La hora de la verdad para las 40 horas

Marath Bolaños, el secretario del Trabajo, está esta mañana en el corazón del poder legislativo. Su misión: enfrentarse al grupo parlamentario de Morena en el Senado para desmenuzar la iniciativa estrella, pero polémica, de reducir la semana laboral.

La cita es a puerta cerrada. Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada, confirmó el objetivo. Bolaños debe explicar a detalle la reforma que busca bajar la jornada de 48 a 40 horas semanales.

“El objetivo… es que explique a detalle la iniciativa de reforma”, dijo Mier Velazco.

Es el momento en que la teoría choca con la práctica legislativa. La promesa de campaña ahora debe convertirse en un texto legal que sobreviva al escrutinio de sus propios compañeros de partido.

Al final del encuentro, está previsto que Bolaños salga a dar la cara. Ofrecerá una conferencia de prensa. Será su turno de venderle a la ciudadanía una reforma que promete cambiar las reglas del juego para millones de trabajadores.

La pregunta que flota en el aire es simple: ¿las explicaciones técnicas bastarán para convencer a todos dentro y fuera del recinto? El reloj de las 40 horas comienza a correr en serio.

Detención con sello oficial y credencial partidista

Las autoridades federales anunciaron la detención de Emir Bazoco, alias Compa Güero, por su presunta participación en el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, de Movimiento Ciudadano. El hecho ocurrió el miércoles pasado en el centro de Culiacán.

Un detenido con múltiples facetas

Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el detenido pertenecía a la facción de Los Chapitos, una de las más violentas del Cártel de Sinaloa. Su rol era clave: controlaba radios de comunicación, instalaba cámaras para vigilar a las autoridades y adquiría drones para la célula.

Durante el operativo le aseguraron un arma larga y 55 dosis de cristal. Es el primer arresto confirmado directamente vinculado al atentado contra los legisladores.

Pero aquí viene el dato que hace arquear una ceña: las investigaciones revelaron que Bazoco estaba afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), según los registros oficiales del padrón en Sinaloa. Las autoridades rápidamente aclararon que esta militancia “no modifica la línea de investigación”. Claro que no.

“Las autoridades aclararon que esta militancia no modifica la línea de investigación, que se mantiene enfocada en la responsabilidad de grupos del crimen organizado en el ataque.”

El ataque dejó secuelas graves: Torres fue trasladado en estado grave, y Montoya perdió un ojo. Los escoltas sufrieron lesiones menores. El caso se enmarca en la creciente violencia en Sinaloa, por el enfrentamiento entre Los Chapitos y Los Mayos.

El Gabinete de Seguridad prometió coordinación y aseguró que “no habrá impunidad”. Suena bien en el boletín. Veremos cuánto dura esa memoria institucional cuando se crucen los hilos del crimen organizado con los registros de un partido político.

La obra que se convirtió en un pozo sin fondo

Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en Diputados, acaba de soltar una bomba sobre el Tren Interurbano Toluca-Ciudad de México. Y cuando digo bomba, hablo de números que duelen: un encarecimiento cercano al 250% y un retraso de doce largos años. Para él, la receta es clara: mala planeación, corrupción y opacidad.

“Exigió que se aclare el destino de esos recursos públicos”, señaló el legislador.

Pero esto no es solo una denuncia al aire. Téllez tiene munición pesada: las observaciones graves de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que suman más de 5 mil 600 millones de pesos. Dinero que, según su versión, sigue sin tener una explicación clara.

Una responsabilidad que atraviesa sexenios

Aquí viene lo jugoso. El diputado no apunta a un solo gobierno. Extiende la culpa como una mancha de aceite sobre tres administraciones: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Su argumento es contundente: se trata de una obra que pasó por distintos periodos sin que nadie asumiera el costo político—ni económico—de la falta de transparencia. Por eso su llamado es directo a Hacienda y a la SICT: presenten un informe detallado. Ya basta de opacidad.

La imagen que queda es la de un proyecto fantasma, un tren que prometió conectar pero que terminó descarrilado por las malas prácticas. El teatro político tiene un nuevo acto, y el escenario está lleno de preguntas sin responder.