lo mismo. Parece una estrategia coordinada.

Aquí está el detalle que muchos pasan por alto: un experto republicano en redistribución escribió que usar solo población en edad de votar (en lugar del total) beneficiaría… sí, a republicanos y blancos no hispanos. Casualidad, ¿verdad?

Mientras tanto, la Constitución es bastante clara. La 14ª Enmienda habla del “número total de personas”. El Censo siempre ha interpretado eso como todas las personas, sin importar su estatus migratorio.

El timing tampoco es inocente. Esto llega cuando Trump presiona a estados republicanos para rediseñar distritos antes de las elecciones intermedias. En agosto ya instruyó al Departamento de Comercio para trabajar en un censo que excluya a inmigrantes sin estatus legal.

Pero los activistas tienen un precedente fresco a su favor: la semana pasada, un tribunal federal desestimó otra impugnación republicana contra los métodos del Censo 2020.

En el Senado, el secretario de Comercio Howard Lutnick admitió algo clave: la ciudadanía no es factor constitucional para la distribución. Sobre si habrá pregunta sobre ciudadanía en 2030, su respuesta fue evasiva:

“Cuál es el cuestionario, no lo sé, y no hemos decidido”.

La batalla está servida. No se trata solo de números en un formulario, sino de quién tiene voz y voto en este país.

El mensaje de emergencia que ya no llevará nombre propio

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) está borrando una firma bastante particular de nuestras pantallas. Esa que dice “Alerta Presidencial” cuando suena esa alarma estridente en el celular. Se acabó el branding presidencial en medio del caos.

Ahora quieren que el texto sea “percibido como instrumento de protección civil”. Traducción: que no parezca spot de campaña cuando hay un huracán o sismo. Porque, seamos honestos, ¿quién piensa en votos cuando se le cae el techo?

“Resulta necesario reflejar claramente el mensaje que se difunde a la población”

La consulta está abierta hasta el 16 de febrero. Pueden participar ciudadanos, especialistas y hasta las empresas telefónicas. Diez días para decidir cómo nos van a asustar de ahora en adelante.

Tres niveles de susto

Lo curioso es el detalle jurídico que motivó el cambio. Resulta que según los lineamientos actuales, quien realmente envía las alertas es la Coordinación Nacional de Protección Civil, no la Presidencia. Alguien en la CRT leyó la letra chiquita.

Los nuevos mensajes tendrán tres categorías:

• Alerta máxima
• Alerta extrema
• Alerta grave

Cada una con su texto específico. Porque no es lo mismo un chubasco que un terremoto, aunque ambos nos mojen.

Lo irónico es que llevamos años recibiendo estas alertas con sello presidencial cuando, técnicamente, nunca debió ser así. La memoria institucional parece tener lagunas selectivas. O tal vez alguien finalmente revisó el manual.

Mientras tanto, si tienes ideas sobre cómo debería sonar la alarma del próximo desastre natural, aún estás a tiempo. Solo recuerda: sin nombres propios, por favor.

El discurso de la inclusión y los números que no cuadran

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, salió con el guion de siempre. En el aniversario 60 del plantel 8 de la ENP, dijo que la universidad pública debe ser un “contrapeso frente a la exclusión”. Suena bien. Hasta noble.

“La UNAM tiene la responsabilidad de ser un contrapeso frente a la exclusión, ampliar el acceso a la educación… y acompañar a los jóvenes”

Ahí está el primer punto interesante. Habla de ampliar acceso cuando miles son rechazados cada año en el examen único. La cobertura en media superior supera el 80%, reconoce. Pero omite mencionar cuántos de esos jóvenes logran entrar a la máxima casa de estudios que él dirige.

Promete planes de estudio pertinentes y fortalecer competencias para la inserción laboral. Científicas, técnicas, digitales. El paquete completo. Es el mismo speech que hemos escuchado en administraciones anteriores. La pregunta es: ¿en qué se traduce?

Resalta los logros del plantel 8 como referente del sur de la CDMX. Científicos, artistas, activistas formados en seis décadas. Nadie lo duda. Pero celebrar un oasis no soluciona el desierto.

Lo más jugoso viene al final. Dice que la UNAM fue concebida para “incluir y proteger” a su comunidad, con mecanismos frente a discriminación o acoso. Aquí mi cinismo institucional se activa al máximo.

¿De verdad? Porque los mecanismos institucionales suelen moverse con la velocidad de un glaciar cuando se trata de proteger a estudiantes o trabajadores. La teoría es impecable. La práctica, históricamente, más complicada.

Lomelí concluye diciendo que los estudiantes son “la razón de ser” de la universidad. Un bonito cierre para un discurso de aniversario. Pero entre el deber ser declarado y la realidad cotidiana de miles aspirantes excluidos, hay un abismo que las palabras bonitas no salvan.

La UNAM como contrapeso suena maravilloso en un podio. Ahora falta ver si los hechos le siguen el juego al discurso.