Desmantelan dos laboratorios clandestinos en Michoacán y Nayarit

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), cuestionó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar de su orden del día el debate sobre la regulación de campañas adelantadas. Consideró que la autoridad debe actuar con independencia para detener estos actos, especialmente los iniciados por Morena en su proceso interno de selección de candidatos a gobernadores para 2027.

“La autoridad electoral debe hacer un análisis objetivo, claro y evidente, y sin ningún tipo de subordinación a nada. Ojalá y la autoridad electoral pueda tomar pronto una definición clara para que no haya actos anticipados de campaña”, declaró en conferencia de prensa.

López Rabadán advirtió que los procesos iniciados fuera del calendario electoral, aunque pretendan integrarse después, son ilegales y deben ser sancionados. Insistió en que las precampañas sin sustento legal generan una mala práctica para el país.

Postura sobre el proyecto del consejero Montaño

La legisladora también rechazó el proyecto de “Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos” que impulsa el consejero Jorge Montaño. Señaló que cualquier modificación a la ley debió hacerse 90 días antes del inicio del proceso electoral, y no ahora.

“Si quieren modificar la ley, se tenía hasta 90 días antes de que iniciara el proceso electoral para modificar las reglas electorales. Si nosotros nos acostumbramos a que se viole la ley y nadie diga nada, será terrible para el país”, afirmó.

El llamado de la panista se da en medio del avance de Morena en la definición de sus candidatos para 2027, lo que ha encendido alertas sobre posibles actos anticipados de proselitismo. El INE, por su parte, no ha emitido una postura oficial tras retirar el tema de la agenda.

Propuesta y reacciones

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio generó posturas divididas en el Senado. Morena buscará dictaminarla como prioridad al inicio del próximo periodo en septiembre, mientras que el PRI y el PAN expresaron reservas.

PRI: el problema es la impunidad

La senadora priista Carolina Viggiano Austria sostuvo que el feminicidio no se resuelve con nuevas leyes ni con aumento de penas. “Puedes poner 100 años o 70 años de prisión, pero si nunca logras investigar ni sentenciar a los responsables, lo que pongas simplemente es propaganda”, afirmó.

Señaló que la verdadera reforma está en las fiscalías locales: ministerios públicos insuficientes, mal remunerados y sin preparación. Propuso fortalecer capacidades de investigación, tecnología y personal especializado con perspectiva de género.

PAN: revisión a fondo

Mayuli Latifa Martínez, vicecoordinadora del PAN, pidió leer la iniciativa antes de fijar postura. “Este delito atroz contra las mujeres debe unificarnos”, dijo. Pero advirtió que no basta crear normas: se requieren acciones de prevención y protección.

Destacó que antes del feminicidio hay una cadena de agresiones —familiar, psicológica, económica— que muchas víctimas no denuncian por falta de justicia pronta y dependencia económica. Exigió un análisis detallado de las obligaciones para los estados.

Morena: homologación necesaria

La morenista Verónica Camino Farjat celebró que la propuesta llegue primero al Senado. Explicó que actualmente hay diferencias entre estados en la tipificación y sanciones del feminicidio, lo que beneficia a victimarios en casos que cruzan fronteras. “Lo que buscamos es que en todos los estados exista la misma tipificación”, indicó.

Camino Farjat adelantó que las comisiones podrían empezar el análisis de inmediato, incluso antes del periodo ordinario, para tener el dictamen listo en la primera semana de septiembre. La bancada de Morena considera la iniciativa una prioridad para proteger los derechos de las mujeres.

El Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este jueves los lineamientos para regular las llamadas “campañas adelantadas”, el periodo en que los partidos eligen a sus candidatos para el Proceso Electoral 2026-2027. La propuesta, impulsada por el consejero Jorge Montaño, busca evitar abusos y garantizar un piso parejo entre los aspirantes.

¿Qué contemplan los nuevos lineamientos?

El proyecto establece que los gastos de selección interna se carguen a los partidos como gastos ordinarios, con topes: 3 millones de pesos para actividades de aspirantes y 800 mil para eventos con militantes. Además, el INE podrá enviar representantes a actos públicos de los llamados “coordinadores” o “defensores” para verificar que no estén llamando al voto antes de las precampañas.

También exige a servidores públicos aspirantes que no se hayan separado del cargo evitar el uso de recursos públicos, presentar informes de gastos y cumplir con reglas sobre inteligencia artificial. La propuesta, perfeccionada en mesas de trabajo con partidos, ahora cubre todos los cargos y no solo gubernaturas.

Ajustes para la Comisión de Verificación

El Consejo General también modificará el Reglamento de Comisiones para permitir la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, creada en la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Su objetivo es evitar que el crimen organizado se infiltre en las boletas. Fuentes del INE adelantaron que la próxima semana se definirá la conformación de este nuevo órgano.