¿Versión oficial o manual del buen distractor?

El almirante Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina, salió a dar la cara por el accidente del Tren Interoceánico. Su discurso fue un clásico: mucho ruido sobre lo que no es cierto y vaguedades calculadas sobre lo que sí.

Lo primero fue desacreditar. Un informe de una universidad privada que hablaba de fallas graves en el sistema –sin comunicación con central, sin velocímetro– fue tajantemente tachado de “falso”. Nada nuevo bajo el sol. Deslegitimar al mensajero es el paso uno del protocolo.

“La Fiscalía General de la República está llevando las investigaciones. Hay que aclarar que no están terminadas; el reporte que se dio es un reporte preliminar”, enfatizó.

Ahí está la palabra mágica: “preliminar”. El salvavidas retórico perfecto. Todo lo dicho puede cambiar, así que no nos aten a nada. Pero entre tanta cautela, se coló una admisión jugosa.

La bomba entre los formalismos

Morales Ángeles reconoció algo concreto: había licencias de responsabilidad del personal operativo que estaban vencidas. Lo intentó suavizar rápido, claro. Dijo que era un “tema administrativo” y no la “causa directa”. Como si los papeles en regla fueran un detalle decorativo y no la base de la seguridad.

“Como los carros, como cualquier otro tipo de licencias, la licencia de responsabilidad de usuario puede vencerse. Desde la empresa del ferrocarril se les da apoyo para actualizarla”, explicó, con una naturalidad pasmosa.

¿En serio? ¿Equiparar la licencia para operar un tren masivo con renovar la tenencia del coche? La analogía es reveladora. Luego señaló a Recursos Humanos como el área encargada de vigilar esto. Ya tenemos el primer departamento señalado en el organigrama del posible chivo expiatorio.

Lo grave no es sólo lo que admitió –personal operando con permisos caducos– sino lo que niega con tanto ahínco sin ofrecer una sola prueba en contrario. Desmiente un informe técnico específico mientras confirma negligencias administrativas básicas.

La estrategia es transparente: concentrar el debate en desmentir supuestas “fallas graves” del sistema, mientras se filtra tranquilizadoramente que el problema fueron unos papeles sin sellar. Un error humano puntual, no sistémico.

Mientras tanto, la FGR sigue “investigando”. Y nosotros seguimos esperando, con esa incómoda sensación de déjà vu.

El telón se abre en San Quintín

El escenario es uno de los más duros del país: los campos agrícolas de San Quintín, Baja California. Allí, miles de manos—muchas de ellas indígenas—cosechan berries bajo condiciones que, francamente, nos deberían avergonzar a todos. Hoy, el gobierno federal sube a escena con lo que llama un Plan de Justicia. Suena épico. Suena necesario. Pero ¿será suficiente para cambiar un guión de décadas?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, desglosó el plan desde Tijuana. No son solo palabras bonitas. Son nueve ejes concretos que van desde lo obvio—trabajo digno y seguridad social—hasta lo urgente: atender la violencia específica contra las mujeres jornaleras.

“Cuando nuestra Presidenta tomó protesta estableció en el compromiso 63 que habríamos de trabajar por la seguridad social de los jornaleros agrícolas… Y el Plan de Justicia busca cumplir este compromiso”, expresó Montiel Reyes.

Ahí está la clave. Esto no surgió de la nada. Es una promesa de campaña que ahora busca convertirse en realidad. Para fundamentarlo, hicieron algo inteligente: un censo casa por casa entre julio y septiembre. No es un diagnóstico desde un escritorio en CDMX; es un mapa detallado del dolor y las necesidades reales.

Más allá del salario: la vida entera en juego

Lo que me impacta es el alcance. El plan no se limita al cheque quincenal. Habla de vivienda, infraestructura urbana, salud y controlar la mancha urbana. Reconocen algo fundamental: la injusticia laboral es solo la punta del iceberg. Detrás hay comunidades completas viviendo en la precariedad.

San Quintín no es cualquier lugar. Es el corazón productor de fresas y moras que llegan a nuestra mesa. Y quienes siembran y cosechan son mayoritariamente indígenas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. La puesta en escena es perfecta para un acto de justicia histórica.

Funcionarios de varias secretarías ya han visitado la zona. La SEP, Sedatu, Bienestar… Es un esfuerzo coordinado. Pero yo me pregunto, como siempre: ¿quién gana con esto? Más allá del discurso humanitario, hay una jugada política clara: consolidar el apoyo en una región clave y enviar un mensaje nacional sobre quién defiende a los más vulnerables.

Mi padre, que era obrero, me decía: “Las promesas se miden por lo que cambian en la cocina”. Este plan suena bien en el papel—muy bien—pero su verdadero drama se escribirá día a día, en cada contrato respetado, en cada mujer que pueda denunciar sin miedo, en cada familia que tenga un techo digno.

El telón ya está arriba. Ahora toca ver si la obra cumple con su promesa épica o si se queda en un acto más del gran teatro político mexicano.

Un cheque que tardó 15 años en llegar

Ricardo Salinas Pliego, el magnate dueño de TV Azteca, empezó este jueves a saldar una cuenta pendiente con el país. Pagó los primeros 10,400 millones de pesos de una deuda que superaba los 32 mil millones. La cifra final incluye un descuento del 37% en recargos, otorgado por el SAT.

La letra pequeña del ‘acuerdo’

El Grupo Salinas no está contento. Aceptó pagar para “dar vuelta a la página”, pero asegura que el monto excede lo pactado. El gobierno federal, por su parte, desmintió tajantemente que existieran tales acuerdos previos.

“El conglomerado manifestó su desacuerdo con la cifra final, pero se comprometió a cumplir con los pagos.”

Con este movimiento, la deuda queda prácticamente cerrada. Un final negociado para un caso que parecía eterno.

Para Hacienda, esto es más que dinero. Es un triunfo simbólico después de más de 15 años de batallas legales infructuosas. La estrategia actual del gobierno, que incluyó renovar ministros en la Corte y apretar las tuercas fiscales, finalmente logró cercar a uno de los grandes.

La memoria es frágil, pero los números no mienten. Mientras el país debate otros temas, una factura multimillonaria empieza a cobrarse. Queda ver si esto sienta un precedente o será recordado como la excepción.