El discurso de los números en tierra caliente

Claudia Sheinbaum lo dijo claro en Morelia: el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia llegó para quedarse. O al menos, hasta que su gobierno termine en 2030. No es cosa de un mes, aseguró. Es “un trabajo permanente”.

“Vamos a seguir trabajando, la presencia del Gobierno de México no solo es en seguridad […] sino en un plan integral para atención a la población de Michoacán”

La frase, dicha en el 12 Batallón de Infantería durante su conferencia matutina, viene acompañada de un arsenal de cifras. Siempre es interesante ver cómo los anuncios de seguridad se envuelven en paquetes de bienestar cuando hay elecciones a la vista.

La lluvia de millones

Cada secretario desfiló con su porción del pastel presupuestal. Ariadna Montiel, de Bienestar, habló de 280 mil personas atendidas en ferias y más de un millón de beneficiarios en programas. Marcelo Ebrard anunció comités de inversión y un parque industrial con dinero privado estimado en 2,710 millones.

En infraestructura, Jesús Antonio Esteva prometió 51,850 millones para carreteras. En educación, Mario Delgado enumeró becas: 850 mil becarios con 5,500 millones invertidos. Y así sucesivamente.

El director del ISSSTE, Martí Batres, sumó clínicas nuevas y hospitales equipados. Cada número parece diseñado para contrarrestar una percepción: la de que Michoacán solo existe en las notas rojas.

Lo curioso es el timing. Un plan “integral” que se anuncia cuando el estado lleva años en la mira por violencia. Doce ejes que suenan bien en papel: seguridad, economía, agua, educación… La pregunta que queda flotando es simple: ¿por qué ahora?

Sheinbaum insistió en que no es algo “coyuntural”. Pero cuando un gobierno anuncia que estará presente hasta el final de su mandato, uno no puede evitar preguntarse qué pasaba antes. La memoria es frágil, pero los archivos periodísticos no.

Michoacán se llena de promesas numéricas mientras sus carreteras siguen siendo testigos mudos. Veremos si estos millones logran lo que las balas no han podido: paz.

Un recorte con sabor a déjà vu

El gobierno federal anunció un “ajuste” en la zona protegida de la vaquita marina. Dicen que es para equilibrar conservación y pesca. Los ambientalistas lo llaman una rendición.

La Secretaría de Medio Ambiente dice que el acuerdo se tomó con estados, autoridades locales y pescadores. Suena democrático, ¿verdad? Pero cuando el consenso incluye a quienes usan redes prohibidas, huele a capitulación.

El hábitat que se encoge

Desde hace 20 años existe una zona de “tolerancia cero” sin pesca y un área mayor donde se prohíben redes de enmalle. La vaquita se enreda en ellas y muere.

Pero aquí está el detalle que todos conocen: esas redes ilegales nunca dejaron de usarse. Principalmente para pescar totoaba, cuyo buche vale fortunas en China. Un negocio controlado por crimen organizado.

El resultado es matemática brutal: de 600 ejemplares en 1997 a entre 7 y 10 el año pasado. Cien veces menos en tres décadas.

“Las regulaciones de papel y las ilegalidades toleradas es lo más dañino que le ha pasado a la región”, dice Enrique Sanjurjo de Pesca ABC.

Ahora reducen la zona donde están prohibidas esas redes mortales. El gobierno promete “mayores controles”. La misma promesa vacía que hemos escuchado por años mientras desaparecían ejemplares.

“En lugar de ampliar la aplicación de la ley, el gobierno está entregando la mayor parte del hábitat de las vaquitas a las mismas artes de pesca que las matan”, denuncia Alex Olivera del Centro para la Diversidad Biológica.

Olivera tiene razón en algo clave: las vaquitas no leen mapas. Los científicos han documentado su presencia fuera de la zona protegida. Reducir esa zona es firmar su sentencia.

Peor aún: el acuerdo permite ahora pesca nocturna -antes prohibida- y abre canales en la zona restringida. ¿Cómo vigilarán eso si nunca pudieron controlar las redes ilegales a plena luz del día?

El gobierno habla de “atender una deuda de justicia social con las comunidades”. Lo entiendo. La gente necesita trabajar. Pero cuando esa “justicia” significa extinguir una especie única, alguien está haciendo mal las cuentas.

Recuerdo demasiados casos donde se sacrificó protección ambiental en nombre del “desarrollo” o el “diálogo”. Los ecosistemas no tienen abogados, pero sus pérdidas son irrevocables. La vaquita tiene literalmente los días contados.

Un frente común contra la copia no autorizada

La política a veces se trata de preparar el escenario para lo que viene. Y lo que viene es enorme: el Mundial de Fútbol FIFA 2026. Con ese telón de fondo, las autoridades de México y Estados Unidos están tejiendo una alianza que va más allá del deporte.

Se trata de proteger las ideas, las marcas, la creatividad. En Washington, el director del IMPI, Santiago Nieto, cerró acuerdos clave con la Oficina de Patentes de EE.UU. (USPTO).

“Analizaremos la posibilidad de un proceso conjunto para patentes en América del Norte”, anunciaron.

Una sola solicitud, un procedimiento unificado y validez recíproca. Suena a burocracia, pero es un cambio de juego para innovadores y empresas.

No solo es el fútbol

La gira de Nieto tuvo múltiples actos. Se reunió con la Asociación Cinematográfica para proteger contenidos en medios digitales y físicos. Y firmó un acuerdo con la Asociación de Software de Entretenimiento.

El objetivo es claro: trabajar juntos contra la explotación no autorizada de videojuegos en internet y establecimientos. México es la décima potencia mundial en entretenimiento. Este sector es vital.

Pero hay una sombra en este guión. La Representación Comercial de EE.UU. (USTR) tiene a México en su lista prioritaria de vigilancia por copias no autorizadas.

En su informe ‘Especial 301’ de abril de 2025, fue contundente:

Dijo que parecen inexistentes los procesos penales por falsificación de marcas y señaló a la Fiscalía General por no reportar estadísticas en los últimos 15 años.

Esta alianza, entonces, no es solo una cooperación amistosa. Es también una respuesta necesaria a una presión externa real. Es preparar el terreno para un evento global mientras se atienden señales de alerta históricas.

El teatro político avanza. Los actores se alinean. Las consecuencias para creadores, empresas y consumidores están en juego.