Un delito que roba la infancia

La política a veces es teatro. Pero lo que ocurre en las comunidades de Chiapas no es una obra. Es una tragedia silenciosa que arrebata la niñez. Ahora, el Congreso local quiere levantar el telón y cambiar el guión.

La 69 Legislatura prepara una iniciativa para sancionar con 8 a 15 años de prisión a quien obligue a un menor de 18 años a una ‘cohabitación forzada’. Es decir, a esas uniones informales que se disfrazan de matrimonio.

“Es un problema crítico que arrebata la infancia, aumenta la violencia doméstica y limita el desarrollo de niñas y adolescentes”, advirtió el Congreso Estatal.

La puntería está clara: acabar con prácticas ancestrales que se han usado como escudo para normalizar lo inaceptable. La presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, lo dijo sin rodeos: se penalizará a quien obligue, coaccione o incluso gestione que un niño o niña viva así.

Cuando la tradición choca con los derechos

Lo más revelador es el agravante. Las penas aumentarán cuando la persona afectada pertenezca a comunidades indígenas o afro mexicanas. No es casualidad.

Los números gritan. Los altos índices de embarazos adolescentes y uniones forzadas en estas comunidades son la chispa que encendió esta reforma. Detrás hay un caso concreto, desgarrador: una niña tzotzil de 13 años con un embarazo de alto riesgo que puso en peligro dos vidas en San Cristóbal.

La iniciativa “pretende tipificar y penalizar la cohabitación forzada de menores… erradicar las uniones informales obligadas, a menudo, escudadas en usos y costumbres”, explicó Gómez Mendoza sobre la propuesta de la diputada Rosa Linda López Sánchez.

Aquí está el meollo del asunto político. Es el eterno debate entre respetar las tradiciones y proteger los derechos humanos fundamentales. El Estado dice: hasta aquí. Lo que llaman ‘usos y costumbres’ no puede ser licencia para violar derechos.

La iniciativa ya está en proceso. Pasó por análisis en comisiones con autoridades y organizaciones civiles. Ahora va al pleno para su aprobación final.

Es una jugada fuerte. Manda un mensaje claro a todo el país: en Chiapas, la infancia no se negocia. Ni siquiera ante la tradición más arraigada. El teatro de la política por fin representa una historia de protección, no de omisión.

La silenciosa epidemia que afecta a millones de parejas

Las cifras son contundentes y hablan de un cambio profundo en nuestra sociedad. Los servicios especializados para parejas con dificultades para concebir crecieron un 56% en la última década. Lo dice Eva Bonifacio, médica del Centro Especializado de la Mujer y la Pareja Infértil (CEMPI), quien pone números a una realidad que muchos viven en silencio.

“En México, se realizan cerca de 30 mil tratamientos de fertilidad al año actualmente. En los años 80s y 90s solamente un 10 % de las parejas con estos problemas buscaban apoyo especializado”

Más de un millón de parejas mexicanas enfrentan este desafío según el INEGI. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora tantas personas necesitan ayuda para lograr lo que antes parecía natural?

El porqué del aumento

Bonifacio lo tiene claro: son múltiples factores actuando juntos. Nuestros hábitos han cambiado -y no para bien-. La comida procesada, el sedentarismo, las alteraciones hormonales… todo suma. Pero hay un factor clave que marca la diferencia:

“Hay población que desconoce que los óvulos y espermatozoides pierden calidad y capacidad de embarazo con el aumento en la edad”

Aquí está el gran cambio generacional. Antes las parejas buscaban hijos entre los 20 y 25 años. Hoy ese promedio subió a 30-35 años. La biología no negocia: nuestro reloj reproductivo sigue su curso aunque nuestras prioridades sociales hayan cambiado.

La buena noticia es que hoy existen más opciones. En el sector privado, los costos son más accesibles y los métodos de pago más flexibles. Además, la experiencia acumulada significa mayores probabilidades de éxito.

“Con una orientación adecuada, la infertilidad puede tratarse, primero realizando un diagnóstico adecuado y personalizado”

Desde coito programado hasta fertilización in vitro, el abanico de posibilidades es amplio. Lo importante es buscar ayuda especializada.

Prevención: mejor temprano que tarde

El CEMPI tiene recomendaciones claras para quienes quieren prevenir estos problemas: cambiar el estilo de vida. Mejor alimentación, actividad física regular, evitar alcohol y tabaco.

Pero sobre todo, realizar revisiones oportunas con especialistas. No esperar a tener problemas para actuar.

Esta no es solo una historia médica. Es el reflejo de cómo vivimos hoy: estresados, posponiendo proyectos vitales, alimentándonos mal. Nuestros cuerpos nos están enviando una señal clara. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharla.

El teatro de la vivienda levanta el telón en Yucatán

Esta mañana, en medio del ritual diario de la conferencia matutina, el gobierno federal estrenó su primer acto concreto en Yucatán: la entrega de 64 viviendas. Detrás del gesto simbólico, hay un guión mucho más ambicioso.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, desglosó los números reales. La meta para el estado es construir 60 mil casas durante este sexenio. La cifra no es casual. Responde a un diagnóstico brutal: Yucatán arrastra un déficit de 178 mil viviendas, según la encuesta nacional de 2020.

“Esto significa que en 2026 se habrá iniciado la construcción del 80% de las viviendas contempladas”, explicó Romero Oropeza.

El ritmo pretende ser frenético. Ya hay proyectos para 33 mil viviendas en ocho municipios, con 13 mil actualmente en obra. Para 2026, planean contratar otras 20,500. Es una carrera contra el tiempo y la necesidad.

Un rescate silencioso para miles de familias

Mientras se anuncia la construcción masiva, otra historia paralela se desarrolla: el rescate de créditos ahogados. A través del programa ‘Solución Integral’, el Infonavit reestructuró 4.8 millones de créditos “impagables” a nivel nacional.

En Yucatán, el impacto es directo: 136 mil familias recibieron un salvavidas. Los detalles duelen y alivian a la vez:

• 36,400 con reducciones importantes al saldo.
• 94,000 con reestructura en tasa, mensualidad o saldo.
• 5,900 con la liquidación completa de su deuda.

Son números que traducen desesperación económica en alivio tangible. No es solo estadística; es oxígeno financiero para hogares al límite.

La titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, elevó la apuesta: la meta total para Yucatán es de 70 mil viviendas, con una inversión que supera los 42 mil millones de pesos. El gobernador Joaquín Díaz Mena conectó los puntos finales:

Agradeció el apoyo por “corregir la desigualdad que enfrentaban muchas personas al no encontrar una vivienda… o que solo encontraban opciones en condiciones indignas”.

Ahí está el meollo del asunto. Este no es solo un programa de construcción. Es una respuesta política a una falla histórica del mercado: la incapacidad de ofrecer dignidad a quien gana uno o dos salarios mínimos.

El telón ya se levantó. Ahora toca ver si la obra cumple con su promesa épica frente a las butacas vacías de 178 mil yucatecos.