Presidente suizo llega a México para fortalecer cooperación

Decisión unánime del Pleno

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó por unanimidad de ocho votos atraer un recurso de revisión extraordinario. El objetivo: determinar si un juez puede ordenar la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo excepcional de investigación dentro de un juicio de amparo relacionado con el caso Ayotzinapa.

El Pleno evaluará si esa facultad judicial vulnera principios como la división de poderes o la relatividad de las sentencias. Un ministro elaborará el proyecto de resolución que se discutirá posteriormente.

Excusa por conflicto de interés

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar en el análisis y resolución. Argumentó un conflicto de interés por haber encabezado antes la unidad de la Fiscalía General de la República encargada de investigar el caso Ayotzinapa.

Además, la Corte atrajo cuatro recursos vinculados con la sentencia de 2018 que desechó la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas. Esa sentencia ordenó reponer la investigación mediante la creación de una Comisión para la Investigación y la Verdad en el caso Iguala.

Reacciones de organizaciones

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez cuestionó la decisión. Considera que reabre el debate sobre una resolución clave para el esclarecimiento del caso. La organización recordó que, a casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, persisten pendientes como el acceso a información militar relevante y avances en extradiciones fundamentales para la investigación.

Jornada con menos privaciones de la vida desde 2018

El lunes 6 de julio de 2026 se convirtió en el día con menos fallecidos por homicidio doloso en México durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y en los últimos ocho años. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó solo 25 víctimas.

Catorce estados no reportaron ningún homicidio doloso esa jornada. La cifra supera el mínimo registrado durante la administración anterior, que fue de 39 víctimas el 20 de enero de 2022.

¿Dónde ocurrieron los homicidios?

El 52% de los casos se concentró en seis entidades: Michoacán (3), Sinaloa, Puebla, Tabasco, Chiapas y Morelos (2 cada uno). El resto se distribuyó en otras regiones.

El informe muestra otras jornadas con índices bajos en 2026: 28 víctimas el 7 de junio y el 3 de julio; 29 el 15 de mayo; 31 en varias fechas de febrero, abril y mayo. También el 21 de marzo de 2026 y el 26 de septiembre de 2025 se reportaron 32 fallecidos, cifras que ahora quedan superadas.

Especialistas en seguridad advierten que un solo día no refleja una tendencia permanente. La evaluación debe basarse en promedios mensuales y anuales para medir cambios estructurales en la violencia.

Iniciativa para proteger datos personales

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, anunció que impulsará una iniciativa para eliminar la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil con datos personales como la Clave Única de Registro de Población (CURP). Considera que esta medida vulnera derechos fundamentales de los usuarios.

La propuesta será presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Plantea derogar disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establecen el registro obligatorio de líneas celulares como requisito para activar o mantener el servicio.

Barrales detalló que busca eliminar los artículos 103, 164 fracción III y el artículo Trigésimo Transitorio de dicha legislación. El objetivo es dejar sin efecto el esquema que obliga a los usuarios a entregar información personal para conservar sus líneas.

Destrucción de datos recopilados

La iniciativa también contempla la destrucción definitiva de los datos recopilados mediante este mecanismo. La idea es evitar que la información sea reutilizada, transferida o empleada con fines distintos por autoridades o particulares.

La senadora sostiene que el acceso a tecnologías de la información y a servicios de telecomunicaciones es un derecho reconocido en la Constitución. Por ello, cualquier medida que condicione su uso debe analizarse bajo criterios de protección a la privacidad y derechos ciudadanos.

De concretarse, esta iniciativa representaría un avance en la protección de datos personales y la defensa de los derechos de los usuarios en telecomunicaciones.