El decreto que pocos vieron llegar
Este martes, sin mucho ruido en las noticias del día, se publicó en el Diario Oficial un decreto que no es poca cosa. La federación se queda, por causa de utilidad pública, con más de 51 mil metros cuadrados de terrenos privados. Todo para el Tren Maya.
Son 21 inmuebles, repartidos por Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Los afectan los tramos del 1 al 6 del polémico proyecto. La orden es clara: ocupación inmediata.
“La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación”, indica el documento.
Aquí viene la parte que siempre reviso dos veces. El pago. El texto dice que Tren Maya S.A. de C.V. debe cubrir las indemnizaciones con su presupuesto autorizado. Los montos los fija el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Siempre es bueno saber que hay un procedimiento, ¿no?
La justificación oficial
El fundamento legal se ancla en los 100 compromisos del gobierno de Claudia Sheinbaum y el Plan Nacional de Desarrollo. Según la publicación, este tren es clave para el desarrollo socioeconómico y turístico del sureste.
Promete integrar cadenas productivas, crear empleo, proteger el medio ambiente y hasta funcionar como corredor humanitario. Un proyecto con muchas etiquetas.
La memoria es frágil, pero los precedentes legales sobre expropiaciones y utilidad pública son largos. Hoy toca sumar estos más de cincuenta mil metros a esa historia.
