Un derrumbe fatal expone la red clandestina de extracción de hidrocarburos
Un accidente con consecuencias mortales ocurrió la noche del jueves en Cuautlacingo, municipio de Otumba, Estado de México, cuando un túnel presuntamente excavado para el robo de combustibles colapsó, cobrando la vida de seis personas. El siniestro se registró a escasos 300 metros de un ducto propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que refuerza la hipótesis de su vinculación con el huachicol, práctica ilegal que representa pérdidas millonarias para la empresa estatal.
Detalles del operativo y resistencia comunitaria
De acuerdo con informes ministeriales, el primer cuerpo fue recuperado mediante maquinaria pesada, pero el procedimiento se complicó cuando habitantes de la zona bloquearon el acceso a los equipos de emergencia. Los pobladores, argumentando usos y costumbres, insistieron en recuperar manualmente los cinco cadáveres restantes para realizar ritos funerarios acordes a sus tradiciones. Tras horas de negociación, las autoridades lograron que los restos fueran trasladados a la morgue por personal de Servicios Periciales.
Este incidente subraya un patrón recurrente en la región: la construcción de infraestructura clandestina para sustraer hidrocarburos, que suele realizarse sin medidas de seguridad. Datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos indican que, entre 2020 y 2023, se detectaron 14,614 tomas clandestinas en el país, con el Estado de México como una de las entidades más afectadas. La falta de ventilación, refuerzos estructurales y supervisión técnica en estos túneles multiplica los riesgos de derrumbes e intoxicaciones.
Contexto socioeconómico y desafíos de seguridad
La extracción ilegal de combustibles persiste como un negocio lucrativo para grupos delictivos, que reclutan a pobladores vulnerables con pagos que oscilan entre 500 y 1,500 pesos por jornada. Sin embargo, como evidencia este caso, las condiciones laborales son extremadamente peligrosas. Un informe de Pemex Transformación Industrial reveló que el 78% de los accidentes en ductos clandestinos terminan en fatalidades, muchas no reportadas oficialmente.
El diálogo entre autoridades y comunidades resulta clave para abordar el problema. Expertos en seguridad energética, como el Dr. Alejandro Hope, señalan que combinar inteligencia financiera (para rastrear flujos de dinero) con programas sociales en zonas marginadas podría reducir la incidencia. No obstante, la corrupción local y la falta de recursos obstaculizan estas estrategias.
Este suceso coincide con un aumento del 23% en robos de combustible durante el primer trimestre de 2024, según datos de la SENER. Las rutas cercanas a Puebla-Hidalgo-México concentran el 41% de las intervenciones por tomas clandestinas, lo que exige reforzar la coordinación entre corporaciones policiacas y empresas energéticas.
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