La justicia empieza a moverse… lentamente

La Fiscalía General ya tiene nombres, cargos y una teoría clara. Tres hombres están señalados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca aquel fatídico 28 de diciembre. Catorce personas murieron, casi cien resultaron heridas.

Si un juez los declara culpables, podrían enfrentar de 5 a 20 años tras las rejas por homicidio culposo. Además, perderían sus empleos y quedarían inhabilitados para cargos similares. Una pena adicional de 3 a 6 años les espera por lesiones.

Los rostros de la (supuesta) negligencia

Dos de ellos ya están detenidos: Felipe de Jesús Díaz Gómez, el conductor, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores. El tercero, el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, sigue prófugo. Las autoridades federales no han podido localizarlo.

La investigación de la FGR, liderada por Ernestina Godoy Ramos, pinta un cuadro de fallas en cadena. Según su versión:

• El maquinista iba a exceso de velocidad.
• El conductor y el jefe de despachadores no accionaron la válvula de freno de emergencia para detenerlo.
• Tanto el maquinista como el conductor carecían de licencia federal ferroviaria vigente.

“Sin embargo, el conductor sí está obligado a supervisar la velocidad en la que va el maquinista observando el velocímetro del maquinista”, señala el documento oficial.

Aquí viene lo bueno: resulta que en ese tipo de locomotora, el conductor no tiene velocímetro en su propio tablero. Depende totalmente de mirar el del maquinista y… confiar en que le diga la verdad o regularse solo.

Un sistema diseñado para la desconfianza mutua, vaya.

El día del accidente, Mendoza Cerón estaba supervisando actividades. Como jefe, tenía la obligación legal de actuar ante una emergencia. Según la FGR, no lo hizo.

Las declaraciones de un empleado de la empresa ferroviaria añaden más detalles surrealistas: ese día se hicieron revisiones de signos vitales, pruebas de alcoholímetro a la tripulación… y hasta una revisión visual de ruedas y frenos.

Todo muy protocolario. Hasta que el tren se salió de los rieles.

La FGR insiste en que continúa la investigación para determinar todas las responsabilidades. La pregunta que flota en el aire es más simple: ¿cuándo empezaremos a ver nombres más arriba en la cadena? Los que permiten que operen trenes con sistemas obsoletos y personal sin licencia.

La unidad está clara, la reforma es otra cosa

Claudia Sheinbaum salió a poner puntos sobre las íes. Tras la declaración conjunta de Morena, PT y Verde, la presidenta trazó una línea nítida: los partidos deciden sus alianzas, pero la reforma electoral le toca a ella presentarla.

“Se había dicho que por motivo de la reforma electoral… pues había una división interna y supongo que (la firma está) relacionado con eso, pues salieron a decir: ‘A ver, no, pues esa no está en duda’. Se van juntos al 27 y bueno, la reforma electoral ya nos corresponde a nosotros presentarla”, dijo desde Palacio Nacional.

Traducción para los despistados: el pacto para las intermedias del 2027 está firme. Lo otro es un asunto aparte que llegará al Congreso cuando ella lo mande.

Unidad eterna (con condiciones)

La mandataria destacó que Luisa María Alcalde (Morena), Karen Castrejón (Verde) y Alberto Anaya (PT) toman sus propias decisiones. Curioso énfasis en la autonomía justo cuando firman un documento de unidad.

El PT, por cierto, se negó a hablar de la reforma porque “no existe una propuesta ya hecha ante el Congreso”. Anaya incluso prometió alianza hasta el 2030, llamándose “aliado natural y eterno de la izquierda”.

Aquí el mensaje entre líneas: todos juntos para ganar elecciones. Para cambiar las reglas del juego después, ya veremos. La memoria política es corta, pero los calendarios electorales son largos.

La presidenta y la carta que no ha leído

En el escenario principal de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dio una respuesta que muchos calificarían de guion teatral. Le preguntaron por la carta desesperada del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien denuncia una fabricación de delitos. Su respuesta fue directa: no la ha visto.

“Sí, sí confío”, afirmó sin titubear cuando se le cuestionó sobre la veracidad de las acusaciones de la Marina y la Fiscalía. En ese momento, el peso de las instituciones pareció más sólido que el grito de auxilio escrito en un papel.

Su plan, dijo, es claro. En cuanto esa misiva llegue a sus manos, irá directo a la Fiscalía General, a cargo de Ernestina Godoy. “Lo tiene que contestar la Fiscalía”, sentenció, dibujando una línea clara entre el poder político y el judicial.

El clamor desde una celda

Mientras tanto, las palabras del vicealmirante retumban desde otro acto de este drama. En su carta pública, Farías Laguna describe un proceso “viciado y politizado”, donde su baja de la Marina fue irregular.

“Ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia”

Esa frase resume su desesperación. No pide clemencia, pide intervención presidencial para que, según él, no se fabriquen culpables donde solo hay un militar acusado de desvío de recursos.

Sheinbaum confía en las autoridades. Farías clama contra ellas. El público observa cómo se desarrolla este caso que toca fibras sensibles: justicia, transparencia y el siempre delicado equilibrio entre las fuerzas armadas y el poder civil.