Un paso que podría cambiar el juego

La Secretaría de las Mujeres y el Registro Nacional de Población (Renapo) acaban de firmar un acuerdo que suena a burocracia, pero promete ser revolucionario. Están creando un registro único para casos de violencia contra mujeres. La idea es simple pero poderosa: que cada mujer atendida tenga un historial que siga su caso a través del laberinto institucional.

Hasta ahora, los datos estaban dispersos, duplicados o perdidos en trámites. Este sistema usará la CURP como identificador principal para integrar toda la información del Banco Nacional de Datos sobre Violencia (BANAVIM).

“Este mecanismo fortalece una atención más eficaz y responsable”, dijo Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

La clave está en la trazabilidad. Si una mujer denuncia en un estado y luego se muda, su caso no empezará desde cero. Las instituciones podrán ver qué medidas de protección ya se implementaron, qué seguimiento necesita.

Félix Arturo Arce Vargas, director del Renapo, lo puso en contexto humano:

“La colaboración es clave para garantizar el derecho a la identidad, especialmente en contextos de violencia”.

Traducción: cuando una mujer huye de su agresor, necesita acceder rápido a servicios públicos, vivienda, salud. Sin documentos o con registros fragmentados, ese acceso se bloquea.

Aquí está el detalle crucial: el acuerdo incluye estrictas medidas de confidencialidad. No es solo recopilar datos, sino protegerlos con celo. Validación periódica de registros y coordinación técnica permanente son parte del paquete.

Mi análisis político: después de años de promesas flojas sobre sistemas integrados, este convenio tiene pies y cabeza. Conecta dos piezas fundamentales: la identidad legal (Renapo) con la protección específica (Secretaría de Mujeres).

Si funciona—y ese es un gran si—podría transformar cómo el Estado responde a esta emergencia nacional. No más reiniciar procesos cada vez que una víctima cambia de municipio o dependencia.

Pero cuidado: los sistemas brillan en el papel. La prueba será si llega a la mujer que hoy espera horas en un ministerio público sin que nadie sepa qué pasó con su denuncia anterior.

Mi esposa maestra me recuerda: lo importante no es la base de datos, sino que esa información llegue a quien atiende directamente a las mujeres. Ese será el verdadero acto final de este drama institucional.

Un fallo que cambia las reglas del juego familiar

La Suprema Corte acaba de dar un golpe de autoridad. Ya no importa si hubo anillo o papel oficial. Si viviste en concubinato y tu pareja fallece, ahora tienes derecho a pedir una pensión compensatoria. El objetivo es claro: evitar que quedes en la calle por un tecnicismo legal.

“Negar este derecho resulta injusto y discriminatorio”, sentenció el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf que aprobó el Pleno.

Aquí está lo revolucionario. La Corte tumbó una parte del Código Civil de Nuevo León que decía que la pensión se acababa con la muerte de quien debía pagarla. Para los magistrados, esa regla era pura discriminación.

La historia detrás del fallo

Todo empezó con un caso concreto. Un hombre que se dedicó al hogar durante su relación de unión libre. Cuando su pareja murió, él pidió la pensión compensatoria. En cortes anteriores se la negaron, argumentando que la relación había terminado con el fallecimiento.

Pero la SCJN vio más allá. Para ellos, la pensión no es herencia. Es un resarcimiento, una ayuda para quien no generó ingresos propios durante la convivencia. El mensaje es potente: los derechos del concubinato sobreviven a la muerte.

Con esta decisión, el máximo tribunal refuerza la protección a las familias que se forman fuera del matrimonio. Ya no son ciudadanos de segunda categoría. El Estado reconoce, por fin, que el compromiso real va más allá de un contrato civil.

Es teatro judicial en su mejor momento: un fallo que corrige una injusticia histórica y pone a las personas por encima de los formalismos.

La negativa oficial que huele a manual

La Secretaría de Relaciones Exteriores salió al quite. Con ese tono plano que usan cuando quieren cerrar un tema, negaron rotundamente que los consulados mexicanos en Estados Unidos estén metidos en actividades de carácter político. Lo dicen tras unas versiones que empezaron a circular como pólvora en redes y algunos medios.

“Las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos”,

Suena contundente, ¿no? El comunicado, firmado por la cancillería que lidera Juan Ramón de la Fuente, se escuda en el principio sagrado de la no intervención. Dicen que su política exterior se basa en respetar la soberanía y los procesos legales de cada país. Nada nuevo bajo el sol.

La defensa: solo asistencia, cero política

Insisten hasta el cansancio. Aseguran que cualquier rumor sobre querer influir en procesos políticos internos de Estados Unidos es “absolutamente falso”. En su versión, todo se reduce a coordinación con autoridades locales y federales gringas, siempre respetando sus leyes.

Su narrativa es clara: los consulados son máquinas de ayuda, no de agitación. Expedir documentos, visitar a detenidos, repatriar restos. El trabajo gris y necesario.

“El trabajo consular de México trasciende administraciones y no responde a motivaciones políticas, sino a la búsqueda de la protección de mexicanas y mexicanos”,

La SRE cerró con un rechazo total a cualquier duda sobre la “institucionalidad” del trabajo consular. La línea está trazada: aquí no ha pasado nada fuera del guion. Pero uno se queda pensando… ¿por qué tanta insistencia en negar algo que, según ellos, ni siquiera está ocurriendo?