La “Mañanera” se conecta a la Riviera Maya para un evento de salud

Bueno, pues resulta que hoy la conferencia matutina, ese ritual matutino que algunos siguen con más fe que una serie en Netflix, tuvo un cameo virtual de la Riviera Maya. Desde la comodidad de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo lo que hacemos todos en la era digital: una videollamada. Pero en lugar de saludar a la familia o tener una junta de trabajo, estaba para inaugurar oficialmente la nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Playa del Carmen. Sí, ese paraíso de playas caribeñas y spring breakers ahora también es famoso por tener una clínica nueva que beneficiará a unos 14 mil derechohabientes. Porque nada combina mejor con el sol y la arena que saber que hay un lugar para curar esa resaca monumental o ese pie de atleta contraído en la alberca del hotel.

En su estilo característico, Sheinbaum anunció en “Las mañaneras del pueblo”: “Tenemos un enlace inicial con Martí Batres y la gobernadora de Quintana Roo por un centro de salud, una clínica, un hospital que vamos a inaugurar”. Traducción millennial: “Hoy no solo hablamos, también hacemos. Y lo hacemos por Zoom, porque el tráfico en la CDMX y el vuelo a Cancún son un mood killer total”.

Lo que tiene la nueva unidad (spoiler: no es un bar de playa)

El director general del ISSSTE, Martí Batres, se puso en modo “detalles técnicos” para explicar qué ofrece esta flamante instalación. Olvídate del viejo consultorio familiar que seguramente tenía un aire a década de los 90. Esta unidad viene con dos salas de Medicina Familiar, un consultorio dental, una sala de curaciones y hasta una farmacia con 188 claves de medicamentos. Básicamente, es el upgrade que todos necesitamos después de años de espera, como cuando pasas de un celular con teclas a un smartphone. La inversión fue de 14 millones de pesos, una cifra que suena a mucho, pero que en el mundo de la infraestructura pública es como comprar un buen departamento en una zona céntrica… pero para atender la salud de miles.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, no podía contener el entusiasmo (y quién la culpa, después de 26 años de promesas). Declaró que este era un día histórico para Playa del Carmen y le agradeció a la presidenta la inversión. Su frase lo resume todo con un drama digna de telenovela: “26 años esperó Playa del Carmen para que este día fuera realidad”. Un cuarto de siglo, gente. En ese tiempo, hemos visto nacer y morir modas, apps, y varias generaciones de influencers. Finalmente, los derechohabientes de la zona tienen un lugar donde ser atendidos sin tener que hacer un peregrinaje épico.

Este proyecto no es solo un edificio nuevo; es el reemplazo de una instalación obsoleta para ampliar la capacidad y modernizar los servicios de salud pública en una de las zonas turísticas más importantes del país. Un “año histórico en materia de salud para Quintana Roo”, como destacaron. Porque, seamos honestos, en un destino que vive del turismo, es buena idea que tanto visitantes como trabajadores locales tengan acceso a una atención médica decente. No todo puede ser sol, playa y fotos para Instagram; a veces también hay gripas, torceduras y chequeos generales.

Al final, el mensaje es claro: la conectividad digital permite inaugurar proyectos a distancia, pero el beneficio es muy local y concreto. Es una jugada inteligente que combina la ceremonia oficial con la practicidad de no desplazarse. Un paso más para fortalecer la red de atención primaria del ISSSTE en un punto neurálgico del Caribe mexicano, demostrando que la inversión en infraestructura sanitaria es, literalmente, una construcción del bienestar. Porque en la vida real, tan importante como los macroproyectos es tener un lugar cerca de casa donde te curen la gripe o revisen esa molestia que te da desde hace semanas.

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Un operativo coordinado desarticula presuntas redes de colusión en el sur

En un hecho que subraya la compleja interacción entre el poder político local y la actividad delictiva en regiones fronterizas, Ernesto Cruz Díaz, alcalde del municipio de Cintalapa, Chiapas, por el partido Morena, fue aprehendido este lunes en un operativo conjunto de autoridades federales y estatales. La detención se ejecutó bajo la acusación principal de mantener vínculos con grupos de la delincuencia organizada que operan en esta zona, históricamente golpeada por la violencia desde el año 2021.

Acusaciones y alcance de la investigación

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que la captura del edil se realizó mediante una acción coordinada que involucró a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal. Según el comunicado oficial, se ha integrado una carpeta de investigación en su contra específicamente por su presunta conexión con células criminales. No obstante, el espectro de imputaciones es más amplio: el presidente municipal también enfrenta cargos por los delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, malversación de recursos públicos y abuso de autoridad.

La investigación evidenció un patrón de presunta infiltración delictiva en la estructura gubernamental. Un día después de la detención del alcalde, las autoridades procedieron con el arresto de la síndica municipal Sally E. Gallardo Núñez y del tesorero del ayuntamiento, Reynol Valencia Cruz, ambos identificados como funcionarios de confianza de Cruz Díaz. Ellos son investigados por los mismos delitos de desviación de fondos públicos, lo que sugiere una investigación metódica sobre el posible desfalco sistemático a las arcas municipales.

Antecedentes y reacciones institucionales

Este operativo no constituye un evento aislado en la administración de Cintalapa. El análisis de antecedentes revela que el 12 de agosto de 2024, un despliegue similar de fuerzas combinadas (Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal) resultó en la detención de 59 elementos de la policía municipal, incluido su director, Ulber Martínez Flores, otro colaborador cercano al edil. Este precedente indica una investigación prolongada y escalonada sobre la presunta cooptación de instituciones de seguridad y gobierno por parte del crimen.

Frente a estos hechos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas emitió un contundente mensaje: “la ley se cumple” y “quien abuse del poder, enfrenta la justicia“. Por su parte, el partido Morena se pronunció para reafirmar su compromiso con la transparencia, la paz y el Estado de derecho en la entidad, argumentando que estos principios son condiciones indispensables para la tranquilidad social y la confianza de la ciudadanía.

Consecuencias políticas y procedimiento sucesorio

La detención de un presidente municipal en funciones activa un protocolo de sucesión política definido por la ley. Ante la ausencia forzosa de Cruz Díaz, se espera que el cabildo de Cintalapa designe a un alcalde sustituto interino. Posteriormente, corresponde al Congreso del Estado de Chiapas ratificar dicho nombramiento, con el objetivo de que la persona designada concluya el periodo constitucional vigente, garantizando así la continuidad administrativa y evitando un vacío de poder en un municipio con desafíos de seguridad pública.

Este caso ejemplifica los mecanismos de colusión y captura institucional que pueden presentarse a nivel local, donde la delincuencia organizada busca aliados en puestos de autoridad para facilitar sus operaciones, evadir la acción legal y acceder a recursos públicos. La respuesta coordinada de los tres órdenes de gobierno sugiere un enfoque estratégico para desmantelar estas redes, priorizando no solo la aprehensión de líderes criminales, sino también la depuración de las estructuras del Estado que les brindan cobijo o complicidad.

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Postura oficial ante el conflicto en refugio de Cuajimalpa

CIUDAD DE MÉXICO.- En las primeras horas del miércoles 7 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un posicionamiento oficial respecto a la controversia suscitada por un predio localizado en la alcaldía Cuajimalpa, donde funcionaba un albergue para fauna doméstica. La administración capitalina manifestó que su marco de acción se rige por el compromiso con el bienestar de los seres sintientes y la estricta observancia de la ley.

En su declaración, el gobierno señaló que aguarda los hallazgos de las pesquisas que realizan de manera coordinada la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Estas investigaciones fueron iniciadas a raíz de múltiples denuncias ciudadanas por presuntas prácticas de crueldad hacia los animales dentro del mencionado establecimiento.

Marco jurídico y prioridad en la protección animal

El comunicado aclaró que, en lo concerniente al litigio sobre la tenencia del terreno, la autoridad actuará conforme al protocolo establecido para estos casos, sujetándose a la resolución definitiva que emita el órgano jurisdiccional competente. Sin embargo, hizo énfasis en que, en materia de protección animal, su intervención estará condicionada exclusivamente por las conclusiones que arrojen los peritajes de la Fiscalía y la PAOT.

Asimismo, reiteró su adhesión al principio de legalidad, respetando los plazos y mecanismos procesales vigentes. Hizo un llamado a las partes en conflicto para que coloquen en el centro de la discusión la integridad y el cuidado de los animales y busquen una solución conciliatoria que evite la escalada del conflicto. “La Ciudad de México es una ciudad animalista”, subrayó la administración, reafirmando su compromiso con la defensa de los seres vivos a través de acciones responsables y transparentes.

Origen de la controversia y manifestaciones públicas

Este posicionamiento se produjo después de que, el lunes 5 de enero, durante el evento tradicional de la mega Rosca de Reyes presidido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cerca del monumento al Ángel de la Independencia, un colectivo de manifestantes interrumpiera el acto con pancartas y mantas. Su objetivo era exigir la intervención directa del Gobierno de la CDMX en el caso específico del Refugio Franciscano.

Al grito de consignas como “¡No más maltrato!” y “¡Justicia!”, los activistas reclamaban una solución institucional que garantizara de manera efectiva la salvaguarda de los ejemplares caninos y felinos. Al ser abordada por la prensa, la mandataria Brugada Molina explicó que el núcleo del problema reside en una disputa legal por la propiedad de un inmueble e instó a las asociaciones civiles involucradas a priorizar el cuidado animal por encima de los intereses particulares.

“Nuestra postura es la defensa de los animales, de su bienestar. Son cientos de animalitos que están allí y estamos garantizando, a través de la PAOT y también de la Secretaría de Medio Ambiente, que los animalitos tengan alimento y reciban los cuidados necesarios”, afirmó la jefa de gobierno.

Compromiso institucional y vía hacia una solución

La administración finalizó reiterando que el objetivo primordial es alcanzar una resolución pacífica al conflicto, evitando cualquier forma de violencia o confrontación, y garantizando el pleno respeto a la normativa en materia de derechos de la fauna. Este enfoque analítico destaca la complejidad de un caso que entrelaza aspectos de derecho civil, competencias ambientales y políticas públicas de protección animal. La estrategia adoptada por el gobierno local busca establecer un precedente en el manejo de controversias similares, donde el bienestar de las especies debe ser el eje rector, independientemente de los litigios de propiedad subyacentes. La expectativa ahora recae en la celeridad y transparencia de las investigaciones en curso, cuyos resultados determinarán las acciones definitivas de las autoridades capitalinas.

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