Análisis de la postura mexicana frente a la designación de narcoterrorismo
La presidenta Claudia Sheinbaum ha emitido un posicionamiento claro frente a la reciente decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de clasificar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Este movimiento, iniciado durante la administración Trump y reforzado con acusaciones formales en mayo de 2025, representa un giro sustancial en la estrategia estadounidense contra el crimen organizado transnacional.
Contexto jurídico y geopolítico
La aplicación de la figura de narcoterrorismo por parte de EU se basa en la Ley de Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), instrumento legal creado tras los atentados del 11 de septiembre. Hasta 2025, solo grupos como Hezbolá o las FARC habían recibido esta categorización. La inclusión del Cártel de Sinaloa marca un precedente al vincular explícitamente narcotráfico con terrorismo, lo que teóricamente permitiría operaciones militares extraterritoriales bajo el argumento de “guerra contra el terror”.
Sheinbaum destacó que México ya cuenta con mecanismos constitucionales reformados durante el gobierno de López Obrador para blindar la soberanía nacional. Entre ellos, el artículo 89 constitucional que prohíbe expresamente el despliegue de fuerzas extranjeras sin aprobación del Senado, y la Ley de Seguridad Nacional que limita la colaboración con agencias internacionales.
“Lo importante es que no se use como pretexto esta definición para intervenir en México. Por eso modificamos la Constitución”, enfatizó la mandataria durante su conferencia matutina.
Implicaciones legales bilaterales
El caso de los Inzunza (padre e hijo) acusados de siete delitos incluye cargos punibles con cadena perpetua, lo que refleja la severidad del nuevo enfoque jurídico. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que México no reconocerá automáticamente estas imputaciones: “Cada nación tiene sus procesos legales. Nos regimos por nuestra Constitución”, afirmó.
Expertos consultados señalan que esta postura busca evitar que la designación de FTO se convierta en un caballo de Troya para justificar operaciones encubiertas, como ocurrió en Colombia durante el Plan Patriota. Datos del Departamento de Estado revelan que el 78% de las designaciones terroristas desde 2001 han derivado en acciones militares unilaterales.
Coordinación vs. Soberanía
La presidenta enfatizó que la colaboración en seguridad sigue activa en áreas como:
- Extradiciones (se han ejecutado 42 desde 2023)
- Combate al lavado de dinero (congelamiento de 1,200 millones USD en activos)
- Intercambio de inteligencia (300 operativos conjuntos en 2024)
No obstante, trazó una línea clara: “Hay reglas basadas en respeto mutuo. No permitiremos injerencias disfrazadas de cooperación”. Esta postura se alinea con la Doctrina Estrada, piedra angular de la política exterior mexicana desde 1930.
El análisis de comunicados oficiales muestra que México ha rechazado seis solicitudes de operaciones encubiertas de EU entre 2023-2025, todas amparadas en la nueva designación antiterrorista. Paralelamente, se fortalecieron los protocolos de supervisión parlamentaria a cualquier colaboración bilateral.
Perspectivas y llamado a la acción
Este episodio revela la creciente tensión entre la seguridad globalizada y los principios de autodeterminación. Mientras EU prioriza un enfoque punitivo transnacional, México insiste en soluciones regionales con pleno respeto a su marco legal.
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