Un llamado a la justicia con transparencia

En un caso que ha sacudido a Jalisco, la abogada Cecilia Isabel Ayala Dávalos alza la voz para exigir que la investigación por las omisiones en el rancho Izaguirre —un presunto centro de reclutamiento delictivo— comience desde las altas esferas. ¿Por qué señalar primero a los peritos forenses si fueron las autoridades superiores quienes fallaron en coordinar las acciones?

Las piezas que no encajan

Cuatro peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y ocho agentes de la Fiscalía enfrentan acusaciones por negligencia, pero la defensa revela datos contundentes: los especialistas solo tuvieron cinco horas para inspeccionar una propiedad de grandes dimensiones, actuaron bajo órdenes del Ministerio Público y entregaron un plan que nunca se ejecutó. “Trabajaron hasta donde humanamente les fue posible”, recalca Ayala Dávalos.

El foco debe estar en la vicefiscal Blanca Trujillo, responsable de coordinar la intervención en casos de personas desaparecidas. Documentos internos —como el informe “Despliegue Operativo”— confirman que las autoridades estaban al tanto de que el procesamiento del lugar no estaba concluido, pero nadie dio seguimiento. ¿Dónde quedó la diligencia debida?

Negligencia que hiere a las víctimas

El hallazgo de restos óseos y prendas en marzo de 2025 —seis meses después de que se descubriera el lugar— evidencia un fracaso institucional. Como bien señala el fiscal anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz: “Algunas pruebas se perdieron… vulnerando derechos fundamentales”. La pregunta es inevitable: ¿Hubo voluntad política para resolver este caso?

Mientras la audiencia contra los implicados se pospone, la abogada insiste: “Las escaleras se barren de arriba hacia abajo”. Exigir cuentas a los peritos sin analizar el papel de sus superiores distorsiona la verdad. Este caso no solo trata de omisiones, sino de justicia selectiva.

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Informe preliminar de la OEA sobre elección judicial en México

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó este viernes un informe preliminar sobre las elecciones al Poder Judicial en México, realizadas el 1 de junio. El documento, elaborado por una misión de 16 expertos internacionales liderada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, destaca preocupaciones clave sobre el proceso, incluida la baja participación ciudadana y posibles riesgos para la independencia judicial.

Preocupaciones principales

El informe señala que la participación electoral fue de apenas 13%, uno de los niveles más bajos registrados en la región para un proceso de esta naturaleza. Además, se reportó un alto porcentaje de votos nulos o no marcados. La OEA contrastó esta cifra con el 60.9% de participación en las elecciones federales de 2024, sugiriendo una falta de interés ciudadano en el modelo implementado.

Otro punto crítico es la posible falta de autonomía de los jueces electos. Según el documento, seis de los nueve ministros más votados fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo, mientras que los tres restantes son actuales integrantes de la Corte nombrados por el expresidente. Esta composición, advierte la OEA, genera “dudas razonables” sobre la independencia del máximo tribunal.

Proceso polarizado y acelerado

La misión describió el proceso como “sumamente complejo y polarizante”, realizado en un plazo muy breve y en un contexto político marcado por tensiones. También destacó que las candidaturas más votadas fueron promovidas mediante “acordeones” (listas predefinidas) físicos y virtuales, lo que limitó la deliberación pública sobre los perfiles.

Aunque el informe no encontró evidencias de fraude o influencia del crimen organizado, enfatizó la necesidad de evaluar si este modelo —sin precedentes a nivel mundial— fortalece o debilita principios como transparencia, imparcialidad e independencia judicial.

Recomendaciones clave

La OEA instó a México a realizar un debate plural para analizar reformas graduales al sistema, basadas en diagnósticos técnicos. Subrayó que cualquier cambio debe priorizar mecanismos que garanticen la profesionalización y despolitización de la justicia. El informe concluye con una advertencia explícita: “No recomendamos replicar este modelo en otros países de la región”.

Este análisis llega en un momento clave, cuando México discute transformaciones profundas en su sistema judicial. La OEA plantea preguntas fundamentales sobre cómo diseñar procesos que equilibren participación democrática con salvaguardas institucionales.

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Fuente: Misión de Observación Electoral de la OEA en México, informe preliminar (junio 2025).

Cuando los maestros se cansan de que el sistema los trate como alumnos en castigo

Imagina trabajar 60 años antes de poder jubilarte. Sí, sesenta. Lo que suena como una condena de Black Mirror es precisamente lo que los profes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) están denunciando en las calles de Juchitán, Oaxaca. Con pancartas en mano y paciencia en modo “ya basta”, exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, esa joya burocrática que parece diseñada por alguien que odia los fines de semana.

No es solo la jubilación: también hay escuelas fantasma

El líder estatal del SITEM, Humberto Alcalá Betanzos —nombre que suena a personaje de telenovela revolucionaria—, no solo criticó la ley, sino que también señaló otro drama: 25 escuelas que, pese a cumplir requisitos, siguen sin claves oficiales. O sea, existen en un limbo administrativo, como esas cuentas de Twitter suspendidas sin explicación. “No son módulos, son escuelas reales”, aclaró, como si tuviera que convencer a alguien de que la educación no es un simulacro.

Y por si fuera poco, el mobiliario brilla por su ausencia. ¿Qué prefieres, querido gobierno: que los niños se sienten en el suelo o que usen los escritorios como memes virales de “así nos tienen”?

Solidaridad y casetas tomadas: la jugada maestra

Alcalá Betanzos, en un gesto que mezcla team player y estrategia de Game of Thrones, se solidarizó con la Sección 22 del magisterio oaxaqueño. Prometió que el SITEM no ocupará sus escuelas —ni aunque los padres lo pidan—, porque aquí la consigna es “unidos contra el enemigo común” (léase: leyes absurdas). Pero ojo: anunció que pronto tomarán casetas de autopistas. ¿Traducción? Si no los escuchan en las calles, los harán notar donde duele: en el bolsillo de los conductores.

Las protestas no son solo cosa del Istmo. Se replicaron en Valles Centrales y la Costa, porque cuando se trata de reclamar derechos, los maestros tienen más alcance que un influencer en temporada de descuentos.

¿Qué sigue? Más presión (y quizá un trending topic)

Con 300 escuelas bajo su responsabilidad, el SITEM no es gigante, pero su voz resuena. La demanda es clara: claves para las escuelas, mobiliario digno y documentos que no parezan escritos en jeroglíficos. Mientras, el gobierno sigue en su saga favorita: “Ignoremos las protestas a ver si se cansan”. Spoiler: no se cansarán.

Así que, si ves a un maestro con megáfono, ya sabes: no es un unboxing de materiales escolares, es otra batalla por una educación que no parezca salida de un chiste malo.

¿Te indigna? Comparte esta nota y sigue explorando cómo la lucha docente afecta a todos. #EducaciónNoEsLujo