La UNAM despliega un plan de seguridad integral para el retorno a clases
Ante los recientes eventos de violencia que han conmocionado a la comunidad universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha activado un protocolo de acción multidimensional para garantizar un retorno seguro y ordenado a las actividades académicas presenciales. El rector Leonardo Lomelí Vanegas ha enfatizado el compromiso institucional de emplear todos los recursos a su disposición para salvaguardar la integridad de los estudiantes, tras el lamentable asesinato de un alumno en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, un incidente que involucró a otro compañero del mismo plantel.
La estrategia de la máxima casa de estudios no se limita a una respuesta reactiva, sino que constituye un esquema preventivo y correctivo de amplio espectro. Lomelí Vanegas, en un comunicado oficial, declaró: “La UNAM hará todo lo que esté a su alcance para garantizar a las y los estudiantes su seguridad, a fin de que regresen a las actividades presenciales”. Esta declaración subraya el principio rector de la administración universitaria: la protección de los alumnos como un requisito fundamental para el desarrollo de la vida académica.
Un enfoque tripartito: seguridad operativa, salud mental y acción legal
El plan de contingencia se articula sobre tres ejes principales. El primero es el fortalecimiento operativo de la seguridad en todos los planteles y facultades. Para ello, el rector, acompañado por la secretaria general, Patricia Dávila Aranda, se reunió con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. Este órgano, presidido por José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica, e integrado por figuras clave como María Dolores Valle Martínez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria, y Benjamín Barajas, director de los CCH, consensuó la urgente necesidad de robustecer las condiciones de resguardo en las instalaciones.
El segundo pilar, de carácter psicosocial, se centra en la atención a la salud mental y el apoyo emocional de la comunidad estudiantil. La universidad reconoce que los eventos traumáticos generan un impacto profundo que requiere intervención especializada. Por ello, se ha comprometido a ampliar de manera inmediata sus programas de acompañamiento psicológico, entendiendo que el bienestar emocional es un componente inseparable de la seguridad integral. La perseverancia en esta línea de acción es considerada una prioridad para fomentar un entorno educativo saludable.
El tercer eje implica una respuesta legal y disciplinaria contundente. La rectoría anunció que se procederá conforme a la ley y los estatutos universitarios contra aquellos individuos que hayan sembrado intranquilidad en los planteles, particularmente mediante la difusión de amenazas dirigidas a estudiantes que se han manifestado en contra de la violencia al interior de la UNAM. Esta medida busca desincentivar las acciones de intimidación y reafirmar el Estado de derecho dentro de los campus.
Mecanismos de actuación y coordinación interinstitucional
La operatividad de este plan descansa en protocolos específicos y en una estrecha coordinación interinstitucional. El rector Lomelí detalló los procedimientos establecidos: cada amenaza identificada es reportada de manera sistemática a la Secretaría de Prevención Universitaria. Esta dependencia funge como el enlace central para contactar a las autoridades de seguridad pública, tanto federales como locales, asegurando una respuesta coordinada con los cuerpos policiales.
Paralelamente, se informa de cada caso a la Oficina del Abogado General, a cargo de Hugo Concha Cantú, quien asume la responsabilidad de levantar las denuncias penales correspondientes, formalizando así la postura institucional de cero tolerancia a la violencia. Para asegurar la implementación efectiva en toda la geografía universitaria, se ha instruido a los directores y directoras de todas las facultades y escuelas para que convoquen a sus respectivas comisiones locales de seguridad. El objetivo es adaptar y reforzar las medidas de protección según las particularidades de cada plantel.
Este despliegue institucional se enmarca en un contexto de movilización y paros académicos en varios planteles de la UNAM. Estas interrupciones tienen su origen en la conmemoración de casos como el de Ayotzinapa y la matanza del 2 de octubre de 1968, a los que se ha sumado una ola de solidaridad con la comunidad del CCH-Sur. La respuesta de la rectoría busca, por tanto, no solo resolver la crisis inmediata de seguridad, sino también generar la confianza necesaria para una reanudación paulatina y ordenada de las labores educativas, restableciendo la normalidad académica en uno de los centros de educación superior más importantes de Latinoamérica.
La situación actual representa un desafío sin precedentes para la administración universitaria, que debe equilibrar el derecho a la educación con la obligación de proveer un entorno seguro. El éxito de este plan integral dependerá de la ejecución coordinada de las medidas de seguridad física, la efectividad de los programas de apoyo emocional y la firmeza en la aplicación de la normativa universitaria y penal. La UNAM se enfrenta a la tarea de reconstruir la confianza de su comunidad, demostrando que la seguridad de sus estudiantes es el pilar sobre el cual se sustenta toda su labor educativa y de investigación.
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