‘Es muy poco’, dice Sheinbaum sobre el repunte inflacionario

El dato llegó frío, como cada mes. El INEGI informó que la inflación general subió a 3.79% en enero, un repunte desde el 3.59% de diciembre. La cifra cruda, sin maquillaje.

Pero en Palacio Nacional, la narrativa oficial eligió otro ángulo. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada este lunes sobre el aumento de 0.38% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

“Es muy poco, bajó en diciembre y ahora hay un .1 en realidad que aumentó”, dijo.

La pregunta persistió: ¿Sigue por debajo de lo esperado por el mercado? Su respuesta fue breve y contundente.

“Sí, sí. Está bien, no tiene problema”.

Mientras tanto, los números cuentan otra historia paralela. La inflación subyacente—esa que excluye energéticos y alimentos frescos para medir mejor la presión persistente—se ubicó en 4.52%. Casi un punto porcentual por encima del promedio general.

Un dato que suele pasar desapercibido en las conferencias mañaneras, pero que los economistas observan con lupa. Porque ahí, en ese núcleo duro de precios, es donde se cuece la verdadera tendencia.

La memoria es frágil en economía. Hace apenas unos años, cualquier repunte por encima del 3% generaba alertas y planes de contención. Hoy se califica como ‘muy poco’. Los marcos de referencia tienen esa curiosa elasticidad según quien los maneje.

Lo que no cambia es el efecto en los bolsillos. El índice general llegó a 143.588 puntos. Una cifra abstracta hasta que se traduce en la cuenta del supermercado o en la bomba de gasolina.

Sheinbaum optó por el mensaje tranquilizador: no hay problema. Los datos del INEGI simplemente existen, esperando a que cada quien les dé el peso—o la levedad—que considere oportuno.

El silencio oficial mientras la tragedia minera crece

Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, salió a escena esta semana con un guión que ya conocemos. Ante la desaparición de diez trabajadores en una mina de Concordia, su declaración fue un ejercicio magistral de “no es mi problema”.

“No podemos interferir en la investigación federal”, dijo durante su conferencia semanal. “No tengo los datos precisos”.

Traducción política: no voy a mojarme en este asunto. Mientras tanto, las familias esperan. Y la noticia más dura llegó desde Zacatecas.

Los nombres detrás de la tragedia

Autoridades confirmaron lo que todos temían. Los cuerpos de Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez fueron encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde.

En esa misma fosa aparecieron José Manuel Castellanos Hernández, de 43 años y originario de Guerrero, y José Antonio Jiménez Nevárez. Cuatro nombres. Cuatro historias truncadas.

La empresa canadiense Vizsla Silver Corp., dueña del proyecto minero, emitió un comunicado diciendo estar “consternada”. Dicen que están concentrados en la recuperación segura del resto del personal y en apoyar a las familias.

Pero entre líneas se lee otra cosa: están esperando información oficial para saber cuántos muertos tienen que reportar a sus accionistas.

Aquí está el teatro político en su máxima expresión. Un gobernador que mira hacia otro lado, una empresa extranjera cuidando sus formas, y autoridades estatales confirmando lo obvio: esto terminó mal desde el principio.

Mi padre tenía razón. La política afecta la vida diaria. Hoy, afecta a diez familias que no saben si sus seres queridos volverán. Y mientras los discursos fluyen, la fosa en El Verde ya tiene inquilinos.

¿Un programa o un derecho? La batalla por la pensión de las mujeres

Aquí vamos otra vez. Un apoyo social que nace con bombo y platillo, pero que vive con el temor constante al recorte presupuestal del año siguiente. La senadora Yeidckol Polevnsky (PT) acaba de lanzar una propuesta para intentar cambiar eso.

Su idea es simple, pero ambiciosa: sacar la Pensión Mujeres Bienestar del caprichoso mundo de los programas gubernamentales y meterla directamente en la Constitución. Que sea un derecho, no una dádiva sujeta a la voluntad política del momento.

“Significa reconocer que el bienestar no puede depender de la voluntad de una administración, sino que debe estar garantizado como un derecho social exigible”, afirmó Polevnsky.

El hueco legal donde caen miles

¿Por qué enfocarse en las mujeres de 60 a 64 años? Porque es una edad incómoda. Muchas ya están fuera del mercado laboral formal, pero aún no califican para la pensión universal de adultos mayores. Es un limbo económico diseñado para la vulnerabilidad.

Los datos del Coneval son brutales: más del 60% de las mujeres mayores no tiene una pensión contributiva. No es mala suerte individual; es el resultado de décadas de un sistema que relegó su trabajo, especialmente el no remunerado.

“Esta exclusión… es de un modelo económico y social que durante décadas relegó a las mujeres”, puntualizó la legisladora.

La administración actual tiene un programa para ellas. Pero ahí está el problema: es solo un programa. Su continuidad pende de un hilo llamado ‘disponibilidad presupuestal’ y ‘voluntad política’. La senadora lo dice sin tapujos: ese carácter lo hace vulnerable.

“La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad… dejando en incertidumbre a miles”, subrayó.

La propuesta busca reformar el artículo 4° constitucional. El objetivo es blindar este ingreso contra recortes y cambios de gobierno. Convertirlo en un derecho social pleno, al nivel de la educación o la salud.

Su argumento final es contundente: se trata de reconocer décadas de trabajo invisible –el cuidado de familias– y construir una red de seguridad que no dependa del mercado o la suerte, sino de la ley.

Una pregunta queda flotando en el aire: ¿los próximos legisladores estarán dispuestos a convertir una promesa programática en una obligación del Estado? La historia reciente nos hace ser… digamos, escépticos.