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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México detectó a 55 personas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hallazgo se logró mediante indicadores financieros específicos, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El comunicado 61 detalla que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 personas —39 físicas y 16 morales— relacionadas con esta estructura. La acción forma parte de la cooperación bilateral contra las finanzas de la delincuencia organizada.

Indicadores detectados

La UIF identificó “indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Entre ellos: operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y servicio, e inconsistencias en los ingresos reportados al SAT.

Las autoridades detectaron “posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”, lo que fortaleció la identificación de la red.

Empresas fachada y denuncia

Del total, 16 personas morales presentaban actividades ilícitas. Según la UIF, algunas registraron operaciones relevantes, mientras que otras eran empresas fachada con “limitada o nula actividad económica aparente”.

La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por la OFAC, y sumó a ocho adicionales —cuatro físicas y cuatro morales— vinculados a la misma estructura financiera.

Coordinación internacional

Hacienda subrayó que las acciones coordinadas con Estados Unidos buscan “prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada”. La UIF mantiene cooperación con autoridades nacionales e internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), cuestionó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar de su orden del día el debate sobre la regulación de campañas adelantadas. Consideró que la autoridad debe actuar con independencia para detener estos actos, especialmente los iniciados por Morena en su proceso interno de selección de candidatos a gobernadores para 2027.

“La autoridad electoral debe hacer un análisis objetivo, claro y evidente, y sin ningún tipo de subordinación a nada. Ojalá y la autoridad electoral pueda tomar pronto una definición clara para que no haya actos anticipados de campaña”, declaró en conferencia de prensa.

López Rabadán advirtió que los procesos iniciados fuera del calendario electoral, aunque pretendan integrarse después, son ilegales y deben ser sancionados. Insistió en que las precampañas sin sustento legal generan una mala práctica para el país.

Postura sobre el proyecto del consejero Montaño

La legisladora también rechazó el proyecto de “Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos” que impulsa el consejero Jorge Montaño. Señaló que cualquier modificación a la ley debió hacerse 90 días antes del inicio del proceso electoral, y no ahora.

“Si quieren modificar la ley, se tenía hasta 90 días antes de que iniciara el proceso electoral para modificar las reglas electorales. Si nosotros nos acostumbramos a que se viole la ley y nadie diga nada, será terrible para el país”, afirmó.

El llamado de la panista se da en medio del avance de Morena en la definición de sus candidatos para 2027, lo que ha encendido alertas sobre posibles actos anticipados de proselitismo. El INE, por su parte, no ha emitido una postura oficial tras retirar el tema de la agenda.

Propuesta y reacciones

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio generó posturas divididas en el Senado. Morena buscará dictaminarla como prioridad al inicio del próximo periodo en septiembre, mientras que el PRI y el PAN expresaron reservas.

PRI: el problema es la impunidad

La senadora priista Carolina Viggiano Austria sostuvo que el feminicidio no se resuelve con nuevas leyes ni con aumento de penas. “Puedes poner 100 años o 70 años de prisión, pero si nunca logras investigar ni sentenciar a los responsables, lo que pongas simplemente es propaganda”, afirmó.

Señaló que la verdadera reforma está en las fiscalías locales: ministerios públicos insuficientes, mal remunerados y sin preparación. Propuso fortalecer capacidades de investigación, tecnología y personal especializado con perspectiva de género.

PAN: revisión a fondo

Mayuli Latifa Martínez, vicecoordinadora del PAN, pidió leer la iniciativa antes de fijar postura. “Este delito atroz contra las mujeres debe unificarnos”, dijo. Pero advirtió que no basta crear normas: se requieren acciones de prevención y protección.

Destacó que antes del feminicidio hay una cadena de agresiones —familiar, psicológica, económica— que muchas víctimas no denuncian por falta de justicia pronta y dependencia económica. Exigió un análisis detallado de las obligaciones para los estados.

Morena: homologación necesaria

La morenista Verónica Camino Farjat celebró que la propuesta llegue primero al Senado. Explicó que actualmente hay diferencias entre estados en la tipificación y sanciones del feminicidio, lo que beneficia a victimarios en casos que cruzan fronteras. “Lo que buscamos es que en todos los estados exista la misma tipificación”, indicó.

Camino Farjat adelantó que las comisiones podrían empezar el análisis de inmediato, incluso antes del periodo ordinario, para tener el dictamen listo en la primera semana de septiembre. La bancada de Morena considera la iniciativa una prioridad para proteger los derechos de las mujeres.